|
Por Felipe Yapur
 Las instituciones públicas,
el régimen financiero, los principales actores políticos,
empresarios y bancarios, y su articulación en “un sistema
paralelo creado al servicio de la especulación, la concentración
y la rapiña”, representan el núcleo de “la matriz
del Estado mafioso” y que quedó plasmado en el informe final
que presentó ayer la presidenta de la comisión antilavado,
Elisa Carrió. Los diputados que acompañan el trabajo sostienen
que esta arquitectura paralela, cuyos “responsables políticos”
serían, entre otros, el ex presidente Carlos Menem, su ex secretario
Alberto Kohan, el ministro Domingo Cavallo y el jefe de Gabinete, Chrystian
Colombo, tuvo como “garante de la impunidad” a la Corte Suprema
de Justicia. “Nuestra lucha no concluye con este informe, sino que
continuará aun a riesgo de nuestras propias vidas”, sintetizó
Carrió poco después de presentar su trabajo en la Cámara
de Diputados.
“Menem y Cavallo compartían los mismos negocios ilícitos”,
fue la explicación elegida por Carrió para sentar una tesis:
cada negocio remitía, muchas veces en paralelo, por vía
de sus funcionarios propios, al entonces Presidente y el entonces superministro
de Economía.
El documento, de algo menos de 400 páginas, lleva la firma de otros
tres miembros de la comisión, Graciela Ocaña (ARI), Gustavo
Gutiérrez (Demócrata) y José Vitar (Frepaso). El
trabajo incluye además un extenso anexo donde se ofrecen las pruebas
y documentación oficial que dan cuenta de sus afirmaciones.
La presentación, notablemente más ordenada que aquella del
10 de agosto cuando se dio a conocer el informe preliminar, incluyó
una sintética descripción del material recopilado y las
conclusiones a las que se arribaron.
El informe Carrió es, como ella misma se encargó de remarcarlo,
minoritario pero al mismo tiempo el que más adhesiones cosechó.
Del resto de los integrantes hay tres despachos más. Los radicales
Horacio Pernasetti y Margarita Stolbizer presentarán su trabajo
recién la semana que viene. El de los justicialistas Carlos Soria,
Cristina Kirchner y Franco Caviglia aún no tiene fecha. En tanto
que el menemista Daniel Scioli ya hizo circular el suyo.
El trabajo de Carrió se centró en la investigación
de los diferentes tipos de ilícitos que generaron dinero sucio
en los últimos 15 años y cómo este capital se lavó
en cuentas de bancos norteamericanos previo paso a través de bancos
máscaras, cuentas negras y compañías financieras
off shore vinculados a bancos de titulares argentinos. En segundo lugar,
los legisladores analizaron cómo el dinero sucio proveniente de
actividades ilícitas, sobre todo narcotráfico, fue lavado
por medio de bancos con autorización del Banco Central. Y por último
investigaron qué tipo de inversiones se realizaron en el país
con estos fondos ilegales.
Para explicar la “matriz del estado mafioso”, los legisladores
buscaron discriminar, en el capítulo primero, los casos de lavado
que ocurrieron a partir de hechos ilícitos cometidos en el país
y de los que sucedieron fuera de la Argentina. Para el primer grupo se
apoyaron en la descripción de cuatro casos considerados paradigmáticos:
IBM-Banco Nación; Armas; Mafia del Oro y el caso Raúl Moneta-Jaime
Luccini.
En el primero de estas causas –IBM-Nación–, el informe
sostiene que los funcionarios públicos que aparecen involucrados
están relacionados con el ex presidente Menem y con el entonces
ministro Cavallo. Dicen además que la empresa por donde circuló
el dinero sucio pertenecía a un funcionario de la Secretaría
General de la Presidencia, vinculado a quien por ese tiempo ostentaba
el cargo, Alberto Kohan. Y que el banco donde se depositó esa plata
fue el Banco General de Negocios, “algunos de cuyos directores se
encuentran estrechamente relacionados a Cavallo, José Rohm y David
Mulfdord”. Asimismo, destacan que esta entidad hizo circular eldinero
por diferentes bancos extranjeros e incluso por el Federal Bank, el banco
cáscara perteneciente al menemista Raúl Moneta.
