Por Raúl
Kollmann
El juicio oral del caso AMIA
produce cada día más novedades y sobre todo más
maniobras fuera del recinto que dentro del ámbito de las
audiencias del proceso. Ayer se dio a conocer el resultado de un peritaje
preliminar de la Gendarmería según el cual se había
determinado que el motor tiene rastros de explosivo y que por lo tanto
quedó comprobada la existencia del coche-bomba. Consultados por
Página/12, los responsables de esa fuerza señalaron que
no hay informe preliminar alguno, que ni siquiera se escribió un
borrador y que recién se está haciendo el análisis
de gran parte de los restos de la Trafic encontrada entre los escombros
de la AMIA. Ninguna de las partes involucradas en el caso ni fiscales
ni querellantes ni acusados dudaron hasta iniciarse este juicio
de la existencia del coche-bomba, pero en las últimas semanas hubo
algunos intentos de poner la cuestión en el centro de la escena.
La lógica es que el peritaje de la Gendarmería confirme
que el motor de la camioneta estuvo en la explosión, pero hasta
el momento sólo se agitan estudios fantasmales.
A pesar de que el juicio se inició hace casi un mes y medio, lo
cierto es que hay dos peritajes que tendrán importancia en todo
el desarrollo y que tienen un valor agregado, porque fueron encargados
por el Tribunal Oral, no por el juez Galeano:
u A la Gendarmería se le ordenó un estudio sobre el motor,
tratando de determinar si estuvo o no en la explosión.
u A ingenieros del Ejército se les encargó un peritaje sobre
cómo fue la explosión, si la bomba estuvo en la camioneta,
en el volquete o dentro mismo de la AMIA. Este estudio todavía
puede tardar dos meses más.
En la investigación realizada por el juez Galeano hay seis peritajes:
u La Policía Federal sostuvo que se utilizó la Trafic como
coche-bomba.
u El comandante retirado de la Gendarmería, Osvaldo Labroda, trabajando
para la AMIA, llegó a la misma conclusión, con algunas diferencias
menores.
u Hubo un estudio norteamericano que ratificó lo anterior y después
el FBI, que revisó toda la causa, se inclinó por el mismo
diagnóstico.
u La agencia alemana suscribió lo hecho por sus colegas.
u Los investigadores israelíes también concluyeron lo mismo.
u Los periodistas Raúl García y Héctor Maquiavelli
hicieron estallar una Trafic para ver si los restos se correspondían
con los encontrados en los alrededores de la AMIA. La conclusión
fue que efectivamente coincidían. Después ambos periodistas
hicieron estallar un volquete, que quedó totalmente fragmentado,
con lo que habrían demostrado que la bomba no pudo estar en el
volquete colocado frente a la AMIA que terminó totalmente doblado,
pero no fragmentado.
Pese a todos estos estudios, el Tribunal Oral integrado por Gerardo Larrambebere,
Miguel Pons y Guillermo Gordo igualmente ordenó dos peritajes más.
Los magistrados quieren tener sus propias conclusiones y por supuesto
no faltan quienes dicen que los peritajes existentes estuvieron todos
condicionados, por un lado, por el juez Galeano que quería confirmar
sus conclusiones y por otro lado por gobiernos como el argentino, el norteamericano
y el israelí interesados en ratificar que hubo un coche-bomba y
que, por lo tanto, el atentado tuvo origen islámico, más
precisamente iraní.
Ayer, una fuente ligada a alguno de los querellantes además,
obviamente cercana a Galeano hizo trascender que la Gendarmería
presentó un preinforme preliminar en el que se confirman todas
las conclusiones surgidas de la investigación hecha por el juez.
Es más, se menciona que el estudio ratifica que se usaron 300 kilos
de amonal, cuando la Gendarmería no es eso lo que está analizando
sino otra cosa diferente: si el motor estuvo o no en la explosión.
En esa materia, se hizo trascender que el peritaje ratifica que el motor
efectivamente tiene rastros de amonal, el explosivo con el que se voló
la AMIA, lo que indicaría que el motor no fue arrojado entre los
escombros como una forma de sembrar una pista falsa hacia Carlos
Telleldín y los policías acusados sino que efectivamente
fue parte de la explosión.
Este clima de trascendidos, informes falsos, desmentidas posteriores,
difusión de escuchas telefónicas que no se relacionan directamente
con el caso y otras maniobras ejemplifica lo que está ocurriendo
en el juicio oral: unos tratan de imponer la investigación oficial,
cueste lo que cueste, y los otros la desacreditan en su totalidad, aunque
tenga algún dato cierto.
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