Pocas horas después de que el ex juez Víctor Hermes Brusa quedara en libertad, el gobierno español solicitó formalmente a la Argentina su extradición, junto con las de otros 17 represores. El pedido, que partió del juez Baltasar Garzón, está siendo estudiado por la Dirección de Asuntos Jurídicos de Cancillería.
Brusa y el policía Eduardo “Curro Ramos” recuperaron su libertad en los primeros minutos de ayer, luego de que se cumplieran cuarenta días de detención. Eran las únicas dos personas de la lista de 18 represores que ordenó arrestar Garzón que seguían en prisión. El resto –menos dos que fueron inhallables– fue beneficiado con la excarcelación al presentarse ante el juez Gabriel Cavallo, que había reclamado su detención a pedido de Garzón.
Al cumplir cuarenta días de arresto sin que el juzgado argentino recibiera la solicitud formal de extradición, Ramos y Brusa salieron en libertad. Garzón ya había enviado los papeles pero éstos estaban en el Ministerio de Relaciones Exteriores de España, que los entregó ayer por la mañana a la Cancillería argentina. El Gobierno puede remitir la documentación a la Justicia o trabar el trámite, tal como hizo cuando Italia reclamó al ex marino Alfredo Astiz por el asesinato de Angela María Aietta y Juan y Susana Pegoraro.
En esa oportunidad, la Cancillería rechazó la extradición pero giró la denuncia a la Justicia para que se investigara aquí. Si en este caso ocurriera lo mismo, funcionarios judiciales estiman que Brusa no podría eludir un juicio en el país, ya que al ser civil no puede ampararse en la ley de Obediencia Debida, nunca fue sometido a juicio y está acusado de delitos imprescriptibles. Si el proceso de extradición sigue su curso, el hecho de que los acusados hayan salido de la cárcel no modificaría el curso del proceso, ya que la causa continúa abierta.
A diferencia de España, el Estado alemán, que reclamó la extradición de Guillermo Suárez Mason, nombró a un abogado que hizo la presentación directamente en el juzgado –además de en la Cancillería y el Ministerio de Relaciones Exteriores–, por eso Cavallo pudo continuar con el proceso aunque el Gobierno aún no se expidió.
Además de Brusa y Ramos, figuran en el pedido de extradición Mario José Facino –ex policía y actual concejal electo por el justicialismo en la localidad santafesina de San José del Rincón–, Héctor Romeo Colombini, Juan Calixto Perizzotti, María Eva Aevis y los marinos José Antonio Suppicich, Salvio Olegario Menéndez, Raúl Scheller, Miguel Benazzi Berisso, Hugo Enrique Damario, Fernando Peyón, Francisco Rioja, Jorge Rádice, Jorge Luis Magnacco, Roberto Oscar González y Roberto Carnot, Gonzalo Sánchez. Todos están acusados de “terrorismo desarrollado en base a múltiples muertes, lesiones, detenciones ilegales, secuestros y desaparición forzada de personas y genocidio”.
Durante la dictadura, Brusa fue empleado en el juzgado federal de Santa Fe –donde luego fue titular– y avalaba y amenazaba a los detenidos desaparecidos. El ex juez fue destituido a principios del año pasado, a partir de un juicio político que se inició en 1997, luego de que el hombre arrollara a un nadador con su lancha y no le prestara auxilio. Cuando el caso fue evaluado por el Consejo de la Magistratura, sobrevivientes de los campos clandestinos de Santa Fe relataron ante el organismo los tormentos que Brusa les hizo padecer.
Ahora, el juzgado federal número cuatro –que quedó a cargo de Jorge Ballestero– debe aguardar a que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Cancillería decida si el trámite continúa.

GALEANO CONSIDERO QUE NO TIENE PRUEBAS POR EL VOLQUETE
Falta de mérito para Nassib Haddad

El juez federal Juan José Galeano dictó la falta de mérito en la causa AMIA para Nassib Haddad y sus hijos Javier, Pablo y Guillermo, dueños del volquete colocado en la puerta de la mutual judía cinco minutos antes del atentado. Los Haddad manejan la empresa Santa Rita, que alquila contenedores, explota una calera y se dedica también a la “trituración de escombros”; habían quedado bajo sospecha cuando se descubrió que poco antes del 18 de julio del ‘94 adquirieron amonal, el explosivo que se utilizó en la voladura. Galeano consideró que “ningún” indicio “permite siquiera sospechar” que los explosivos que mataron a 85 víctimas hayan estado dentro del volquete.
Si bien las pericias sobre el atentado señalan que el ataque terrorista se hizo con un coche bomba, los cuatro investigados nunca pudieron explicar qué destino dieron a esos explosivos comprados a través de la firma Santa Rita. Aunque una parte fue utilizada en la extracción de piedra para las obras de la represa “Casa de Piedra”, hay un excedente que no se sabe dónde fue a parar.
Galeano consideró que no se ha comprobado “que la cantidad de explosivo sobrante fuera trasladada a la ciudad de Buenos Aires o al Gran Buenos Aires, o bien entregado por los imputados a los terroristas que a la postre lo emplearon en la explosión de la mutual judía, ni han surgido indicios en tal sentido”, según escribió en su resolución.
Al conocerse la falta de mérito, el abogado Alberto Zuppi anticipó que los familiares de Memoria Activa apelarán la resolución. “Pedimos a Galeano una serie de medidas de prueba y sólo hizo lugar al análisis de una sustancia encontrada en Santa Rita, sobre la que se comprobó que era óxido de litio, que sirve para detonar el amonal”, dijo al explicar por qué considera que existen elementos para mantener sospechas sobre Haddad.
Junto con Alberto Kanoore Edul, Haddad es la única persona de apellido islámico que aparece en la causa. Si Haddad es investigado en relación al volquete, el primero lo es en relación a la Trafic usada en el atentado. El día en que los policías bonaerenses se llevaron la trafic de la casa de Telleldín, Kanoore Edul se comunicó telefónicamente con el vendedor de autos doblados. Y ocho días más tarde, cuando se realizó el atentado, el camión que llevó el volquete hasta la AMIA pasó por la calle Constitución al 2657, un lugar llamativo por ser un predio vacío lindante con la casa de Kanoore Edul y donde el conductor dijo haber dejado también un volquete.
Aunque la resolución judicial conocida ayer está centrada en que los explosivos no estaban dentro del contenedor (una hipótesis que alientan los defensores de los ex policías bonaerenses llevados a juicio oral), Galeano consideró que “no puede considerarse seriamente que la entrega del volquete formara parte de plan alguno en el ataque terrorista”, como así tampoco que “haya servido como un elemento para asegurar el despeje del área del impacto del coche-bomba”.

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