En el caso de Armas, los legisladores destacan entre los principales responsables
políticos, además de Menem y Cavallo, a los entonces ministros
de Defensa, Erman González y Oscar Camilión. En este punto,
remarcan que aportaron al fiscal de la causa, Carlos Stornelli, extractos
de una cuenta bancaria por donde circuló el dinero sucio.
La causa denominada Mafia del Oro incluye un detallado listado de las
empresas y sociedades que fraguaron la importación de este mineral.
Sobresale Handy & Harman, a la que le achacan la redacción
de cartas que le remitieron a Cavallo y “donde describía cómo
debían redactarse las resoluciones ministeriales” para la
realización de transacciones comerciales. También hay un
apartado para los bancos que participaron de la maniobra. Los más
importantes son el Baires, Credit Suisse y el MTB Bank of New York.
Los casos Moneta y Luccini fueron incorporados porque demuestran la forma
en que se canalizó el dinero a través de compañías
off shore, algunas de las cuales sirvieron para la participación
en grandes empresas como el CEI.
El informe tiene además un capítulo destinado a describir
las operaciones de lavado cometidas fuera de la Argentina y cuyas ganancias
fueron invertidas en el país. Aquí, los legisladores citan
el caso BCCI. “Esta es la causa madre”, según lo definió
Carrió porque a través de este banco se habría buscado
“lavar dinero proveniente del terrorismo, el tráfico de armas,
la prostitución, la evasión impositiva, el contrabando y
el narcotráfico”. Los diputados aseguran que “el soborno”
fue la estrategia clave en la operatoria de este banco. Y a manera de
ejemplo citan los “pagos corruptos” a funcionarios del BCRA
durante el gobierno de Raúl Alfonsín con el único
objetivo de obtener la autorización para operar. También
aseguran que está acreditada la relación entre Gaith Pharaon,
titular del BCCI, y Kohan: “se hacían llamar socios”,
indicó Carrió.
Además del modus operandi, el informe hace hincapié en la
gravedad de la presencia de este banco en el país al recordar el
documento que preparó la Asamblea Francesa el 10 de octubre pasado,
donde da cuenta de la vinculación del BCCI con el grupo saudita
de Osama Bin Laden.
En este título no sólo aparecen los nombres de Pharaon,
Menem y Kohan. También nombran al traficante de armas Monzer Al
Kassar, quien consiguió la ciudadanía argentina en Mendoza
a través del juez Walter Rodríguez y el actual Procurador
General de la Nación, Nicolás Becerra.
Las inversiones con fondos provenientes de carteles del narcotráfico
Cali, Medellín y Juárez, es otro de los capítulos
del informe presentado ayer. Aquí aparece el nombre del titular
de Mercado Abierto, Aldo Ducler. Un hombre que tiene en su curriculum
el haber sido asesor de Ramón Ortega y ex secretario de Hacienda
de la dictadura en la misma época que Cavallo.
Los legisladores dan por acreditado que el cártel de Juárez
depositaba dinero del narcotráfico en la cuenta que un banco máscara,
el MABank, tenía en el Citibank de Nueva York.
Otro de los casos denominados paradigmático por los legisladores
es el que involucra al Grupo Yoma. Lo utilizan para ejemplificar la forma
en que las autoridades políticas favorecieron a sus amigos y parientes
con dineros de los bancos estatales. “Esto ocurría mientras
quebraban pequeños productores por falta de acceso a los canales
de financiación”, dijo Ocaña durante la conferencia
de prensa. Y se refería no sólo a lo que ocurrió
durante el gobierno de Menem, sino a los que “continuaron durante
la presidencia de Fernando de la Rúa, cuando era presidente del
Banco Nación el actual jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, ex
presidente de MacroValores, del Grupo Macro, de fuertes relaciones con
el partido radical y uno de cuyos principales clientes fue Emir Yoma”.
