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Por Carolina Bilder
Desde
Madrid
 La ETA decidió no esperar
para salir a vengar el duro golpe policial que recibió el martes
con la desarticulación del “Comando Madrid” y la detención
de dos de sus integrantes tras el frustrado atentado con coche bomba contra
un funcionario del gobierno español. Un día después
de esos hechos, reapareció en acción el reconstituido “Comando
Vizcaya” y asesinó a balazos a un juez de la Audiencia Provincial
de Vizcaya, José María Lidón Corbi. Si bien los integrantes
de la Justicia son uno de los blancos confesados de la ETA, hacía
23 años que la organización no mataba a ninguno de ellos
en el País Vasco.
Faltaban, además, pocas horas para que los nuevos vocales del Consejo
General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional asumieran sus
cargos en presencia del Rey Juan Carlos. El asesinato de ayer elevó
a nueve el número de víctimas relacionadas con la familia
judicial, aunque es el primero en esa región desde que ETA reanudó
su ofensiva terrorista. Según los investigadores, las informaciones
sobre todo relativas a jueces y fiscales son las mejor elaboradas por
los comandos de la ETA en los últimos años.
Eran las 7.30 de la mañana en Gexto, un pueblo cercano a Bilbao
en el que la ETA atentó tres veces con coches bomba desde que dio
por finalizada la tregua. Como todas las mañanas a esa hora, el
juez salía del garage de su casa e iba al volante de su coche,
acompañado de su mujer y a muy pocos metros del coche conducido
por uno de sus hijos, de 20 años. Delante de ellos, dos etarras
no dudaron en vaciar sus cargadores disparándole a quemarropa.
Lo alcanzaron al menos dos impactos de bala en la nuca y murió
casi inmediatamente. “El hijo no paraba de gritar ‘que venga
alguien, que venga alguien’, porque todavía respiraba”,
relató un testigo.
Respetado y reconocido por su trabajo profesional en el País Vasco,
José María Lidón Corbi, de 50 años, era profesor
de Derecho Penal en la Universidad de Deusto y juez de la Audiencia Provincial
de Vizcaya. En 1997 dictó una polémica sentencia contra
uno de los cabecillas de la kale borroka (violencia callejera) en el País
Vasco, Dani Ortiz, al condenarlo a 10 años de cárcel por
atacar con cócteles molotov a unos agentes de la Ertzaintza (policía
vasca) durante unos incidentes. A pesar de contar con estos antecedentes,
el juez no llevaba escolta porque no había aparecido en ningún
tipo de lista de objetivos de la ETA. Es más, alguna vez le había
comentado a un familiar: “Fijate lo poco importante que soy que no
aparezco en los papeles de ETA”.
El asesinato ocurrió mientras seguían en Madrid las operaciones
policiales que 24 horas antes permitieron la detención de Aitor
García Aliaga y Ana Belén Egués Gurruchaga, los dos
etarras que hicieron explotar el coche bomba al paso del secretario general
de Política Científica del gobierno español, Juan
Junquera, quien salvó su vida de milagro. Se supo ayer que al final
fueron tres los etarras que lograron escapar tras la detención
de sus compañeros y que dos de ellos, no fichados por la policía,
vivían solos en distintos departamentos de la ciudad, donde ayer
se encontraron armas y equipos para interceptar las comunicaciones de
la Policía. Fuentes de la investigación confirmaron también
que Gurruchaga vivía en Madrid desde hacía dos años
y que era en realidad la jefa del denominado “Comando Madrid”,
un cargo al que habría llegado luego de ser concejal de Euskal
Herritarrok, en Guipúzcoa. A este comando se le atribuyen los últimos
atentados con cocha bomba realizados en la capital española. Al
mediodía, luego del repudio de todos los partidos políticos
(excepto Batasuna), las banderas ondeaban a media asta en el Palacio de
Justicia. A esa hora, el consejero de Interior del gobierno vasco, Javier
Balza, atribuía el asesinato a un reconstituido “Comando Vizcaya”
de la ETA.
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