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Por Horacio Cecchi
 El traslado de Marcelo “Popó”
Brandán Juárez y Víctor Esquivel Barrionuevo –dos
de los “doce apóstoles” que lideraron el sangriento motín
de Sierra Chica en el ‘96– del penal de Melchor Romero para
presos de altísima peligrosidad, a la U9 de alta seguridad pero
con menor rigor carcelario, provocó airadas protestas de un fiscal
platense y del ministro de Justicia bonaerense, Antonio Arcuri. La medida
cautelar fue dispuesta por la Cámara de Apelaciones de San Isidro,
luego de que Popó presentara un hábeas corpus contra los
guardiacárceles de la U29 por “torturas y apremios permanentes”,
comprobadas por peritos médicos. El subsecretario de Política
Penitenciaria, Miguel Plo, llegó a responsabilizar a los jueces
por la “gravísima desestabilización del sistema carcelario”.
La polémica hizo eje en la peligrosidad de los dos apóstoles,
y dejó de lado el origen de todo y verdadera sombra negra de las
cárceles: el remanido método de mantener la granja en orden
mediante golpes, palazos en las plantas de los pies, submarinos y otros
rubros normativos.
A Popó Brandán se la tenían jurada. Los mismos presos,
pero especialmente miembros del Servicio Penitenciario Bonaerense: en
junio de este año, un interno de Melchor Romero denunció
que había sido torturado por guardiacárceles para obligarlo
a matar a Brandán. Aseguró que para hacerlo le entregaron
dos facas, que fueron halladas por la Justicia en su propia celda, poniendo
en duda si el riguroso control de la cárcel para presos de altísimo
riesgo no es más que un control peculiar y selectivo.
El mismo apóstol denunció torturas ante varias fiscalías
platenses. Esta vez, el resultado provocó polémicas. El
lunes pasado, la defensora oficial de San Isidro, María Dolores
Gómez, mantuvo una reunión con un defendido, un joven de
20 años detenido en Melchor Romero por un intento de robo agravado.
Gómez es la misma defensora que recibió reiteradas amenazas
de muerte por sus permanentes denuncias del maltrato carcelario, una de
ellas revelada por un preso del penal de Rawson, que le advirtió
que el SPB la quería matar.
Durante la entrevista, el defendido dijo que lo torturaban. Al concluir,
Gómez fue informada de que otro preso quería entrevistarse
con ella. Era Popó Brandán. Le dijo que no soportaba más
la presión, y describió: “Me llevan a Admisión
y me pegan palazos, gomas, trompadas y patadas, esposado; en Sanidad me
sacan la ropa, me golpean. En una ducha donde hay pileta me hacen submarino,
me agarran de los pies y me meten la cabeza en el agua”.
Gómez presentó un hábeas corpus ante la Sala 3 de
la Cámara de San Isidro, integrada por Raúl Borrino, Margarita
Vásquez y, como subrogante, Fernando Maroto. Los jueces, tras las
pericias médicas, decidieron la medida cautelar a que están
obligados por ley: ordenaron el traslado de los detenidos a otra unidad
penal. El SPB los envió a la U9, ubicada en La Plata. Y se desató
el escándalo. En la movida fue incorporado Esquivel y otros nueve
presos.
Primero, fue Marcelo Romero, fiscal de Juicio y de Ejecución de
La Plata. “Fue una medida absurda –aseguró a Página/12–.
Brandán y Esquivel son dos personas de altísima peligrosidad,
que no estaban en la 29 por capricho, tienen antecedentes que lo justifican,
y no sólo por la seguridad para terceros sino para ellos mismos,
porque se la tienen jurada”. Romero hizo una presentación
ante la jueza de Ejecución Beatriz Marengo, con competencia sobre
los condenados. Pero el martes se enteró de otros diez traslados.
“Fue un hábeas corpus masivo”, aseguró, y presentó
un pedido ante la Fiscalía General para que dieran intervención
a la Procuración General y la Suprema Corte, “un requerimiento
de gravedad institucional, porque altera el sistema de premios y castigos
que mantiene el equilibrio en las cárceles”. El castigo, en
este caso, es quedar en la U29. El Ejecutivo no perdió la ocasión:
Arcuri se mostró “muy preocupado porque (el traslado) genera
sensación de intranquilidad y mayor zozobra en la sociedad”.