Este sistema paralelo que aún funciona, según los diputados,
se generó a partir de fallas que hay en la legislación pero
también fruto de “la corrupción y el financiamiento
privado de los partido políticos”. Este sistema, concluye
el trabajo, salió a la luz también por algunas fallas. “El
develamiento de la verdad fue posible gracias a que los actores políticos
o financieros, por exceso de narcisismo u ostentación indebida
del dinero mal habido, hicieron que la omertá tuviera las rajaduras
necesarias para develar el corsi e ricorsi de una matriz ilegal y en muchos
casos criminal que une a varios de sus actores, tanto del sector privado
como del sector público”.
|
La posición
de la UCR
Los radicales Horacio Pernasetti y Margarita Stolbizer también
redactaron un dictamen en minoría, que sin embargo todavía
no difundieron completo. Si en algo coinciden con el informe Carrió
y el trabajo de Scioli es en reclamar la puesta en funcionamiento
de la Unidad de Información Financiera (UIF). “Pese
a la promulgación y reglamentación de la misma hace
aproximadamente 18 meses, aún se encuentra pendiente la designación
de sus miembros”, reprochan los diputados. Como se ve, la opinión
de la mayoría de los integrantes de la Comisión es
que el Gobierno está muy lejos de mostrar una fuerte decisión
política de combatir el lavado de dinero.
Pernasetti y Stolbizer hacen una segunda crítica al Poder
Ejecutivo: la de que está promoviendo la repatriación
de capitales sin pedir explicaciones sobre su origen.
“Dentro de las medidas que forman parte dle paquete económico
impulsado recientemente por el Gobierno Nacional destinado a reactivar,
refinanciar la deuda pública y financiar el sector productivo”,
señalan, “se promueve el blanqueo de aumentos patrimoniales
no declarados y que se hallan fuera del sistema financiero doméstico.
Se hace imprescindible recomendar al gobierno que condicionen esos
beneficios a la exigencia de la licitud del origen de los fondos,
que deberá estar perfectamente acreditado”. Sobre las
sociedades off shore, el dictamen propone la creación de
un mecanismo de control especial. La idea es llevar un registro
(en el ámbito de la AFIP o el Banco Central) donde consten
las actividades que esas firmas desarrollan en el país.
Los diputados proponen además modificar la ley de estupefacientes,
la de entidades financieras y reformar la Carta Orgánica
del Banco Central. Pernasetti y Stolbizer consideran en un aparte
el lavado de dinero destinado a financiar acciones terroristas.
En este caso la recomendación es que se ratifiquen y firmen
los tratados internacionales sobre el tema, como la Convención
de la ONU para la represión de la financiación del
terrorismo y la Convención contra la delincuencia organizada
internacional.
|
|
Scioli no quiere nombres
Daniel Scioli presentó un dictamen en minoría sobre
el trabajo de la Comisión Investigadora. Su característica
más llamativa es que en sus cuatro capítulos no se
incluye un solo señalamiento de responsabilidades políticas
en relación al lavado de dinero. “Dado lo delicado del
tema”, escribió el diputado menemista, “el principio
básico” seguido fue la “objetividad”. En este
caso, “objetividad” debe entenderse como “no hablemos
de Menem, Cavallo o Kohan; veamos sólo cómo mejorar
la ley”. Si alguien sospecha que se cometieron delitos, que
vaya a la Justicia.
En el primer punto de sus conclusiones, el dictamen Scioli considera
que la ley contra el lavado de dinero (la 25.246) “carece de
eficacia” por falta de reglamentación.
La 25.246 estableció la creación de la Unidad de Informacion
Financiera (UIF), encargada de controlar todas las operaciones sospechosas
(por su monto o por su origen) de lavado de divisas. En sintonía
con el plan de déficit cero, Scioli advierte que la UIF “debería
realizar su tarea con la misma dotación que actualmente tiene
la Administración Pública”. Asimismo, recomienda
sumar a su estructura “la colaboración del Banco Central
y de la AFIP”.
Su segunda propuesta consiste obligar a los bancos a respetar la
regla “conoce a tu cliente”, la norma de oro en la prevención
del lavado; su no cumplimiento fue, precisamente, uno de los reproches
centrales que hizo el subcomité del Senado norteamericano
al Citibank.
