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La negociación colombiana entró en terapia intensiva

Bajo el signo derechizador de EE.UU. tras los atentados contra Nueva York y Washington, el diálogo de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC se ha convertido en un intercambio de ultimátums.

Tropas colombianas transportan cadáveres en un combate de 1999.

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) lanzaron el ultimátum y las fuerzas armadas y el presidente Andrés Pastrana salieron al cruce. Anteayer, la guerrilla comunicó siete exigencias para mantener las negociaciones paralizadas desde hace un mes: entre otras cosas, exigen que el gobierno se pronuncie sobre lo que el Departamento de Estado norteamericano ya decretó: que las FARC y la segunda guerrilla del país, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), son organizaciones terroristas. Pastrana –desde Washington– descartó la posibilidad de revisar esas condiciones, amparado en la dura ofensiva –y la retórica que la acompaña– que Estados Unidos divulga contra el terrorismo y que incluye a la guerrilla latinoamericana. Y responzabilizó a las FARC por lo que pase de aquí en adelante: “No es el pueblo colombiano, no es el presidente colombiano, son ellos los que tienen que decidir cómo los va a considerar el mundo”, afirmó, tajante.
Pastrana les pasó la pelota a las FARC para eludir cualquier negociación política: “Hoy las FARC son las que toman la decisión de cómo y de qué forma quieren que el mundo los vea: si ellos quieren que los vean como un grupo insurgente que está dispuesto a llevar a cabo un proceso político y una negociación política, está el acuerdo de San Francisco, está la mesa de negociación, donde podemos avanzar. Si ellos quieren ser vistos como unos terroristas, pues lógicamente tienen que seguir secuestrando, atacando a la población y haciendo actos terroristas que ni Colombia ni el mundo están dispuestos lógicamente a aceptar”, anunció Pastrana. Y siguió: “Tercero, si ellos quieren ser vistos como unos narcotraficantes o como una narcoguerrilla, pues de ellos también depende. Nosotros les hemos propuesto a las FARC que comencemos a erradicar precisamente en la zona de distensión las hectáreas de coca que pueden existir en el interior de la zona, que pueden ser unas 10.000, 12.000”. Es inequívoco que su posición se ha derechizado en consonancia con la categorización por EE.UU. de las FARC como grupo terrorista –y el consi- guiente congelamiento de sus activos bancarios– tras los atentados islámicos del 11 de septiembre contra Nueva York y Washington.
Manuel Marulanda –el famoso Tirofijo–, jefe de las FARC, había exigido a Pastrana en una carta difundida el miércoles que levante los controles militares alrededor de la zona de despeje y se pronuncie sobre si las FARC son “narcotraficantes y terroristas” como señala Estados Unidos; de lo contrario se daría por terminado el proceso de paz. A la vez, Pastrana lo único que explicitó es que quiere apoyo de Estados Unidos y de la comunidad internacional en la lucha contra el terrorismo, aunque no especificó si este planteo incluye una eventual asistencia militar, y si sería utilizada para combatir a las guerrillas y a los paramilitares. “Hay un enemigo común que es el narcotráfico, y ese narcotráfico es el que financia la violencia en Colombia, por eso necesitamos decirle a la comunidad internacional que tenemos que unir todos nuestros esfuerzos, porque hay un enemigo común: el narcoterrorismo”, apuntó Pastrana, quien tras varias reuniones en el Congreso permanecerá en Washington para reunirse con el secretario de Justicia, John Ashcroft, y el de Defensa, Donald Rumsfeld. Las fuerzas armadas salieron, de inmediato, a respaldar a Pastrana: “Estamos preparados para retomar el control de esa región, si el presidente así lo determina”, declaró el comandante de las Fuerzas Militares, general Fernando Tapias, tras evaluar que las FARC “están eludiendo el compromiso con la paz y dilatando el reinicio del diálogo”.

 


 

APUNTABAN A UNA TORRE EN MADRID
Osama, inspirado por ETA

Las torres gemelas de Nueva York no fueron las primeras en ser objetivo de grupos terroristas. Ayer se supo que en diciembre de 1999, el grupo separatista ETA intentó explotar la torre Picasso, el edificio más alto de Madrid. Entonces, la Guardia Civil interceptó a 200 kilómetros de la capital española dos camionetas cargadas con casi dos toneladas de explosivos con los que se pretendía realizar el primer atentado luego del anuncio de la ruptura de la tregua que existía desde el año anterior. El director general de la policía, Juan Cotino, informó en conferencia de prensa que Ana Belén Egues –presunta jefa del Comando Madrid, detenida junto a otro activista el martes– “reconoció que estas dos furgonetas debían ser utilizadas contra la torre Picasso”.
El 21 de diciembre de 1999 la Guardia Civil desarticuló ese plan al interceptar dos camionetas que contenían 1,7 toneladas de explosivos que la organización separatista vasca preveía utilizar en el atentado. Según Cotino, la investigación abierta después de la detención el martes de Egues y Aitor García Aliaga permitió determinar que la Torre Picasso era el objetivo de ese grupo de activistas. A partir de estas detenciones la policía registró tres pisos en Madrid y uno en Salamanca. Este último “era el piso base desde donde cargaban los coches bomba y los traían a Madrid”, señaló Cotino. A su vez, sostuvo que los miembros del comando vivían en distintos pisos y que no tenían contacto entre sí “excepto el día que habían marcado para hacer un atentado”.
De 157 metros de alto y 43 pisos, la torre Picasso –que se encuentra en un barrio de negocios del norte de Madrid– fue diseñada por el estadounidense Minoru Yamasaki, el mismo arquitecto de las torres gemelas del World Trade Center de Nueva York destruidas por los atentados del 11 de setiembre. Alrededor de 5000 personas trabajan en este rascacielos, inaugurado en 1989.

 

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