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Por
Raúl Kollmann
 La
Junta Electoral Nacional habría ordenado ayer que se abrieran otras
120 urnas de los comicios del 14 de mayo en el distrito porteño.
Es parte de la disputa por la banca de senador entre el candidato que
sacó más votos, Alfredo Bravo, y quien pretende desplazarlo,
Gustavo Beliz. La Junta aceptaría así un pedido de la Alianza
de Centro que considera que puede recuperar más votos y recortar
una distancia que parece indescontable: 2511 votos. Sea como fuere, la
lógica indica que la Junta debería resolver esta misma semana
el diferendo que envuelve, además, una serie de conceptos de la
máxima importancia: si son más importantes los partidos
que los candidatos, cuál es el peso de las listas, el significado
de la palabra “partido” y sobre todo el peso de la voluntad
popular. El caso puede terminar en la Corte Suprema, pero también
podría ser resuelto por el propio Senado en su primera sesión,
el 10 de diciembre.
La fuerza que lidera Gustavo Beliz, Frente Nuevo País, fue la que
ayer informó sobre la apertura de las 120 urnas, una medida que
no fue notificada hasta ahora a los demás partidos. Es que Beliz
quiere ver si puede reducir la diferencia de 2511 votos que ya oficializó
el recuento definitivo hecho por la Junta.
De todas maneras, la gente de Beliz alienta sus esperanzas mayores en
la batalla legal. Argumenta que Bravo consiguió sus votos a través
del ARI y también del Partido Popular Nuevo Milenio, que lideraba
Dante Gullo y que también llevaba a Bravo como candidato.
La disputa legal está en esta situación:
u Hay un fallo de la juez María Romilda Servini de Cubría
que afirma que si dos listas llevan los mismos candidatos, en el mismo
orden, suman los votos conseguidos. Cita fallos anteriores de la Cámara
Electoral Nacional en los que se dice que “quienes votan dos boletas
con los mismos candidatos expresan idéntica voluntad”.
u El argumento de Beliz es que la Constitución, en el artículo
54, sostiene que la banca por la minoría corresponde “al partido”
que consiguió el segundo lugar en la elección. Como Bravo
consiguió sus votos con dos listas, dos partidos distintos, la
gente de Beliz argumenta que la senaduría les corresponde a ellos.
u Lo que Beliz sostiene es que la Constitución tenía como
objetivo privilegiar los partidos a los candidatos, o sea asegurar que
las personas que se postularan para un cargo salgan de una organización
política, no que fueran candidatos con dinero o provenientes del
show business, sin un partido que los auspiciara.
u La gente del ARI recordará en un escrito que se presentará
mañana un párrafo de un fallo del integrante de la Corte,
Augusto Belluscio: “en materia electoral, lo que vale es la voluntad
popular”. Con esto dejan sentado que, obviamente, tanto los que pusieron
el voto del ARI como los que usaron la boleta de Nuevo Milenio, querían
votar a Bravo. Y que por lo tanto corresponde que esos votos se sumen.
En fuentes judiciales se dice que la Junta Nacional Electoral fallaría
esta semana, pero el camino podría estar plagado de apelaciones:
ante la Cámara Nacional Electoral y después todavía
ante la Corte Suprema.
Hay un párrafo de la Constitución en que se menciona que
el Senado es juez de la elección de sus miembros y aprueba los
pliegos de cada legislador electo. Los hombres de Beliz recuerdan que
ese cuerpo tendrá mayoría justicialista, o sea mayoría
del partido de Beliz, pero los de Bravo están seguros –y dicen
haber hablado con los senadores del PJ y la UCR– que se respetará
la votación tal como salió. No vaya a ser que el nuevo Senado,
elegido por primera vez por votación directa de los ciudadanos,
debute el 10 de diciembre con un escándalo de proporciones.
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