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 Tras
la decisión política que parece irreversible, el destino
del Censo Nacional de Población quedó en manos de las autoridades
de cada distrito, cuya misión es garantizar, contra reloj, el reemplazo
de los docentes que no participarán del relevamiento. Según
las autoridades del INDEC, la situación en los distritos más
comprometidos –Capital Federal, Río Negro y Tierra el Fuego–
estaría controlada, pues se logró una buena respuesta de
los empleados públicos y estudiantes universitarios. Las autoridades
porteñas y bonaerenses coincidieron en que no se convocará
a los centenares de desocupados que se presentaron como voluntarios para
realizar del censo.
En la Ciudad de Buenos Aires, los empleados públicos dependientes
del gobierno porteño tienen tiempo hasta hoy para responder a la
convocatoria. “Los requisitos que se exigen es que sean personal
de planta y que tengan estudios secundarios completos”, explicó
a este diario el director de Estadística y Censos, Martín
Moreno. La convocatoria se extendió a la Universidad de Buenos
Aires, en particular, a las facultades de Ciencias Sociales, Filosofía
y Letras y Ciencias Económicas.
Por su alto nivel de sindicalización, la Ciudad de Buenos Aires
es uno de los distritos más afectados por el rechazo de los maestros.
Para cumplir con el censo, estaba prevista la participación de
36.000 censistas, en su gran mayoría docentes. También intervendrán
empleados de la Secretaría de Promoción Social y la Comisión
Municipal de la Vivienda, quienes van a censar las villas de emergencia
y las casas tomadas.
Con la convocatoria a empleados públicos, las autoridades buscan
reproducir la estructura jerárquica de los docentes: el jefe de
una dependencia cumplirá la función de centralizar la información,
asignada a los directores de escuela. Los voluntarios fueron descartados
por una cuestión de seguridad. “No podemos abrirle la puerta
de 40 hogares a una persona que no conocemos y no tenemos bajo control”,
dijo Moreno a Página/12.
En Tierra del Fuego se logró suplir la deserción masiva
de docentes con empleados públicos, pero faltaban instructores.
En Río Negro, en tanto, había problemas en General Roca
y Viedma, pero la situación era “controlable”, según
la directora de Recursos Humanos del INDEC, Ana Edwin.
Aunque no figura oficialmente entre los distritos problemáticos,
la provincia de Buenos aires es, por extensión y cantidad de población,
un lugar crítico. Requiere de 150.000 censistas, de los cuales
el 96 por ciento son maestros. Según la directora de Estadística
Social, Miriam Grozonic, el nivel de deserción oscila entre el
5 y el 10 por ciento. Para cubrir ese vacío, adelantó, fue
convocado personal de los distintos municipios y, además, empleados
de reparticiones nacionales como el Banco Nación, el INTA y la
Anses, entre otros. También se convocó a docentes y estudiantes
de universidades, como la de Mar del Plata, Tres de Febrero y Morón.
“También estamos convocando a docentes jubilados y a otros
que aún no ingresaron a la actividad y están en lista de
espera”, añadió la funcionaria.
“Recursos humanos no faltan, lo que no es fácil es capacitarlos
bien en tan poco tiempo”, admitió Grozonic, poco acostumbrada
a preparar censistas en 48 horas. La funcionaria sostiene que hubiera
sido imposible postergar el censo porque “a fines de noviembre los
docentes tienen las tareas propias del fin del ciclo lectivo, a partir
de diciembre el calor es muy intenso, y en marzo habría que preparar
a todos los censistas de vuelta”.
Los trabajadores del INDEC nucleados en ATE advirtieron, en cambio, que
con la realización del censo en estas condiciones “se pone
en serio riesgo la probidad de los datos a obtener”. “La decisión
del Gobierno parece más un intento de derrotar la lucha docente
a costa de desdibujar y rebajar la calidad del operativo censal”,
concluyeron.
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