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COLOMBIA, LA LEY DE LOS FIERROS
Trece referís amenazados

Una organización paramilitar de ultraderecha amenazó de muerte a trece árbitros sin que las autoridades deportivas colombianas ni las de la Confederación Sudamericana de Fútbol hayan sido oficialmente notificadas. Hay antecedentes múltiples. Todo mientras la gestión de Alvaro Fina al frente del fútbol local aparece sospechada por manejos durante la organización de la Copa América.

Por Gustavo Veiga

La noticia, entre el fárrago de tantas situaciones violentas que vive Colombia, pasó casi inadvertida. Una organización paramilitar de extrema derecha que opera en ese país, las Autodefensas Unidas (AUC), amenazó de muerte a trece árbitros de fútbol y a un periodista deportivo, a quienes señalaron como corruptos. “O mejoran o se mueren”, sentenciaba el libelo que el sábado 3 de noviembre divulgó Alvaro González Alzate, un integrante del Comité Ejecutivo de la Federación local, quien asimismo preside la División Aficionada. Lo extraño es que, hasta hoy, la situación no ha sido formalmente denunciada por las autoridades deportivas colombianas y tampoco recibieron una queja en la Confederación Sudamericana (CSF), que lidera hace tiempo el paraguayo Nicolás Leoz. Líbero intentó encontrar una explicación a este hecho en Eduardo Deluca –el secretario general de la CSF–, pero el dirigente dijo que se enteró por los diarios de lo que había sucedido en el Valle del Cauca.
“No nos hicieron ninguna denuncia. La Federación local no informó nada sobre lo que pasó. Incluso, el doctor Leoz habló durante la semana con Alvaro Fina (por el máximo directivo del fútbol colombiano) y no le comentó lo sucedido. Tal vez porque estas cosas deben ser normales allá...”, explicó Deluca, un tanto sorprendido por las escasas repercusiones del episodio. Este dirigente recordó que a fines de la década del ‘80, la CSF sí intervino en un caso de amenazas a árbitros en Colombia. Los hechos habían ocurrido durante la disputa de la CopaLibertadores de América y tuvieron como damnificados a referís de la Argentina y Uruguay.
Juan Carlos Loustau, el ex internacional que ahora dirige la Escuela de Arbitros de la AFA, fue uno de los jueces coaccionados por los carteles de la droga que, en esa época, dominaban a su antojo ciudades como Medellín y Cali y, por añadidura, a los principales clubes de fútbol que representaban a Colombia en la Copa. Durante un diálogo telefónico, Loustau evocó la delicada circunstancia que le tocó vivir y que aún continúa siendo moneda corriente en el fútbol cafetero: “Yo estaba en el hotel junto a mis compañeros de la terna arbitral, Francisco Lamolina y Jorge Romero, cuando apareció una persona que nos amenazó a los tres. Nos dijo algo así como: ‘Atlético Nacional tiene que ganar; si no, los matamos’. El partido era contra Olimpia de Paraguay y nosotros les comentamos lo que había pasado a los dirigentes Leoz y Deluca, que estaban en el mismo hotel. Se adoptaron las medidas del caso y después no ocurrió nada anormal...”.
Sin embargo, unos días más tarde se repitió una situación similar, pero con una terna uruguaya. La integraban los referís Cardellino, Martínez Bazán y Otelo, quienes, a diferencia de sus pares argentinos, le elevaron la denuncia por escrito a la Confederación Sudamericana. Loustau todavía recuerda que, como consecuencia de aquel informe, “el partido entre Atlético Nacional y Vasco da Gama se jugó dos veces, pero en la segunda lo disputaron en Chile. Además, como los futbolistas del equipo brasileño también habían hecho una denuncia por amenazas, los colombianos terminaron jugando en Miami por orden de la FIFA”.
Hoy, acaso porque los amedrentados son árbitros de la región de Cali, están más indefensos y ni siquiera inquieta su caso a la Federación local. Sus nombres no son demasiado conocidos ni en su propio país: Marcos Urrutia, Wilmer Barahona, Héctor Lugo, Alberto Rincón, Ancízar Tascón, Roberto Tascón, Edgar Vélez, Alberto Duque, Harvey Hernández, Rodrigo Durán, Diego Becerra, Eduardo Ruiz y Julio Méndez. Todos ellos se desempeñan como referís, líneas y comisarios deportivos. A esta lista hay que agregar a Luis Yesid Melo, un ex árbitro y actual analista futbolístico.
Vélez, uno de los jueces que integra la nómina, también es el titular del Colegio de Arbitros del Cauca. El fue quien primero recibió el comunicado de los paramilitares. “Personalmente, en vez de estar preocupado, más bien me da tristeza, porque nosotros no somos un ejemplo de corrupción. Es más, nuestros colegiados no han sido tenidos muy en cuenta a nivel nacional”, afirmó. Asimismo, el único dirigente importante de la Federación Colombiana que en público se mostró consternado, el tal González Alzate, calificó como “aterradora y trágica” la amenaza de las AUC.
El directivo parece que no consiguió persuadir a los restantes integrantes del Comité Ejecutivo que preside Fina, porque su exhortación para que “la Confederación, la Federación Colombiana, los tribunales deportivos y la fiscalía no se queden estáticos ante esta situación tan grave que está viviendo el fútbol” tuvo muy poca trascendencia.
La advertencia de las AUC, cuya autenticidad se trata de precisar, ocurrió dos semanas después que un árbitro internacional colombiano, Felipe Russi, también fuera amenazado de muerte por pistoleros de origen desconocido, quienes le manifestaron estar dispuestos a “limpiar el fútbol profesional”. Estos episodios se registran mientras en Colombia se investiga un negociado con la organización de la última Copa América que involucra al titular de la Federación, Alvaro Fina y a otros dirigentes.
El diario local El Espectador publicó tres notas extensas sobre la constitución de una empresa (Copa LLC), con sede en Delaware, Estados Unidos, y que también opera en Miami, mediante la cual directivos delfútbol colombiano y un antiguo contratista de la Federación planearon desde febrero de 1999 la arquitectura financiera del torneo. El objetivo de estas personas era obtener utilidades por 21 millones de dólares cuando se liquidara la sociedad a fines del 2001. Pero, vaya desliz, las autoridades deportivas sostuvieron en un informe preliminar que la Copa arrojó pérdidas, pese a que los derechos de TV se comercializaron en 156 países y compañías como Coca-Cola y Mastercard pagaron sumas millonarias para patrocinarla.
Fina, uno de los acusados, esbozó una defensa: “No quiero señalar a nadie, ni a El Espectador ni a El Tiempo, ni a ningún medio de comunicación en particular. Ellos, en cierta manera, simplemente publicaron una versión que se les entregó. Lo que veo es un complot para tratar de desestabilizar a la Federación porque estamos en épocas de proselitismo. Hay mala intención, pero estoy tranquilo...”. Eso sí, de los árbitros amenazados por paramilitares hasta ahora ni se acordó.

 

 

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