|
Por Alejandra Dandan
 En San Isidro empezó
el censo por anticipado. Pero no en todos lados. La Cava fue la plataforma
de prueba. La Municipalidad hizo coincidir con el Censo Nacional una encuesta
propia. Los agentes de Promoción Social se presentaron en las casas
junto con los operadores del Indec. No hubo una campaña de difusión
previa ni otro tipo de aviso. Muchos vecinos no estaban. Pero, además,
cada uno tuvo que mostrar su documento de identidad y dar el nombre y
apellido a los desconocidos que entraban, algo explícitamente descartado
en el Censo Nacional. Según el Indec, no debieron entrar ambas
personas juntas.
La gente de La Cava denunció ayer esta situación. Nadie
entendía por qué todo el censo comenzaba tan temprano y
tampoco por qué les pedían el documento para un relevamiento
que se supone protege el derecho a la identidad. En La Cava no hubo ningún
tipo de reserva. Una de las vecinas del barrio se encontró ayer
temprano con dos personas frente a su casa. “Una era del Indec –dice–;
la otra era un puntero de Promoción Social del municipio.”
Amelia pertenece al foro social nucleado en la parroquia Nuestra Señora
de La Cava. En su casa, aquellas personas hicieron las preguntas del protocolo
del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. No le preguntaron
si trabajaba. Tampoco si en su casa tenía heladera o freezer. “Mi
casa es como un departamento chiquito –trata de explicar la mujer–
se ve todo de un solo golpe.”
Por obligación quienes llevarán adelante la encuesta a partir
de hoy están obligados a hacer esas preguntas. Sin embargo en San
Isidro esto no parece importante: “Si vos tenés en cuenta
que es una villa, algunas preguntas no hace falta hacerlas”, le dijo
a este diario María de los Angeles Broggi que es la funcionaria
designada por la Provincia para coordinar el censo en San Isidro.
Para el Indec local no hubo errores de procedimiento sino falta de tiempo,
por eso empezaron dos días antes. Durante el precenso, Broggi entrevistó
a varias familias. Allí notó que cada consulta demandaría
al menos 1 hora 15 minutos. “Con el personal que teníamos,
no nos alcanzaban los dos días programados por Nación”,
explica. El personal en realidad fue reclutado por Promoción Social
de la Municipalidad a pedido del Indec. De acuerdo con la cantidad de
viviendas de La Cava, el Indec consideró que se necesitaban 78
agentes. En vez de aumentar el número de censistas, la coordinadora
prefirió extender los días de recorrido.
Pero éste no fue el único error. La segunda persona que
entró a la casa de Amelia no era del Indec. El intendente local,
Gustavo Posse, aprovechó el movimiento del censo para lanzarse
con un relevamiento propio de salud. Reclutó a un grupo de empleados
para pedir documentos y nombres completos. “Recién consulté
a un vecino y efectivamente –dice el sacerdote Aníbal Filippi–
le han pedido los documentos y el nombre.” Esta situación
se repitió en todas las casas. El Indec estaba al tanto, pero “no
se pudo evitar la superposición”, dice ahora Noemí
Mutchnik, directora de Difusión del organismo.
En el barrio, el modo de la consulta resultó invasivo. Pero para
los funcionarios locales la explicación es otra. En poco tiempo
terminarán de edificar un nuevo hospital municipal. “Acción
Social está pidiendo esos datos para relevar a los vecinos del
distrito que podrán ser atendidos ahí”, sigue Broggi.
Se supone que esos datos serán usados en la impresión de
un carnet sanitario porque este nuevo hospital, ubicado sobre la avenida
Santa Fe no atenderá a gente de afuera del partido, salvo en casos
de emergencia: “Nuestros hospitales no están coparticipados
por la provincia, los mantienen los vecinos de San Isidro con sus impuestos.”
Nada de esto se dijo en el barrio. La gente entregó sus documentos
porque “no tengo nada que ocultar”, dice Amalia. A ella no le
preguntaron todo lo previsto en el protocolo oficial. De todos modos el
censo paraella terminó. Cuando se fueron la felicitaron: “Usted
señora –le dijeron- ya fue censada”.
|
¿Abren o no
los negocios?
