|
Por Julio Nudler
 Una tormenta de críticas
siguió descargándose ayer sobre el proyectado impuesto especial
que, por única vez o a lo sumo durante dos años, propone
gravar adicionalmente las muy altas rentas, capturando un 10 por ciento
de los beneficios netos imponibles de las empresas que ganen más
de 5 millones anuales y de las personas que logren alzarse con más
de un millón de pesos. La iniciativa de Horacio Pernasetti y Darío
Alessandro, diputados que presiden en Diputados los bloques radical y
aliancista, respectivamente, quedó ayer huérfana de apoyo
oficial, al despegarse de ella tanto el Poder Ejecutivo como los colaboradores
de Domingo Cavallo. Varios medios de prensa, incluyendo los diarios de
negocios, fustigaron con extrema dureza la pretensión de aumentar
la presión tributaria sobre el grupo de las sociedades más
rentables (serían alcanzadas unas 280) y unos 250 millonarios,
aunque sin computar las rentas financieras que éstos obtengan y
que, además de seguir exentas, ni siquiera serán tomadas
en cuenta para armar la lista de los alcanzados. Aunque los ingresos a
conseguir, superiores a los mil millones de pesos, contribuirían
a la consecución del Déficit Cero, apoyado calurosamente
por el establishment, éste arremetió implacablemente contra
el proyecto, sosteniendo que ahuyentará a los inversores.
Mientras José Dumón, sucesor de Patricia Bullrich en Trabajo,
aseguró que este impuesto extra “no está en la agenda
del Presidente”, el cavallista Armando Caro Figueroa, jefe de la
AFIP, que debería recaudarlo, afirmó que el eventual tributo
no cuenta con el apoyo del Gobierno ni con el visto bueno de Domingo Cavallo.
Esto deja traslucir una divergencia con la postura del secretario de Ingresos
Públicos, José María Farré, quien consideró
que la creación de esta gabela excepcional no contradice la línea
de suprimir impuestos, porque los destinados a desaparecer son los “distorsivos”,
definiéndose así a los que aumentan los costos de producción
e inversión. Y no es ése el caso del gravamen a las superrentas.
Entre los tributaristas sienta bien que la progresividad de las tasas
impositivas se aplique a personas físicas y núcleos familiares,
tendiendo (sólo tendiendo) a igualar el “sacrificio”
de privarse de una fracción de los ingresos netos para transferírsela
al fisco. En este sentido, agregar diez puntos a la imposición
de las ganancias, de modo que la tasa marginal máxima sume 45 por
ciento, no infligirá un considerable sacrificio a quien recolecte
más de un millón al año después de realizar
todas las deducciones. Muchísimo mayor fue y es la privación
sufrida por empleados públicos y jubilados que cobran 13 por ciento
menos, y el de los contratados, que padecen podas del 30 por ciento.
Pero la misma doctrina tributaria recomienda que, en el caso de las empresas,
la alícuota sea sólo proporcional, sin añadirle progresividad,
criterio transgredido por el proyecto Pernasetti/Alessandro, ya que según
éste las sociedades más rentables deberían pagar
no 35 sino 45 por ciento. Los teóricos argumentan que esta tasa
adicional no está gravando una capacidad contributiva superior
porque afecta tanto al accionista que tiene cien acciones como al que
posee un millón. Todo dependerá del grado de concentración
de la propiedad de esas compañías.
Este problema de equidad no puede resolverse en la Argentina porque, a
diferencia de lo que ocurre en el resto del mundo, los dividendos no están
gravados. Lo normal en otros países es que las sociedades paguen
Ganancias y que ese tributo sea descontado por cada accionista como pago
a cuenta de lo que le corresponde tributar. Lo acostumbrado también
es que la alícuota para las sociedades esté establecida
en un nivel más bajo, de modo que sirva de umbral a la tributación
de cada uno de sus propietarios, que incorporan en sus declaraciones juradas
los dividendos que reciben, y así contribuyen de acuerdo a una
escala progresiva.
Sólo en la reforma tributaria de 1973, que también reemplazó
el viejo impuesto a las Ventas por el IVA, se procuró adaptar el
tratamiento fiscalde las utilidades a la doctrina predominante, pero aquel
intento se hundió, optándose por la “rusticidad”.
