Por Eduardo Videla

La ciudad de Buenos Aires podría convertirse el martes en el segundo distrito del país –el primero fue la provincia de Mendoza– que implemente un programa de canje de armas de uso civil: la Legislatura porteña tratará el martes próximo, en una sesión especial, una ley para implementar “un sistema de desarme” para los porteños. El plan prevé canjear armas registradas e ilegales por alimentos, medicamentos, materiales para la construcción o entradas para espectáculos deportivos o culturales.
El proyecto, presentado por el diputado Fernando Caeiro, ya tiene el visto bueno de la Comisión de Seguridad de la Legislatura y podría convertirse en ley en la sesión del martes. La norma propone crear en el ámbito de la ciudad el programa “Menos armas por más seguridad”, cuya implementación estará a cargo de la Secretaría de Justicia y Seguridad, con la colaboración del Registro Nacional de Armas (Renar).
Según las estadísticas del Renar, en la ciudad de Buenos Aires hay unas 200 mil armas registradas, que representan el 13 por ciento del total del país. Además, se estima que existen otras 200 mil sin registrar.
“El objetivo del programa es retirar la mayor cantidad de armas posible, creando conciencia en la población del riesgo que implica tener un arma en la casa”, dijo Caeiro a Página/12. El principio que inspira el canje es que la tenencia de un revólver o una pistola no garantiza la seguridad sino todo lo contrario. “El que tiene un arma para defenderse y sufre un delito, corre más riesgo de resultar herido o muerto, porque el delincuente está más preparado para disparar que la víctima –agregó el legislador–. Eso, sin contar los accidentes o los crímenes ocurridos dentro de una familia.”
El proyecto propone tres modalidades para la entrega de las armas: en el Renar, en puntos de recolección a cargo de personal especializado, o mediante la recolección domiciliaria. El armamento será trasladado a un lugar de disposición final, donde serán destruidas. El proyecto establece que la autoridad de aplicación podrá disponer otro destino –que no se especifica–, siempre que tenga razones fundadas. La intención sería preservar algunas armas históricas, aunque eso deberá determinarse en la reglamentación.
El programa durará 180 días, prorrogables por otros 180. Las personas que entreguen sus armas recibirán a cambio un certificado, con el cual después podrán solicitar vales de canje para acceder a ciertos beneficios que también se determinarán en la reglamentación. A manera de sugerencia, el proyecto sostiene que podrán ofrecerse “módulos alimentarios, medicamentos, materiales para la construcción, pases para transporte público, becas de estudio, libros, entradas para espectáculos deportivos y eventos culturales”.
En ningún caso se canjearán por dinero. Las armas deberán estar en condiciones de ser usadas, y se reconocerá el 50 por ciento de su valor de mercado. Se aceptarán armas de uso civil, estén registradas o no, mientras que de las consideradas como armamento de guerra (de calibre mayor) se aceptarán sólo las inscriptas en el Renar. Por las municiones y otros accesorios no se entregarán vales.
La implementación de la norma, según prevé el proyecto, requerirá una amplia campaña de difusión y el concurso de entidades intermedias. “Por ejemplo, pueden firmarse acuerdos con los clubes de fútbol, para que los simpatizantes puedan canjear armas por abonos para partidos”, dijo Caeiro. También se implementará una línea gratuita para informar a la población.
El proyecto fue elaborado en conjunto con los funcionarios que implementaron el mismo plan en la provincia de Mendoza, donde en 45 días lograron recolectar 2600 armas sobre un total de 15 mil registradas. La iniciativa tiene el aval de la Alianza, de algunos peronistas, de Acción por la República y del ARI, más diputados independientes. La observación más importante es la de Santiago de Estrada (Encuentro por la Ciudad),quien reclama que el programa no puede implementarse “si no es acompañado por otro que esté dirigido a una mayor protección de la gente”.

LEVANTAN EL PARO EN LA CIUDAD
A recolectar la basura

Con el temor latente ante un alerta meteorológico y la organización previa de un plan de emergencia para recolectar los residuos, el Gobierno porteño convocó ayer al gremio de recolectores de basura y logró levantar el paro sorpresivo y por tiempo indeterminado que habían dispuesto en solidaridad con sus colegas de la provincia de Buenos Aires.
El paro que había sido dispuesto por el camionero Hugo Moyano, el jueves por la noche, impidió la recolección de basura. El conflicto se desató, según los gremialistas, en solidaridad con los recolectores de 20 municipios bonaerenses, que no habían cobrado sus sueldos.
El jefe de Gabinete porteño, Raúl Fernández, convocó a los gremialistas a una reunión de la que participó el secretario de Medio Ambiente, Eduardo Ricciutti. Previamente, el Ejecutivo había presentado un pedido al Ministerio de Trabajo para declarar la ilegalidad del paro. También, se organizó un diagrama de emergencia con 70 camiones de la Dirección de Higiene Urbana del gobierno porteño.
Durante la reunión con el gremio, las autoridades exigieron el levantamiento del paro, con un argumento de peso: la Ciudad está al día con los pagos y no existe ningún conflicto con las empresas ni con los recolectores. Finalizada la reunión, el sindicalista Claudio Tapia informó que se había levantado el paro. Teniendo en cuenta las anunciadas lluvias, parte de los 70 camiones destinados al diagrama de emergencia fue destinada a recoger los residuos de las zonas más vulnerables de la ciudad.
El clima en las empresas recolectoras no es el mejor: en febrero vencen los contratos y por lo que se sabe hasta ahora, el gobierno no hará uso de la prórroga y está dispuesto a llamar a una nueva licitación.

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