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 La embajadora estadounidense
en Bogotá, Anne Patterson, no se anduvo con chiquitas: el 28 de
octubre último equiparó a las guerrillas colombianas con
Bin Laden y anunció que Bush hijo planea proporcionar la “ayuda
antiterrorista” del caso como parte de la guerra desatada por Washington.
Precisó a la Associated Press que su gobierno asistirá a
Colombia para vigilar los oleoductos –casualmente de propiedad de
empresas de EE.UU.–, apoyar las investigaciones militares y civiles
en el rubro, y entrenar y equipar a grupos de élite pertinentes.
El demócrata Bob Graham, presidente del Comité de Inteligencia
del Senado, subrayó a su vez que el país andino es uno de
los teatros importantes de la batalla mundial contra el terrorismo. Ambos
no hicieron otra cosa que develar lo notorio: el Plan Colombia de Clinton,
rebautizado Iniciativa Andina Antidroga por Bush, es contrainsurgencia
disfrazada de lucha contra el narcotráfico.
En junio pasado la RAND Corporation entregaba a la Fuerza Aérea
de EE.UU. un informe de título elegante –”El laberinto
colombiano: la sinergia de drogas e insurgencia y sus implicaciones para
la estabilidad regional”– con un consejo: Washington debía
involucrarse más en la guerra colombiana. El informe contiene varias
admisiones de interés, entre otras: que los lazos escuadrones de
la muerte/ejército de Colombia son sólidos -”naturales”,
dice–, que ese ejército más bien mata guerrilleros
que paramilitares (2.677 contra 76, respectivamente, en el año
2000), que 8 de los l9 escuadrones de la muerte se dedican a proteger
la industria de la cocaína de los señores de la droga. El
jefe paramilitar Carlos Castañeda confirmó a la CNN que
el 70% de los ingresos de su tropa proviene del narcotráfico y
las FARC no se quedan atrás: cobran “protección”
a los productores de coca grandes y medianos, intermediarios, laboratorios
de procesamiento de cocaína y pistas de aterrizaje clandestinas.
Con el apoyo del ejército, los paramilitares buscan abrirse paso
hasta la costa de Pacífico, clave para facilitar el cocatráfico.
La RAND no contabiliza el enorme número de víctimas civiles
del conflicto, pero advierte que el Plan Colombia no sirve para erradicar
el cultivo de coca ni para erradicar a las FARC y avisa que si Washington
no interviene de manera decidida la situación “se extenderá
como una metástasis (convirtiéndose) en un levantamiento
regional más amplio”.
En diciembre de 2000 el Banco Mundial concluía en su informe “Violencia
en Colombia: la construcción de una paz y un capital social sustentables”
que cualquier inversión privada en el país dependería
en el futuro del aniquilamiento de las FARC y demás grupos guerrilleros.
Esa demanda ya se empezó a satisfacer. EE.UU. aplica en Colombia
la privatización de la contrainsurgencia a niveles que superan
con mucho al usado en Vietnam. Compañías privadas de nombres
inocentes como DynCorp y AirScan -.financiadas por el Departamento de
Estado, la CIA, el FBI, la DEA, el Departamento de Justicia, etc.–
contratan al personal de operación y apoyo de los helicópteros
Super Huey y Black Hawk que Washington provee oficialmente. Los pilotos
–en su mayoría estadounidenses y ex militares, algunos pasados
por la Escuela de las Américas, o meros mercenarios– suelen
fumigar cultivos de coca, especialmente en lotes de pequeños campesinos,
pero no sólo: transportan tropas a sitios de acceso difícil
y hasta entran en acción contra la guerrilla. Ya han tenido tres
bajas. La DynCorp –que en el 2000 obtuvo l.800 millones de dólares
de ganancia merced a contratos por valor de 4.400 millones, el 98% de
los cuales con más de 30 organismos del gobierno estadounidense–
coordina sus operativos con los paramilitares y los mandos colombianos.
Una de sus subcontratistas es la Eagle Aviation Service and Technology
Inc., que hace 15 años transportó armas a Nicaragua en el
marco del diseño Irán-contras de Oliver North. No le falta
razón al legislador republicano Jan Schakowsky cuando reflexiona:
“Los contribuyentes estadounidenses pagan ya 300.000 millones de
dólares anuales para financiar a las fuerzas armadas más
poderosas del mundo. ¿Por qué tienen que pagar además
para privatizar nuestras operaciones (en Colombia)?” Myles Frechette,
ex embajador de Washington en Bogotá, respondió en los medios:
“Es muy práctico, obviamente, tener un equipo que no pertenece
a las fuerzas armadas (estadounidenses). Si alguien muere o le pasa algo,
se puede decir que no es un miembro de las fuerzas armadas (estadounidenses)”.
El método es viejo. Los corsarios ingleses hacían lo mismo
para la Corona hace cinco siglos.
Bush hijo ha propuesto sumar otros 676 millones de dólares a los
1.300 de Clinton. Se calificó de “Plan Marshall sudamericano”
al Plan Colombia, pero el 80% de sus fondos tiene un destino militar directo
o encubierto. A la sustitución de cultivos de coca por otros de
maíz, arroz y frutales se destinaron 16 millones de dólares,
menos del 1,2% del total, y es impensable que el complemento financiero
del nuevo presidente cambie esa relación. El rey está desnudo.
Y luego, hay en Colombia intereses petroleros que defender, como los de
Bush hijo en la Harken Energy Inc. de Texas, o los del ex vicepresidente
Al Gore en la Occidental Petroleum, consorcio que se precia de ser el
séptimo proveedor del crudo a EE.UU. De hecho, el país del
Norte importa más petróleo de América Latina que
del Golfo Pérsico y se sabe que desde Roosevelt en adelante Washington
cuida sus reservas del hidrocarburo y se lo procura en el exterior. La
Iniciativa Andina Antidroga abarca además a Perú, Ecuador,
Brasil y Venezuela, países con zonas ricas en petróleo.
No es raro, entonces, que el Center for Public Integrity de Washington
haya investigado y encontrado que “centenares de militares, espías
y civiles contratados estadounidenses se hallan sobre el terreno en Colombia
y países vecinos”. Cabe preguntarse si estos hechos y aun
la idea de involucrar a la Triple Frontera argentino-brasileño-paraguaya
con Bin Laden y las FARC son obra de un infiltrado en la administración
yanqui que intenta convertir en realidad la consigna del Che: crear dos
o tres Vietnam en América Latina.
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