Scioli considera que se debe mantener el secreto bancario (“no
se debe caer en la confusión de plantear un debilitamiento
de la confidencialidad bancaria”, dice) e incluso “fortalecer
la confidencialidad para proteger el derecho a la reserva que tiene
la inmensa mayoría de las opoeraciones lícitas”.
Finalmente, plantea la creación de una fiscalía especial
dedicada a la investigación de casos de lavado y la puesta
en marcha del Fuero Penal Tributario, anunciado en julio del año
pasado pero todavía en veremos.
|
|
OPINION
Por Martín Granovksy
|
|
El mérito de
la comisión
El dictamen definitivo del sector de la Comisión Antilavado
que lidera Elisa Carrió da cuenta de cómo cambió
la Argentina en solo tres meses. Desde el 10 de agosto en que la
diputada entregó el documento preliminar a hoy, el país
es otro.
Por lo pronto, la magia de la comisión es diferente. El 10
de agosto la estrella política de Carrió refulgía
con tanta fuerza que cualquier político debía pagar
costos altos por ir en su contra o ignorarla. Algunos decidieron
pagarlos igual, como la peronista disidente Cristina Kirchner, pero
funcionarios del Gobierno temieron quedar estampados con lavadores
y, aunque no hicieron ningún esfuerzo real por investigar,
trataron de que la ola indetenible no los ahogara.
El 10 de agosto Carrió asomaba como la política más
popular de la Argentina. Sería, además, la triunfadora
arrolladora y única de las elecciones del 14 de octubre.
En su propio análisis, las elecciones ni siquiera eran decisivas,
o lo eran en un segundo lugar después de lo que ella misma
definía como “fin de régimen”. Vendría
la hecatombe final y, al mismo tiempo, la pulverización de
las estructuras políticas tradicionales, incluidos el radicalismo
y el Partido Justicialista.
Tres meses después, la hecatombe siguió produciéndose,
pero a la argentina. En grageas. Un poco cada día. Un declive
constante, en lugar de un abismo. El descrédito hacia los
políticos tradicionales avanza –no siempre por las buenas
razones, porque el cualunquismo antipolítico cunde–,
pero los partidos tradicionales allí están, y el peronismo
se prepara para el relevo si no se produce el milagro último
del crecimiento económico al 10 por ciento anual. Con más
de un millón de votos, Carrió obtuvo un buen resultado
para una fuerza flamante, pero al no presentarse en la Capital Federal
como candidata a senadora no ganaron ni ella ni Alternativa para
una República de Iguales. Lo que pudo ser un boom quedó
como el comienzo de la posibilidad de construir otra tercera fuerza
luego del fracaso frepasista.
¿Cuánto influyeron en ese resultado las críticas
al primer informe y cuánto el diagnóstico equivocado
sobre el momento en que estaba el régimen político?
Difícil responder, pero puede apostarse a que pesó
más lo segundo que lo primero.
De cualquier manera, ninguna especulación política
invalida el esfuerzo notable de la comisión antilavado y
de Elisa Carrió, Gustavo Gutiérrez, Graciela Ocaña
y José Vitar por transparentar la zona más opaca de
la Argentina: el manejo financiero. El mérito suyo es haber
salido de la mera denuncia de corrupción de los funcionarios
públicos para describir, también, cómo operan
los corruptores privados. Y todavía hay muchos documentos
por aprovechar.
|
Las
claves del informe final
Carlos Menem se repite
Carlos Menem aparece en la causa criminal del caso Yoma
entre los involucrados, junto a personajes como Emir y Karim Yoma, el
cavallista Hugo Gaggero, el ex cavallista Aldo Dadone, el jefe de Gabinete
Chrystian Colombo y el ex subsecretario general de la Presidencia Félix
Borgonovo. En este caso, siempre según el dictamen difundido ayer,
Menem sería a la parte de la causa, autoridad gobernante y funcionario
clave hacia el que se dirigían los vinculados. Los organismos bajo
sospecha son la Dirección General Impositiva, la Administración
General de Aduanas, la Secretaría Legal y Técnica y la Secretaría
de Hacienda del Ministerio de Economía. Naturalmente muchos de
los nombres se repiten en la causa de la venta ilegal de armas, donde
habría que agregar a Antonio Erman González y Martín
Balza entre los ex funcionarios y a bancos y cáscaras como Extrabanca
Uruguay, American Exchange, Banco Baires, Banco de Préstamos Cayman,
Morgan New York, Multicambio y American Express.
