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Por
Horacio Verbitsky
 El
primer efecto de los informes sobre torturas, hacinamiento y asesinatos
de menores en supuestos enfrentamientos con la policía que acaba
de difundir la Corte Suprema de Justicia bonaerense fue el relevo del
ex ministro de seguridad Ramón Verón, quien dijo que los
chicos denunciaban por deporte. El segundo fue una ofensiva contra el
asesor de menores de San Isidro Carlos Eduardo Bigalli, el primer magistrado
que creó un registro de torturas contra menores en julio de 1998,
y también el primero en manifestar preocupación ante las
repetidas muertes de menores en extraños tiroteos con policías,
en septiembre de 1999. Su tarea ha merecido el reconocimiento de organismos
internacionales como UNICEF, el Comité de las Naciones Unidas contra
la Tortura, Human Rights Watch y Amnesty International y nacionales, como
el Centro de Estudios Legales y Sociales, el Servicio de Paz y Justicia
y la Coordinadora contra la Represión Institucional.
En los últimos tres años Bigalli formuló 636 denuncias
por torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes a menores por parte
de personal policial. El fiscal de cámara Julio Novo le exigió
los datos de los menores que denuncian a policías, tal como antes
de su renuncia hacía Verón. También le ordenó
recorrer las cuarenta comisarías del distrito, pese a que sólo
dos de ellas están habilitadas para alojar menores. Bigalli respondió
en un escrito que esas directivas eran ilegales y constituían órdenes
más “propias de un estado de policía”. Agregó
que no estaba dispuesto “a consentir o tolerar la neutralización
del servicio” y puso en duda la buena fe del fiscal general a partir
de sus “plurales y ostensibles confusiones conceptuales”.
La orden de recorrer comisarías está dirigida a todos los
asesores de incapaces del distrito, lo cual le da un aire de aparente
generalidad, salvo por un detalle: luego de la jubilación de dos
de sus colegas, cuyas vacantes fueron ocupadas por fiscales, el único
asesor de menores de San Isidro es Bigalli. Por su tarea como responsables
de las investigaciones criminales, los fiscales ya tienen la obligación
de recorrer todas las comisarías. Por razones obvias, el asesor
de menores sólo es responsable por los detenidos menores y en San
Isidro sólo las comisarías de Las Lomas y La Lonja están
habilitadas para alojar niños. Nunca se encontró a un menor
detenido en comisarías para mayores, lo cual deja en claro que
el objetivo del fiscal general es que el defensor malgaste en tareas ajenas
a su competencia más de la mitad de sus días hábiles.
Bigalli respondió que ninguna norma facultaba al fiscal general
para darle instrucciones, dada la separación prevista en la ley
de Ministerio Público del servicio de defensa pública, para
reforzar la “igualdad entre los roles de acusación y defensa
y evitar al mismo tiempo la interferencia y presión política
sobre su carácter técnico”. Subordinar un defensor
de niños pobres al órgano que coordina y dirige a los fiscales
constituiría, además, “una manifiesta discriminación”,
dado que “los niños que cuenten con recursos tendrían
la posibilidad de ser defendidos por un abogado de confianza no subordinado
a órgano alguno”. Bigalli invitó a Novo a denunciarlo
penalmente si considera que tiene alguna responsabilidad por las 636 denuncias
ante “los funcionarios que V.E. personalmente coordina y dirige”,
o bien a iniciarle un sumario administrativo si observa irregularidades.
“Constituiría un honor que propusiera mi sumario administrativo
número 141”, ironiza. “Los 140 anteriores fueron del
entonces juez criminal Osvaldo Miguel Solimine” y también
“se hallaban en escena funcionarios de la agencia policial”.
Solimine fue destituido por un jurado de enjuiciamiento, al comprobarse
que fraguaba allanamientos en complicidad con la policía. Bigalli
solicitó a los fiscales con funciones de asesores de incapaces
que le informaran si encontraban un niño en una comisaría
no habilitada para menores. Novo les ordenó que no cumplieran con
el pedido. El último jueves Novo citó a una reunión
a todos los fiscales y asesores, es decir a todos los fiscales y Bigalli.
Bigalli pidió conocer los motivos por los cuales lo invitaba por
primera vez, los temas y la metodología a tratar. Ante la falta
de respuesta no se presentó. Durante el encuentro, Novo se quejó
por las filtraciones a la prensa. Identificó en forma expresa a
este diario. También ordenó a los fiscales que de inmediato
elevaran a juicio sus causas por apremios ilegales, para contrarrestar
las críticas por las demoras del Ministerio Público Fiscal,
y reclamó que le aportaran elementos para acusar a Bigalli por
falta de colaboración en las investigaciones de los fiscales en
las causas en las que víctimas son menores. La mano dura no se
rinde.
(Informe: Diego Martínez.)
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