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Por Adriana Meyer
 En los últimos días,
los operadores del menemismo están transitando la Justicia como
si anduvieran por “Feliz Domingo” probando cuál es la
llave de la felicidad, o al menos de la liberación de sus máximos
líderes. Mientras la Corte Suprema se toma su tiempo antes de excarcelar
al ex asesor presidencial Emir Yoma, el juez Julio Speroni resolvió
“declarar oficialmente que la Justicia en lo penal económico
(a la que pertenece) es la única competente para continuar entendiendo
e investigando” las causas por la venta ilegal de armas al exterior,
en las que está imputado el ex presidente Carlos Menem y varios
de sus ex ministros. Hace tres semanas la sala II de la Cámara
Federal pidió la unificación en el fuero federal de los
tres expedientes que investigan los mismos hechos. Los camaristas le hicieron
saber a Speroni que debía apartarse y el magistrado coincidió
con la necesidad de unificar las causas pero para que se acumulen en su
juzgado y no en el de Jorge Urso, como pretende la sala II. Redoblando
la apuesta, solicitó a Urso que se inhiba y decidió no suspender
su investigación, en la que está a punto de resolver la
situación procesal de Carlos Menem y de Emir Yoma. Y allí
puede estar un reaseguro para el menemismo, si les dicta la falta de mérito,
que se sumaría a las buenas noticias que les preparan en el Alto
Tribunal. Sin embargo, que Speroni quiera todos los expedientes no significa
que automáticamente los obtenga.
Este anuncio de Speroni ocurre en un momento preciso: la Corte demoró
su decisión sobre la prisión preventiva de Yoma, en la que
cuestionarán la figura de organizador de la asociación ilícita
por la cual Urso ordenó detenerlo. Ese fallo repercutirá
en forma directa en la situación de Menem, preso como jefe de esa
misma banda. Además, la fuerte reivindicación de competencia
hecha por Speroni tiene lugar a pocos días de la definición
de la situación procesal del ex presidente y su ex cuñado,
a quienes indagó el 6 y 7 de noviembre, respectivamente.
“Menem no quiso decir una palabra ante Urso, y al salir de la indagatoria
habló mal de ese juzgado, mientras que sí aceptó
ser interrogado por Speroni y sus abogados derrochan elogios hacia ese
juez”, observó el abogado denunciante de la causa madre Ricardo
Monner Sans. Sin arriesgar un pronóstico sobre la posición
que adoptará Speroni, el letrado recordó que en el fuero
penal económico hay antecedentes de iniciativas simpáticas
a los intereses del menemismo, como el intento de trasladar a la Corte
Suprema la investigación de los casos de venta de armas. Y también
es relevante rememorar que Speroni ya le dictó la falta de mérito
al imputado ministro de Economía Domingo Cavallo.
Seguramente la cuestión se dirimirá en la Cámara
de Casación. Una alta fuente que conoce a fondo esta batalla judicial
aseguró ayer a Página/12 que Speroni no hubiera actuado
con tanta firmeza sin tener señales concretas de que ese tribunal
lo respaldará. Pero mientras tanto, Urso posee la palabra y no
tiene ninguna intención de apartarse del caso. Antes de responder
sobre la cuestión de fondo, el magistrado le pediría a su
par de penal económico que precise todos los antecedentes de los
fundamentos. Speroni habría omitido un detalle importante: el defensor
oficial Gustavo Kollmann, que patrocina a Néstor Stancanelli, ex
representante del Ministerio de Economía en la Comisión
Nacional de Control de Exportaciones Sensitivas y de Material Bélico,
estaría dispuesto a apelar su resolución. De todos modos,
al tener la palabra también puede manejar los tiempos, por lo tanto
la resolución del juzgado federal 8 podría estar lista recién
en febrero, después de que se expida el fiscal Carlos Stornelli.
Y mientras tanto, Urso sigue acumulando pesadas pruebas contra Menem y
Yoma, vinculadas a las nuevas revelaciones en la ruta del dinero. En el
fuero federal saben que juegan sus últimas cartas y hasta imaginan,
esperanzados, que alguno de los imputados rompa el silencio y confiese.
En su resolución, Speroni argumentó que todas las causas
por el envío de armas al exterior deben quedar a su cargo porque
el presunto contrabando agravado de 230 toneladas de pólvora a
Croacia que él investiga es lafigura penal que “atrae”
a los otros ilícitos comprendidos en esa maniobra. Y agregó
que ese delito tiene una pena máxima mayor, 12 años, que
la asociación ilícita. Ese dato también es determinante
al momento de resolver la competencia en disputa. La sala II lo había
admitido pero consideró que “ninguna duda cabe que es el fuero
criminal y correccional federal el que se encuentra investigando con mayor
amplitud las maniobras desplegadas”.
LA
CORTE DECIDE SOBRE EMIR
Suspenso supremo
La Corte Suprema postergó
la firma de la resolución con la que habilitará la liberación
de Emir Yoma y, en un tiempo más, la de Carlos Menem, en la causa
en la que se investiga la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia. Es
porque no todos los supremos tenían ayer sus votos listos. De todos
modos, seis de ellos se pronunciarían a favor del ex cuñado
presidencial. No todos utilizarán, sin embargo, los mismos argumentos.
El fallo podría salir entre esta semana y la próxima, pero
lo cierto es que la Corte ya ha dejado trascender el resultado, con lo
cual el mensaje “político” está dado. Justo ayer
el juez en lo penal económico Julio Speroni, en quien los menemistas
dicen tener confianza, le reclamó al juez federal Jorge Urso que
le envíe el expediente en el que procesó a Yoma como organizador
y a Menem como jefe de la asociación ilícita que habría
operado en la venta de armas, para unificarlo con el suyo, en el que investiga
el delito de contrabando agravado y aún no definió situaciones
procesales.
En el alto tribunal, al menos el ministro Augusto Belluscio pidió
más tiempo para redactar su voto. Tanto él como Antonio
Boggiano se inclinarían por decir que en el expediente no hay pruebas
de que haya existido una asociación ilícita para la venta
de armamento. Julio Nazareno, Eduardo Moliné O’Connor, Adolfo
Vázquez y Guillermo López dirían directamente que
no hubo asociación ilícita alguna. Enrique Petracchi y Gustavo
Bossert seguramente dirán que primero tiene que intervenir la Cámara
de Casación. Carlos Fayt se plegaría a ese argumento.
Una vez que la Corte falle, la liberación de Yoma no será
instantánea. Deberá emitir una nueva resolución la
Cámara Federal. Probablemente lo haga la Sala I de ese tribunal,
puesto que la Sala II fue la que confirmó el procesamiento –cuestionado
ante el máximo tribunal– del ex asesor de Menem. En cuanto
al ex presidente, aún lo camaristas no resolvieron si confirman
su procesamiento como jefe de una asociación ilícita. Al
respecto, la Corte también tiene que resolver un pedido de “pronto
despacho” presentado por los abogados de Menem. Pero si la resolución
sobre Yoma dice que no hubo asociación ilícita, el ex mandatario
podrá pedir directamente su excarcelación.
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