Cavallo, el mando paralelo
La tesis del informe es que en todo hecho investigado sus
funcionarios actuaron no necesariamente bajo el mismo mando pero sí
en paralelo con los funcionarios que dependían de Carlos Menem.
En la causa del oro, los presuntos delitos se cometieron en la Administración
General de Aduanas y en la Dirección General Impositiva. Fueron
claves los vínculos de los implicados con Domingo Cavallo y con
Menem, a través del secretario de Minería Angel Eduardo
Maza.
El amigo Mulford
El banquero del Credit Suisse First Boston estuvo el viernes último
en un desayuno de figuras importantes del mundo financiero con el Presidente
Fernando de la Rúa y el ministro de Economía Domingo Cavallo,
un viejo amigo de Mulford. Su nombre está en las causas del Megacanje,
junto a buena parte del equipo económico y a directivos de otros
bancos como el Santander, el JP Morgan y el Salomon Smith Barney. El documento
también recoge sospechas sobre el Galicia y sus vinculaciones.
Kohan, siempre ahí
Para los diputados, el personaje clave es el ex ministro y ex secretario
general de la Presidencia Alberto Kohan, con llegada directa a Carlos
Menem. La causa incluye entre los involucrados e imputados a Gaith Pharaon,
el propio Kohan, Javier González Fraga, Ricardo Gotelli, Marcelo
Da Corte y Julio César Cataldo. La investigación remite,
como escenarios para cometer el supuesto ilícito, al Banco Central,
la Municipalidad porteña y el Ministerio de Economía. Los
bancos involucrados abarcan al Banco General de Negocios de José
Rohm, el Banco Roberts, Finamérica, Extrader, BCP, Banco de Italia
y Brown Brothers Hairman Co.
Cómo operó Pedro Pou
La crítica contra el ex presidente del Banco Central Pedro Pou
parte de que “una de las funciones esenciales del BCRA y, en particular,
de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias, no es otra
que le debido ejercicio del poder de policía financiero.”
Es decir, “reglamentarla actividad financiera, controlar el efectivo
cumplimiento de las mismas y aplicar sanciones ante la evidencia de las
transgresiones”. El dictamen admite que el BCRA “adoptó
normas para prevenir el lavado de dinero de actividades ilícitas,
pero es obvio que no definió estructuras dentro del organismo tendientes
a controlar y analizar lo previsto en dichas normas”. Dicho de otro
modo: “Las normas debían ser dictadas para aparentar legitimidad
externa y poder demostrar, fuera del país, que la Argentina, y
en especial su banco central, estaban comprometidos con la prevención
y control de lavado de dinero. Pero eran normas destinadas a no ser cumplidas:
los bancos no debían ser suficientemente inspeccionados en este
aspecto, los shell banks y compañías off shore no deberían
ser especial objeto de investigación, porque en realidad el verdadero
régimen financiero argentino habilita, protege y da impunidad a
toda la operatoria de circulación de dinero por compañías
máscaras, bancos cáscara, cuentas azules, etc. El propio
Pou es titular de empresas máscaras. En suma, es parte del régimen.”
El mecanismo del lavado
El texto explica que las compañías shell (máscara)
“se constituyen en lugares que no tienen marco jurídico y
reglamentario adecuado, o lo tienen no lo aplican y también resultan
ser poco cooperativos en las solicitudes de asistencia de los otros países.
Generalmente estas compañías de máscara revista la
característica de que su actividad se desarrolla fuera del lugar
en donde están constituidas (off shore).” La etapa siguiente
es la estratificación, que “consiste en realizar la mayor
cantidad de operaciones, generalmente financieras y cambiarias, en el
menor tiempo posible”. Y al final, la integración, “el
momento de invertir el dinero que tiene su origen en un delito, en actividades
lícitas.”
|