Según la ley, durante la realización del censo no
debería abrir ningún comercio que expenda comestibles
ni los que reúnen público (cines, teatros, clubes).
Sin embargo, permisos, decretos y fallos judiciales varios crearon
un panorama confuso. Por lo pronto, muchos comercios, sobre todo
los pequeños, se preparan para abrir.
Los gobernadores de Buenos Aires, La Rioja y el Chaco autorizaron
a todos los comerciantes a abrir sus negocios. Carlos Ruckauf se
jugó al desafío: “Les digo a todos los porteños
que si quieren cenar o realizar compras en shoppings vengan a la
provincia de Buenos Aires, que gasten en mi provincia”, dijo.
Sin embargo, el secretario de Políticas Económicas,
Federico Sturzenegger, aseguró que el gobierno nacional “va
a ser inflexible con la prohibición vigente para los días
del censo, y esta decisión está amparada por una ley
nacional”.
La discrepancia también se dio en el ámbito judicial.
El juez en lo Contencioso Administrativo Martín Silva Garretón
hizo lugar a un recurso de amparo de la Asociación de Hoteles,
Restaurantes, Confiterías y Cafés, por el cual este
tipo de locales “podrán trabajar normalmente en el censo”,
según anunció la CAME. También la jueza Diana
Regina Cañal, titular del Juzgado del Trabajo 74, hizo lugar
a un recurso de amparo del Centro de Fabricantes de Pastas de Capital
Federal. En cambio, el juez en lo comercial Roberto Garibotto rechazó
el jueves el presentado por la Cámara Argentina de Supermercados.
Tras la apelación, el fallo fue refrendado ayer por la Sala
D de la Cámara Comercial.
|
|
OPINION
Por Eduardo Aliverti
|
|
La gran pregunta
Tres características rodean al censo, a saber: a) La discusión
se centró en si los docentes tienen derecho a negarse a relevar;
b) todo indica que a la mayoría de la población el
tema le interesa más o menos un pito y c) no se tendría
así idea de lo que un censo significa como herramienta clave
para planificar políticas de Estado, en cualquier país
que se quiera preciar de mínimamente serio.
El primer dato habla de un Estado desertor. ¿Hay algún
funcionario que sin estallar de vergüenza pueda decir que no
era obvia la negativa del gremio de los maestros? ¿Qué
pretendían? ¿Que gente a la que le adeudan hace meses
un sueldo de miseria, y que además tiene atrasada la paga
del incentivo, fuese como manso corderito a hacer preguntas casa
por casa teniendo, encima, que afrontar los gastos de movilidad?
¿Quiénes son entonces los que boicotean? ¿Los
docentes, que resolvieron lo que cualquier hijo de vecino en las
mismas circunstancias? ¿O el Gobierno, que conocía
el clima imperante y lo estimuló vaciando todavía
más el bolsillo de los educadores?
Las dos características restantes completan el círculo
de la desidia. De igual manera en que la abstención y los
votos en blanco e impugnados mostraron a un grueso de la sociedad
desentendido de su destino, sin más aspiración que
la puteada por la puteada misma, el desinterés frente a un
hecho de esta naturaleza confirma que la deserción del Estado
ya arrastra sin mayor esfuerzo a las pretensiones populares de una
vida mejor. Podría decirse que se vote lo que se vote, se
cense lo que se cense y se proteste lo que se proteste terminan
haciendo lo que quieren, pero con ese criterio no me defiendo del
asesino porque me va a matar de todos modos.
El Estado desertor no es el problema en sí mismo. Nadie puede
llamarse a engaño y sólo un marciano puede creer en
intenciones neokeynesianas por parte de Cavallo y De la Rúa,
o en el espíritu de corregir las causas del aumento del delito
o en que vayan a encarar de una vez por todas las obras que acaben
con el drama de las inundaciones. El Estado no hará nada
porque es el Estado de ellos y no se le piden peras al olmo.
La pregunta es si el conjunto popular seguirá dejándose
llevar por la deserción del responsable público número
uno. O si los grados de resistencia, que aún anidan y se
muestran, son capaces de transformarse en organización y
disputa del poder.
Es una pregunta dramática y de respuesta incierta, pero es
la gran pregunta que hay.
|
|
