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Por Victoria Ginzberg
 El vicecomodoro Oscar Rubén
Jerez figura entre los aviadores propuestos para ser ascendidos. Pero
su pliego deberá sortear un escollo en la Comisión de Acuerdos.
La diputada Marcela Bordenave y el senador electo Alfredo Bravo lo denunciarán
hoy ante la Justicia por haber violado la Ley de Defensa Nacional ya que
descubrieron que en 1993 hizo trabajos de inteligencia interna. No es
el único miembro de la Fuerza Aérea que debería tener
problemas en ser promovido. El también vicecomodoro Salvador de
San Francisco Ozan figura entre quienes fueron procesados luego de que
Página/12 revelara que diez periodistas habían sido espiados
por la Aeronáutica.
Según un documento que recibió en su despacho Bordenave,
en 1993, el entonces mayor Jerez –jefe Regional de Inteligencia Litoral–
solicitó una “orden de búsqueda estrictamente confidencial
y secreta” en la que pedía información sobre tres personas.
Al militar le interesaba saber el “concepto que gozan las interesadas
(aspecto moral, ideológico y social); la ocupación que desarrollan
o desarrollaron anteriormente; vinculaciones significativas; integrantes
del grupo familiar, ocupación, medios de vida y toda otra información
de interés”. Sobre una de estas personas, también se
ordenó realizar “ambiental”, es decir, en la jerga de
los espías, hacer un seguimiento pormenorizado. Bordenave y Bravo
denunciarán a Jerez por violar la ley de Defensa, que en su artículo
19 establece que “las cuestiones relativas a la política interna
del país no podrán constituir en ningún caso hipótesis
de trabajo de organismos de inteligencia militares”.
Ozan, que fue jefe de la Regional de Inteligencia porteña, también
realizó tareas de espionaje penadas por la ley. El vicecomodoro
propuesto para convertirse en comodoro fue procesado en marzo del año
pasado por investigar a diez periodistas, y a la ONG de Mujeres Agropecuarias
en Lucha. Los periodistas espiados habían escrito notas relacionadas
con la seguridad y la privatización de los aeropuertos. Cuando
fue interrogado por el juez Gabriel Cavallo, Ozan declaró que el
organismo a su cargo “normalmente busca información relacionada
al estado anímico de la familia aeronáutica”. Ozan,
junto con los otros cinco imputados había sido pasado a disponibilidad
y sancionado con un mes de suspensión. Ahora, la Fuerza Aérea
lo quiere premiar.
Desde que los marinos Antonio Pernías y Juan Carlos Rolón
reconocieron en el Senado que habían utilizado la tortura, los
pliegos de los militares son revisados por la subsecretaría de
Derechos Humanos y las ONG del área, que aún están
elaborando sus informes. Los miembros del Ejército quisieron apropiarse
de la información que los comprometía y este año
hicieron una presentación de hábeas data ante el CELS, la
APDH y la subsecretaría. Pero esta solicitud les trajo más
problemas que satisfacciones ya que Página/12 reveló que
el abogado Juan Torres Bande que patrocinó las presentaciones era
el apoderado del partido neonazi Nuevo Triunfo.
La revisión de los pliegos se convirtió en la única
forma de impedir la promoción de los militares que participaron
de la represión ilegal pero no fueron condenados debido a que se
beneficiaron por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Pero los
organismos de derechos humanos impugnan también a quienes tuvieron
una actuación cuestionada en democracia. La última palabra
la tienen los senadores.
PRESENTACION
ANTE LA CIDH
Por la extradición
Por V.G.
La Asociación de Ex Detenidos
Desaparecidos, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos
y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre presentaron un escrito
ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para impedir
que el Gobierno argentino trabe el pedido de extradición contra
18 represores realizado por el juez español Baltasar Garzón.
“Tenemos fundados temores de que el Gobierno no gire a la Justicia
Federal argentina el mencionado expediente y rechace en forma directa
el pedido de extradición, aduciendo que en estos casos debería
imperar el principio de territorialidad, tal como se pronunciara en casos
anteriores”, afirmaron Arturo Blatezky, José De Luca, Graciela
Daleo, Adriana Calvo y Graciela Rosenblum en el escrito que fue patrocinado
por el abogado Rodolfo Yanzón. Los peticionantes hicieron alusión
a la actitud de la Cancillería cuando se recibió una solicitud
similar de Italia respecto al represor Alfredo Astiz y a un pedido de
colaboración de la justicia alemana. Ambos papeles fueron desestimados
por el Ministerio de Relaciones Exteriores sin permitir que se expida
la Justicia. Los tres organismos de derechos humanos quieren que ahora
intervenga la CIDH para que esto no se repita.
A fines de agosto pasado, Garzón reclamó el arresto de 18
personas -doce represores de la Escuela de Mecánica de la Armada
(ESMA) y seis de la provincia de Santa Fe– por los delitos de “terrorismo
desarrollado en base a múltiples muertes, lesiones, detenciones
ilegales, secuestros y desaparición forzada de personas; y genocidio”.
Los acusados se fueron entregando a la Justicia y fueron beneficiados
con la excarcelación, menos el ex policía Eduardo Ramos
y el ex juez federal Víctor Brusa. Ambos recuperaron la libertad
la semana pasada, luego de que pasaran cuarenta días sin que el
juez argentino Gabriel Cavallo recibiera el pedido formal de extradición.
Este llegó a la Cancillería sólo unas horas después
de que los acusados salieran de la cárcel, pero el juzgado aún
no lo recibió. Actualmente la solicitud de Garzón está
siendo estudiada por el Gobierno, que defiende a ultranza el principio
de territorialidad. Los organismos de derechos humanos reclaman que sea
la Justicia la que se pronuncie sobre la extradición y que si los
represores no son llevados a España, sean juzgados en Argentina.
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