Menos diplomático, Plo aseguró que “es gravísimo.
Se respeta la decisión judicial pero no se la comparte” y
sorpresivamente soltó: “Quiero deslindar todo tipo de responsabilidad
por las consecuencias”.
La defensora Gómez refutó con ironía: “No los
mandaron a un spa, los mandaron a una cárcel. No puede deslindar
sus responsabilidades”. Una alta fuente judicial de San Isidro aseguró
a este diario: “Una unidad penal no es un recreo. Está reglamentada
y tiene instrucción casi militar. No se me ocurre que puedan escapar
si alguien no les abre la puerta. Detrás de todo esto hay una movida
contra lo que dice la ley y que la mano dura tilda de garantista”.
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De caníbales
y misioneros
Que tres jueces hayan ordenado trasladar a dos apóstoles
del orgullo carcelario de Melchor Romero a una unidad de máxima
seguridad “común”, fue una medida de insoportable
intromisión con olor a garantismo. Pero, en definitiva, el
escándalo desatado ocultó el verdadero motivo que
lo originó: las torturas. Popó Brandán y los
otros once apóstoles permanecían detenidos en Melchor
Romero, después del infierno de Sierra Chica, que terminó
con siete muertos, varios troceados, horneados y digeridos, y 17
rehenes, entre ellos una jueza, el jefe y el subjefe de la unidad.
Por eso, a Popó y los apóstoles se la tienen jurada.
Brandán tiene 33 años, vivió hasta los 8 en
la villa de Retiro. Cayó preso por robo a los 14. Estuvo
20 meses en un instituto de menores. Con más de 18, un tribunal
lo condenó a 16 años por robos reiterados. Según
los peritos, “es egocéntrico, con rasgos narcisistas,
irreflexivo, sin sentimiento de culpa”. En el motín
era el ejecutor. Apenas se desató el intento de fuga, fue
quien le disparó a la cara al jefe del penal y quien ajustició
al jefe de la banda opositora, Agapito Lencina, antes de que lo
cortaran en trozos y lo hornearan. Sus denuncias de torturas hacen
un fuerte contraste en ese marco. “Yo no quiero que torturen
a nadie –señaló la defensora María Gómez–.
Ni a Massera ni a Brandán. Es terrible que los caníbales
se coman a los misioneros. Pero más terrible es que ocurra
al revés.”
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JUZGAN
A UNA MUJER POR ABORTO
Un disparo polémico
El drama de una cordobesa dio
lugar a una inédita discusión judicial. En diciembre pasado,
estando embarazada, la mujer se disparó un tiro en el vientre.
El bebé nació, pero murió días después.
Ayer, el fiscal Pedro Caballero, que investigó el caso, anunció
que la mujer será juzgada por aborto y no, como se consideró
previamente, por homicidio calificado.
Fue el 20 de diciembre cuando Mariana Isabel G., de 29 años, se
pegó un tiro en el dormitorio de su casa, en el barrio Los Olmos
de Córdoba. El embarazo de Mariana, madre soltera de un nene de
cuatro años, había pasado inadvertido por su obesidad. La
desesperación que le produjo el parto cercano fue lo que al parecer
disparó la trágica decisión.
La mujer fue trasladada al hospital Misericordia, donde se le realizó
una cesárea de urgencia. El bebé nació ya en estado
desesperante y fue intervenido quirúrgicamente, pero 20 días
después murió.
“Tras la investigación se estableció que había
elementos de convicción suficientes como para elevar la causa a
juicio, acusando a la señora del delito de aborto”, indicó
el fiscal. En este sentido, explicó que la doctrina penal argentina
establece que “cuando las maniobras se despliegan antes de que se
produzca el nacimiento” se trata de un aborto. En un comienzo, Mariana
había alegado que se había querido suicidar pero Caballero
desestimó este argumento y la llevará a juicio por aborto.
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