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Por Carlos Rodríguez
 Fernando Antúnez, uno
de los tres acusados por la violación seguida de muerte de la docente
Fabiana Gandiaga, amplió su declaración indagatoria y, tal
como había anticipado a Página/12, involucró a un
cuarto hombre al que identificó como “Enzo”, empleado
de intendencia del Club Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires (GEBA). Una
fuente judicial le dijo a este diario que la declaración de Antúnez
“se parece mucho a una estrategia defensista” y por ahora “no
modifica la situación de los tres imputados” ni tampoco la
de “Enzo”, quien ayer cumplió con sus tareas en el GEBA.
Juan José de Valle, abogado de la familia Gandiaga, confirmó
que sus representados demandarán al club por la “responsabilidad
civil” que le cabe como organizador de una actividad durante la cual
se produjo la tragedia. Pero ante una consulta, dijo que no piensan recusar
al juez de la causa penal, Alberto Seijas, quien confirmó que es
socio del club GEBA. “No vemos ninguna incompatibilidad”, sostuvo
De Valle.
Fuentes judiciales estimaron que Seijas, el martes, resolverá la
situación procesal de los tres detenidos, aunque tampoco se descarta
que pueda posponer la decisión hasta que se conozcan los resultados
de la prueba de ADN sobre las muestras halladas en el cadáver de
la mujer. El examen estará concluido recién en diez días.
Frente a la nueva acusación de Antúnez, cuya situación
procesal es la más complicada por las evidencias que hay en su
contra, las autoridades del GEBA dieron a conocer un comunicado donde
reiteraron que en el “horrendo crimen” no está implicado
ningún empleado del club.
Respecto del supuesto cuarto hombre, aseguraron que, de existir, “no
pertenece al staff del club” porque “el único empleado
con nombre de pila Enzo que pertenece al club estaba de franco el día
del hecho y ya declaró en la causa” como testigo. Los tres
detenidos eran empleados de una empresa de limpieza contratada. Fuentes
de la causa consideraron que la declaración de Antúnez “no
fue acompañada con pruebas que ratifiquen la veracidad de sus dichos”.
Adolfo Muschetti, el abogado de Antúnez, confirmó la acusación
de su representado, quien “se ha decidido hablar porque tiene amenazas
de muerte por parte de esta persona (“Enzo”), que sigue en libertad”.
El abogado insistió en que Antúnez “ha negado toda
responsabilidad en el hecho y reiteró que sólo fue testigo
de lo ocurrido”. Sin embargo, tiene marcas en el rostro y en el cuerpo
que habrían sido provocadas por la víctima al defenderse.
También encontraron en su poder un teléfono celular que
pertenecía a la mujer.
En el GEBA, más allá del hecho de que los tres detenidos
no formaban parte del personal estable, hay inquietud por lo ocurrido,
que puso en evidencia la falta de seguridad interna. El abogado de la
familia Gandiaga confirmó que demandarán al club por la
“responsabilidad civil” que le corresponde. “Ellos organizaban
el evento (del que participaba la víctima, que no era socia del
club) y como tales, deben responder por su seguridad. Es como si ocurriera
un accidente en un circo o en un teatro”.
El que sí es socio del club (número 69.992/0) es el juez
Seijas, según lo confirmó a este diario el propio magistrado.
Para el abogado De Valle “eso no ha demostrado ser una incompatibilidad”
y por ese motivo no lo recusarán. Un camarista, consultado por
este diario, estimó que “el juez debería excusarse,
sobre todo porque luego habrá un juicio civil”, en cuyo resultado
podría influir directamente lo que suceda en la causa penal.
EL
CASO DE LA 9ª DE LA PLATA
Muerto por asfixia
La sombra del estudiante Miguel
Bru sobrevuela cada vez más densa sobre la seccional 9ª de
La Plata, donde fue asesinado en 1993. Al caso de Gustavo Cuello, desaparecido
el sábado 27 de octubre después de haber quedado registrado
su paso por la misma comisaría, y descubierto con un balazo en
la cabeza cuatro días más tarde en una casa que le resultaba
totalmente ajena, se agregaron nuevos detalles: en la segunda autopsia
se determinó que los pulmones estaban rosados, lo que evidenciaría
asfixia. Cinco uniformados de la 9ª fueron sumariados.
Cuello fue demorado el sábado 27 de octubre por un patrullero cuando
se encontraba pateando la garita de custodia de la sucursal platense de
la AMIA. El castigo consistió en derivarlo a la seccional 9ª.
Allí, el libro de ingresos lo registra entrando a las 7 de la mañana
y con salida a las 10.40. Pero Cuello no regresó a su casa. Lo
descubrió el inquilino de una casita ubicada en el Barrio Parque
Sicardi, el 1º, por la noche. Estaba en una cama, con un disparo
en la cabeza y una 22 apoyada sobre su pecho.
Suicidio, sentenció la primera autopsia realizada por peritos de
la Bonaerense. El fiscal Antonio Raimundi pidió una ampliación.
Aunque el resultado estará disponible la semana próxima,
los peritos adelantaron que los pulmones de Cuello tenían color
rosado, señal de falta de oxígeno, sinónimo del submarino
seco.
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