Por Marta Dillon

Nada que festejar. Ni que el censo que, en definitiva, todos creían necesario se realice; ni haber puesto en jaque a todo el Poder Ejecutivo con la posibilidad de tener que recorrer a pie las manzanas de su barrio. Las maestras y maestros que se quedarán en sus casas el próximo fin de semana porque se negaron a realizar el censo sabían desde el vamos que no había nada que festejar. En la decisión que tomaron se contaban las pérdidas. “Nosotros sabemos, como educadores, lo importante que es un censo en términos de políticas de Estado”, dice la directora de la Escuela 68 de La Matanza, y huelga decir que de eso se trata la educación. Pero decir no fue poner sobre la mesa los restos de un Estado en derrumbe que cuenta con los docentes como el vehículo de información más eficaz con la población. Y a cambio les recorta casi todo, desde los insumos básicos para las escuelas, hasta sus haberes.
“No colaborar da cuenta de que el pacto social ya está roto, nosotros somos expresión de eso. Nos dicen que tenemos que hacerlo porque es ley. ¿El incentivo docente no nace de una ley?, ¿qué quedó de aquella que decía que el Estado debe garantizar la educación? En un marco de derrota generalizado no se fortalece nadie, sólo usamos nuestra posibilidad organizada de decir no, no nos van a volver a usar.” María Laura Torres es docente desde hace 20 años. Ahora es directora de una escuela en La Matanza, en el kilómetro 24 de la Ruta 3, en el escenario de los piquetes. Ella es de las que discutió largamente si colaborar o no con el censo porque considera que el guardapolvo blanco implica una “responsabilidad social muy alta”. Pero siente que su rol está tironeado como la ropa de trabajo en aquella vieja propaganda. “Lo que se sintió en las asambleas previas a la decisión era mucha bronca, y mucha angustia. Hay gente que no tiene plata para ir a trabajar y eso necesariamente te empaña la mirada”. Tal como lo describe María Laura, y lo repetirán otros docentes, la escuela parece asistir a un presente continuo en el que sólo tiene sentido resolver la urgencia. Conseguir el dinero del boleto para llegar a las aulas, distribuir las viandas en el comedor para que ningún chico quede afuera –”hay cupo para 600 chicos, pero comen 800”–, comprar tizas, destapar los baños. Sin embargo, esta mujer de 41 años eligió su profesión porque “se mira el presente en términos de futuro”. Esto último es lo que representa la educación para un niño. “Pero resulta que el Estado me habla de futuro cuando pido agua potable o libros o computadoras. No puedo esperar diez años porque entonces los que ahora están en la escuela ya van a estar jugados.” El censo es una herramienta necesaria en el tiempo, pero la urgencia es un tachón sobre su línea.
Ser autoridades de mesa cuando hay elecciones, ejecutar las campañas de vacunación y documentación, la entrega de ayuda social, vehiculizar la información que a diario se requiere de las escuelas, ésas son sólo algunas de las tareas que el Estado requiere de los docentes. “Hemos sido solidarios pero, ¿qué más quieren? Cuando mi directora me llamó el otro día para decirme lo que iba a cobrar me puse a llorar. Y ahora lloro por todo, porque no doy más.” Efectivamente, Claudia Jeppewy amaga con hacerlo de nuevo mientras se enreda en una larga explicación sobre un crédito docente que tomó cuando su marido quedó desocupado, en marzo, y los abogados de Frávega, que la intimaron para que pague la cuota del lavarropas, que no lo quiere perder. Y los quince, de sus veintinueve alumnos, que salen a cartonear con sus padres y que no figurarán en ninguna de las planillas del censo. Las razones se le mezclan a esta maestra de cuarto grado EGB de la Escuela 36 de Malvinas, en San Miguel, un abismo detrás de los countries. Dice que ella hubiera hecho el censo gratis si “yo supiera que realmente muestra la realidad social de nuestro país” y a la vez que no quiere poner más el hombro, que no es justo “trabajar y no cobrar, y hacerlo en las condiciones en que lo hacemos”. No quiere poner el cuerpo y a la vez desconfía del tipo de información que se va a recabar en el censo. “¿Por qué no preguntan a las menores de 14 sihan tenido hijos? ¿Eso afea la famosa foto que se sacará del país? ¿Por qué no se pregunta por el trabajo de los niños? ¿No quieren saber cuántos faltan a la escuela porque cartonean de noche?” Es fácil imaginarla frente a un grado con sus hebillas marrones estirándole los rulos y las cadenas doradas que le cuelgan sobre la meseta de su pecho. Casi no necesita del guardapolvo para demostrar que es maestra, “pero ya no es lo mismo, ya no hay códigos. Antes ibas a los barrios y todo el mundo te respetaba, ahora no te reconocen ni aunque lleves delantal, también hay mucho miedo de entrar a algunos lugares”.
“Yo hice más de un censo, tengo 50 años, hace casi treinta que soy docente. Y creo que es una buena experiencia porque te pone en contacto directo con la realidad de cada pibe, te enfrentás con sus condiciones, durísimas hace ya diez años.” Pero ahora Dora Simón es de las que no va a participar. Ni ella ni la mayoría de los docentes de la escuela que dirige en villa Jardín, en Lanús Oeste. Pero “lo hago sin ninguna culpa. Yo no digo que no lo hagan, hay otros actores que deberían recorrer las manzanas con el brazo derecho pegado a la pared como nos indicaron. Los funcionarios de todos los sectores, desde los concejales hasta los más altos. Tal vez si hicieran la experiencia las políticas sociales serían reales y no discursos”. ¿Dónde está el Estado? es la pregunta que repite mientras recita las deudas incumplidas para con el viejo edificio en el que supervisa las clases, para con los trabajadores, para con los alumnos. “Nuestros chicos pierden oportunidades todos los días, sí, un censo mal hecho puede ser una oportunidad perdida. Pero yo no necesito la información, la conozco y el Estado mismo nos la pide, informes sobre ausentismo, sobre deserción... La oportunidad la perdemos todos pero la culpa es del Estado que no puede prever los medios necesarios para hacerlo teniendo en cuenta la delicada situación social.”
No era el dinero lo que la tentaba, no le importaban los dos días extras fuera de su casa, lejos de sus dos hijos de cinco y siete años a los que ve bastante poco en la semana, mientras cumple con los tres cargos que tiene como titular. Para Gabriela Cuccuini hacer el censo era “una obligación personal, casi te diría un compromiso social. Pero ya en las elecciones dudé de ser presidente de mesa, no iba a ir, y no aguanté esa mañana, yo no soy una irresponsable”. Esta vez, sin embargo, dijo no. Los rumores sobre “bolsos y guita que se habían afanado a raíz de esto me terminaron de sacar las ganas”. No se puede confiar en nada, según esta maestra de San Miguel que hasta principios de esta semana explicaba a sus alumnos de quinto y sexto grado lo importante que era abrir la puerta a los censistas. Que eso permitiría saber cuántos somos y cómo vivimos. Ahora tendrá que dar nuevas razones para explicar que ella no golpeó ninguna puerta aunque eso había prometido a algunos de los chicos que vivían en la zona que le habían asignado. “Es como el voto en blanco ¿viste? yo lo comparo. Es difícil creer en algo y es difícil que te crean. Seguro que algo se rompió en la sociedad, pero no somos nosotros quienes no cumplimos con nuestros deberes cívicos. A nosotras nos deben, que es otra cosa.”

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