Por Martín Piqué

El camionero Hugo Moyano lo anticipó a la tarde, con un tono irónico: “El presidente Fernando de la Rúa se irá de visita a la madre patria sin el documento”. Se refería al viaje a Estados Unidos que De la Rúa concretó anoche, y al postergado acuerdo entre la Nación y las provincias. Y sabía bien lo que decía, porque había conversado con los gobernadores del PJ en la Casa de Salta. Unas horas después, la ocurrencia de Moyano se hizo realidad: los mandatarios peronistas rechazaron la última oferta del Ejecutivo y se lo comunicaron al Presidente a través de una carta que contiene dos puntos polémicos, que implican un claro desafío al gobierno nacional: propone que a partir del 2002 se coparticipen “todos los recursos tributarios, sin techo ni piso, a suerte y verdad”. Y que se “generalice” el uso de bonos Lecop en todos los distritos del país. O sea, que la Nación también los use para pagar sueldos y servicios. Decidieron esperar las respuestas (y el regreso del Presidente) en sus provincias. Se fueron de la Capital hasta el lunes, por lo menos.
Anoche, la misiva llegó por fax a la Casa Rosada. Mientras tanto, en la Casa de Salta, el puntano Adolfo Rodríguez Saá leía en voz alta los cinco puntos de la respuesta, que había sido firmada por todas las provincias. Lo hizo escoltado por sus pares José Manuel de la Sota (Córdoba), Carlos Reutemann (Santa Fe), Gildo Insfrán (Formosa), Néstor Kirchner (Santa Cruz), Eduardo Fellner (Jujuy) y Juan Carlos Romero (Salta). De la Rúa les respondió poco tiempo después. Antes de tomar el avión a Nueva York, aseguró que la Nación seguirá buscando el acuerdo por los fondos coparticipables porque “está en juego el interés del país”.
En la carta dirigida al Presidente, los gobernadores explicaban por qué no habían querido firmar el acuerdo. “Las diferentes propuestas que nos ha hecho llegar (el Gobierno) nos resultan inaceptables”. Y precisaban que uno de los obstáculos se debía a la “falta de claridad” de la iniciativa oficial, en especial en los artículos relacionados con la forma de distribución de los bonos Lecop. En este punto, el conflicto consistía en que el Ejecutivo ofrecía pagar en pesos sólo a partir del año próximo (y apenas un porcentaje del 60 por ciento), mientras que la deuda del 2001 quería cancelarla exclusivamente en Lecop. “Nos quieren pagar con un papel que no van a usar”, se quejaba el misionero Carlos Rovira.
La oferta del Gobierno que circuló ayer entre los peronistas no variaba casi nada de la que había enviado Chrystian Colombo el jueves a la tarde:
Establecía que los “saldos impagos” por coparticipación del período julio–diciembre de 2001 se pagarían en Lecop.
Para el año que viene, instituía un recorte del 13 por ciento en el piso mensual de los fondos coparticipables, y proponía que el 60 por ciento de la coparticipación se pagara en efectivo y el resto en bonos.
Proponía una refinanciación de los pasivos provinciales a un interés del 7 por ciento anual, a quince años y con dos años de gracia.
La única modificación que había agregado la Nación estaba en el artículo 9: en ese punto, el Gobierno se comprometía a “colaborar” en las gestiones con el sector privado para que las empresas aceptaran canjear bonos Lecop. Pero el cambio no conformó a ninguno de los gobernadores del PJ, que pretendían que el Ejecutivo garantizara la operación.
La principal demanda de los jefes provinciales era recibir con urgencia dinero en efectivo. Estaban condicionados por el retraso en la cadena de pagos a empleados y proveedores. Y querían recibir pesos lo más rápido posible, para poder pagar los sueldos de octubre. Por esto, uno de los más duros fue el bonaerense Carlos Ruckauf, quien sólo estuvo hasta las 14 en la Casa de Salta pero aprovechó el tiempo para dejar en claro que si no pagaban en efectivo él no firmaría nada. “Nos deben 700 millones en concepto de coparticipación. No podemos aceptar que nos paguen todo en Lecop, este año necesitamos cobrar en pesos y Lecop”, explicaba a Página/12 un asesor del bonaerense.
Más tarde, ya en La Plata, Ruckauf acusó con dureza al propio De la Rúa por “no ejercer su función de mandatario” y “tratar a los habitantes de las provincias como ciudadanos de segunda porque no quiere darles el dinero que les corresponde”. De cualquier forma, el tono confrontativo abundó entre los demás mandatarios del PJ. Todos coincidieron en avanzar en el Congreso, para obtener la presidencia del Senado, y en colaborar con la organización de la Marcha Federal. Sobre este tema hablaron largamente con Moyano y Rodolfo Daer. Claro que algunas diferencias, casi matices, no dejaron de salir a la luz. El cordobés De la Sota no quiso descartar de entrada la propuesta del Gobierno, mientras que los de Tucumán, Jujuy, Formosa y Misiones trataban por separado la refinanciación. Porque sus provincias son las más endeudadas y ellos saben que están parados sobre un incendio.

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