La idea es que resulta más fácil cobrarles a las sociedades
que a sus accionistas, porque la DGI no es capaz de fiscalizarlos. Pero
esto, de paso, imposibilita la progresividad.
|
Plan de la Ciudad
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires intentará destrabar
los 250.000 juicios que tiene contra sus contribuyentes, ofreciéndoles
la posibilidad de pagar sus deudas impositivas mediante cuotas a
tasas de interés reducidas al tres por ciento. “La idea
es descomprimir los juicios en curso, a la vez de desligar de ellos
a las instancias administrativas y la fuerza operativa para que
se dedique a su tarea: prevenir la evasión”, declaró
el subsecretario de Ingresos Públicos porteño, José
Luis D’Ipolito. El funcionario explicó que “estas
medidas van en beneficio de la gente y no del Gobierno”. “El
principal objetivo es acomodarse a la realidad económica
del país y transformar las deudas impagas en pagas”,
agregó. En tanto, el Director General de Rentas de la Ciudad,
Alejandro Otero, explicó que “esta medida no está
aislada” sino en el contexto de otras medidas de excepción:
permitir retomar planes de facilidades de pago en vigencia, permitir
la presentación espontánea para los que tengan deudas
aún no declaradas y regularizar las deudas exteriorizadas,
pero impagas, que son los 250 mil juicios mencionados. En el 2001
uno de cada cuatro contribuyentes fueron morosos en Alumbrado, Barrido
y Limpieza (ABL) y uno de cada tres en Patentes.
|
|
Opinan el capital y el trabajo
|
|
Claudio Lozano.
“Despropósito completo”
“Es inconsistente con toda la estrategia económica
del Gobierno, que es lo que hay que reformular. No se puede bastardear
una estrategia tan lógica como gravar a los que más
ganan. Todo tipo de propuesta dirigida a recuperar la progresividad
tributaria es necesaria, pero ésta es completamente ilógica
con el paquete de medidas anunciado por el Gobierno. Este gobierno
abrió la puerta para la licuación de pasivos, en lugar
de eliminar exenciones en Ganancias y Bienes Personales, y las existentes
en las provincias. Lo que se hace es penalizar a los que declaran,
en vez de ir a buscar a los que evaden. Es un despropósito
completo.”
Miguel Bein.
“Desalienta inversiones”
“Es un aviso para desalentar a las inversiones. Es contradictorio
con la política económica del Gobierno que a través
de los planes de competitividad tiende bajar impuestos en forma
generalizada. El gran desafío es que el país arranque,
y para ello hay que alentar la inversión. La reactivación
puede comenzar a darse tras la normalización de la situación
financiera que planea el Gobierno. En ese sentido, el canje de la
deuda a nivel interno seguramente se va a dar con éxito,
y en dos o tres meses vendrá la etapa con los acreedores
externos. Entonces, en este momento es incomprensible plantear un
aumento impositivo porque es necesario incentivar a la inversión.”
|
PLAN
DE COMPETITIVIDAD PARA EL CORREO ARGENTINO
Cavallo no se olvidó de Franco Macri
El Ministerio de Economía
recurrió nuevamente a su único recurso para satisfacer reclamos
sectoriales. Firmó un nuevo plan de competitividad. La diferencia
es que esta vez el beneficiado con exenciones impositivas no fue un sector,
sino una empresa en particular: el concursado Correo Argentino.
El hecho de que la firma controlada por el Grupo Macri continúe
adeudando al Estado los cánones por la concesión del servicio,
no parece haber interferido en el premio especialmente diseñado
por Economía.
El ministro Domingo Cavallo –quien participó de la ceremonia
de firma junto al titular de la cartera de Trabajo, José Gabriel
Dumón– dijo que “es un acto de estricta justicia que
el Correo Argentino goce de los beneficios de los planes de competitividad
al igual que lo hacen las demás empresas del sector”. En teoría,
las restantes empresas postales ya fueron beneficiadas con el plan otorgado
al sector de Cargas.
Del acto participó también Ramón Baldassini, titular
de la Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones
(FOECyT), quien además de mostrar su beneplácito por el
convenio, reclamó que “se avance en un marco regulatorio que
ordene la actividad”.
“Este mercado mueve cerca de 2200 millones de pesos por año,
de los cuáles 1000 millones giran en negro y al menos hay una pérdida
para el fisco de 350 millones”, acusó Baldassini. Aunque se
aclaró de aclarar que su sindicato “no es lobbista de nadie”,
el dirigente aprovechó para quedar bien con el jefe y señaló
que mientras el Correo Argentino paga un canon de 300 mil pesos diarios
“los privados” sólo abonan 12 pesos.
|
