Por Laura Vales

Acusado de manejar la asistencia social en Río Negro con criterios clientelísticos, de prometer subsidios a dirigentes barriales para que se aparten de la interna, de presionar a quienes intentaron oponerse a sus manejos y hasta de agredir a fotógrafos, el ministro de Desarrollo Social Daniel Sartor acaba de sumar al rosario de cargos en su contra un nuevo mérito: el de pretender investigarse a sí mismo. A último momento decidió pasar el tema a la SIGEN y a la Auditoría (ver aparte).
En la oficina de asuntos jurídicos de Desarrollo Social está a la espera de resolución el expediente 9392/99; se trata de una investigación abierta por el uso de 92 mil dólares que Sartor recibió en enero del 2000 para la compra de alimentos destinados a familias carenciadas de su provincia, pero que se perdieron nadie sabe dónde.
El expediente fue iniciado el año pasado, cuando Sartor parecía lejos de ocupar un cargo en el gobierno nacional. En él los técnicos del ministerio advierten que no logró justificar debidamente la utilización de aquellos fondos. Como el caso no está cerrado sino en pleno proceso, se suponía que con la llegada de Sartor a la cúpula del ministerio la carpeta sería transferida de inmediato a otra área, que estudiara los hechos bajo sospecha con independencia de criterio. Pero al parecer el ministro se considera en una buena situación para evaluar su propia conducta o lograr que sus subordinados dictaminen sobre ella con absoluta autonomía.
Las fojas de la carpeta que Sartor mantiene bajo su órbita cuentan lo siguiente: el 11 de enero del 2000 la Nación le envió (por entonces era ministro de Desarrollo Social de Río Negro) un cheque por 92.620 pesos. Servirían para adquirir 5 mil quinientas cajas para el programa PRANI, con harina, azúcar, fideos, aceite y otros comestibles.
La provincia llamó a una licitación que ganó la firma Rocafé S.A. A partir de allí la dudas se acumularon en cadena:
El primer dato que llamó la atención es que Rocafé S.A. se dedica a la instalación de máquinas expendedoras de café (de esas que funcionan en las oficinas públicas, con monedas o fichas) y no tiene nada que ver con la comercialización de alimentos de primera necesidad.
El segundo tema fueron las facturas que entregó por la venta de las cajas de alimentos: no están computarizadas, fueron extendidas a mano, tienen la dirección incompleta. Otra cuestión es que la primera factura (por $ 68.695) se emitió el cuatro de mayo, con el número 1.790, mientras que la segunda (por $ 13.739 del 31 de mayo) lleva el número 1.793. Esto implicaría que en 27 días Rocafé concretó nada más que dos ventas.
Finalmente, la provincia no firmó en favor de Rocafé ningún remito ni recibo de cobro, es decir que no existen constancias de que los alimentos hayan sido entregados en los depósitos de Desarrollo Social. Los auditores que controlaron la ejecución del programa alimentario marcaron especialmente que sin el correspondiente recibo ningún proveedor puede cobrar.
La hipótesis principal es, entonces, que el dinero nunca se usó para comprar comida. Un último dato refuerza esta sospecha: no se pudo comprobar que los alimentos hayan llegado a barrios, porque falta la lista de los beneficiarios. En Río Negro adujeron que las cajas se repartieron “fuera del padrón por razones de extrema necesidad, ante la grave crisis social padecida por la provincia”. Lo cierto es que las facturas son dudosas, los remitos de entrega no existen y las familias que se supone que recibieron las cajas de comida son inubicables.
¿Cómo usó Sartor el dinero? Eso es lo que se trata de saber en el expediente 9392, iniciado el año pasado en Desarrollo Social de la Nación y en el que ahora sería juez y parte. Según consta en los registros internos de Desarrollo Social el 30 de octubre, una semana después de su asunción, la carpeta fue elevada a la oficina de Asuntos Jurídicos.
En la Oficina Anticorrupción informaron que Sartor no realizó ninguna consulta sobre el camino que debía seguir ante esta situación de conflictode intereses. Le hubiera alcanzado con repasar la ley de Etica Pública, que en su artículo segundo obliga a los funcionarios a “abstenerse de intervenir” en todo asunto en el que aparezcan involucrados. Lo mismo sostiene la Ley de Procedimientos Administrativos.
A los 40 años, Sartor es un hombre muy conocido en la política de Río Negro. Radical, militante desde muy joven, presidió la Juventud del partido en el ‘83, pero su despegue político comenzó al conocer a Pablo Verani. Cuando Verani fue electo intendente de General Roca lo nombró responsable del área social y en el ‘95, cuando llegó a la gobernación, premió su lealtad designándolo primero secretario y después ministro de Acción Social.
El salto de la provincia a la Nación se produjo a principios de setiembre, cuando Sartor reemplazó a Gerardo Morales en la Secretaría de Desarrollo Social. La renuncia de Juan Pablo Cafiero lo colocó en la cima del ministerio.
En su provincia, Sartor dejó una estela de incidentes judiciales. En 1994 lo separaron del Banco de Río Negro, acusado del manejo irregular de fondos. En su descargo dijo que había sido involucrado por pertenecer al sector del banco donde se produjo un faltante de 128 pesos. En junio del ‘99 el PJ lo denunció ante la Justicia provincial por supuestos manejos clientelísticos con la asistencia social. En noviembre del 2000 lo acusaron de prometer un subsidio a un dirigente barrial para que se apartara de la interna.
Uno de los últimos escándalos tuvo ver con los fondos “desaparecidos” para la compra de alimentos. Diana Pizá, delegada del ministerio de Salud nacional en Río Negro, fue separada de su cargo el 21 de abril pasado. La funcionaria denunció que el detonante de su desplazamiento fue haberse negado a firmar una rendición de 10 mil pesos. Esos fondos integraban, precisamente, la partida de 92 mil pesos cuyo destino Sartor no pudo explicar.

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