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Por Julio Nudler
 Aunque algunos (muy selectos)
contribuyentes afectados pusieron el grito en el cielo, el proyectado
Impuesto Especial a las Ganancias, con una alícuota del 10 por
ciento sobre las altas rentas, ni siquiera alcanzará para que la
Argentina grave por un solo año los beneficios como lo están,
en promedio y de modo permanente, en los países ricos, que integran
la OCDE. El eventual padrón de los pescados en la red del nuevo
tributo es superexclusivo: apenas 270 empresas y 250 individuos, aunque
entre estos últimos será más fácil encontrar
a un Carlos Bianchi o a un Marcelo Tinelli que a ningún verdadero
gran capitalista. Es que este gravamen, al igual que el impuesto a las
Ganancias, sobre el cual se apoya, percute sobre la “renta ganada”,
que es como los tributaristas denominan a la que se obtiene merced a algún
esfuerzo personal, como el de Susana Giménez animando o el de Ariel
Ortega gambeteando, y no sobre la “renta pasiva”, que es la
que se consigue sin trabajar, como fruto de colocaciones financieras,
y que en la Argentina sigue exenta. En todo caso, teniendo en cuenta la
recaudación que Economía espera, los ricos y famosos que
resulten gravados deberían pagar, en promedio, 225 mil pesos cada
uno, lo cual significa que ganan diez veces eso por año, o 187.500
pesos por mes, ingreso que seguramente se merecen. Con ese rédito,
tales personas probablemente vivan como en el Primer Mundo, aún
mejor, pero con la suerte de disfrutar de un régimen tributario
regresivo como el argentino.
En este sentido, aunque este impuesto especial vendría a atenuar
temporariamente la regresividad fiscal, respeta aspectos claramente retrógrados
del sistema: no sólo acata la eximición de las rentas financieras
y las ganancias de capital (beneficios eventuales), sino que emplea ese
mismo criterio para integrar la nómina de los afectados. En este
sentido, sólo toma en consideración la renta neta imponible
de un individuo, y excluye la exenta. Por ende, si un Sandro o un Guillermo
Cañas, como meros ejemplos supuestos y fortuitos, ganaron o ganan
800 mil anuales con sus artes, pero recolectaron además otro tanto
como producto de plazos fijos, acciones y bonos, este segundo ingreso
no contaría para este impuesto, ni siquiera a los fines del empadronamiento.
Alguien que haya ganado el anteaño o el año pasado, o gane
en éste, un millón un pesos en términos netos, por
los primeros $ 120 mil deberá pagar, según el vigente impuesto
a las Ganancias, 28.500 pesos, y, por los restantes 880.001, otros 308
mil, totalizando así 336.500 pesos. Ahora, de aprobarse la nueva
gabela especial, tendrá que contribuir a la AFIP con otros cien
mil, con lo cual su desembolso total será de 436.500 pesos. Es
decir, un 43,7 por ciento de su renta neta imponible. En España,
cuya tasa marginal coincide con el promedio de la OCDE, pagaría
como cosa normal 480.000 dólares, sin necesidad de que las Cortes
voten un tributo extra. En Holanda le iría peor: tendría
que dejar en la real caja impositiva 600 mil. Por algo se la ve siempre
tan sonriente a Máxima.
Algo que puede reprochársele al proyecto es su carácter
retroactivo: caerse en noviembre con un impuesto adicional sobre lo ganado
en el año que está a punto de finalizar altera los cálculos
del contribuyente. Pero están seguramente peor los empleados públicos
y los jubilados que de buenas a primeras sufrieron un recorte en sus estrechos
haberes, para el cual tampoco pudieron prepararse. En todo caso, los destinatarios
del tributo especial en ciernes todavía podrán manipular
sus declaraciones impositivas del 2001, si no le temen a Rodríguez
Larreta, para tributar sobre una base inferior. De hecho, una persona
que haya ganado más de un millón en 1999 o 2000, o una empresa
cuyas utilidades netas hayan superado los cinco millones en cualquiera
de esos ejercicios, serán sujetos de este impuesto a estrenar,
pero determinarán el monto a ingresar de acuerdo a lo que juren
haber ganado en el año actual.
DICTAMEN
A FAVOR DEL 10% ADICIONAL EN GANANCIAS
Economía lo mira con cariño
Por Cledis Candelaresi
Superando sus propias disidencias,
el bloque de diputados de la Alianza consiguió anoche un dictamen
de mayoría a favor del proyecto que grava con una alícuota
excepcional del 10 por ciento las ganancias netas de más de 1 millón
de pesos, para personas físicas, y más de 5 millones, para
las empresas. La iniciativa promovida por los oficialistas Horacio Pernasetti
y Darío Alessandro podría ser tratada en el recinto dentro
de dos semanas, si el fuerte lobby de las 270 empresas involucradas no
consigue abortarlo antes, presionando a través de los propios funcionarios
del Poder Ejecutivo que aún dudan sobre su conveniencia.
“Si a raíz de una situación de emergencia se recortaron
salarios y jubilaciones, ¿cómo no vamos a poder recortarle
la renta a los que más ganan?”, justificaban ayer ante este
diario los promotores del proyecto, que también habría ganado
el aval de Economía. A ese argumento político, el secretario
de Ingresos Públicos, José María Farré, sumó
otro técnico: a diferencia de los gravámenes que se intenta
eliminar con los planes de competitividad, aquella alícuota excepcional
no impactaría en los costos. Encima, podría reforzar las
debilitadas arcas públicas en alrededor de 1000 millones de pesos.
El propio Farré desmenuzó el martes por la tarde ante los
diputados de la Comisión de Presupuesto y Hacienda las perspectivas
de recaudación, informe interpretado como un respaldo de Economía
a la iniciativa. Sin embargo, algunos gobernadores y el jefe de Gabinete,
Chrystian Colombo, advirtieron al Parlamento que esto podría generar
la reacción adversa de las empresas involucradas, empezando por
Repsol YPF.
Junto a otras varias privatizadas, la petrolera es una de las principales
candidatas a ser gravada y por eso se ocupó de hacer saber que
en caso de tener que realizar un aporte adicional en concepto de Ganancias
podría negarse a canjear las Lecop por efectivo, tal como esperan
ávidamente varios estados del interior. Colombo y el vocero de
la Presidencia, Juan Pablo Baylac, sugirieron hasta la posibilidad de
un eventual veto, en caso de que la polémica ley vea la luz.
No hay dudas de que las privatizadas, entre otras grandes, serían
alcanzadas por la alícuota excepcional. Pero el universo de sujetos
imponibles está conformado por aquellas personas y empresas que
hubieran obtenido utilidades netas por encima de aquel mínimo durante
alguno de los ejercicios 1999 ó 2000, o las obtengan en el 2001.
La alícuota complementaria, sin embargo, se aplicará sobre
las utilidades netas del 2001 y el 2002.
En el Parlamento circuló el rumor de que el proyecto fue fogoneado
por el propio Domingo Cavallo, versión que los legisladores firmantes
desmienten. Alessandro, titular de la bancada oficialista, asegura que
fue una idea legislativa, motivada por la necesidad de aportar recursos
al próximo presupuesto y evitar otros impolíticos recortes,
como la supresión de asignaciones familiares a quienes ganan entre
1000 y 1500 pesos. Con la excepción de la diputada Cristina Kirchner,
el PJ firmó el dictamen en disidencia.
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