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Por Carlos Rodríguez
 A Víctor Manuel Vital,
a quien sus amigos llamaban “Frente”, un policía le pegó
cinco tiros cuando estaba escondido debajo de una mesa y sin ofrecer resistencia.
Así lo determinaron los expertos de la Asesoría Pericial
de La Plata, quienes dijeron que una de las balas le hizo dos agujeros:
uno en la mano y otro en la zona del pómulo, lo que confirmó
que el joven sólo intentó un inútil gesto de defensa.
“Ahora le pegaron el sexto tiro”, le dijo ayer a Página/12
Sabina Sotelo, la mamá de “Frente”, al comentar la decisión
de la Sala Uno de la Cámara de San Isidro, que resolvió
absolver y dejar en libertad al cabo Héctor Eusebio Sosa, quien
estuvo preso un año y cuatro meses acusado por “homicidio
simple”. La resolución llegó sin audiencia oral porque
la defensa del policía y el fiscal acordaron un juicio abreviado,
donde el acusado admitía sólo haber cometido un “exceso
en la legítima defensa” que podría costarle una pena
de tres años. El tribunal fue más lejos y directamente lo
absolvió.
“El juicio abreviado está incorporado al Código Penal
y puede ser útil para causas menos graves, pero este fallo es absurdo
porque después de dos años de proceso y de acreditarse la
semiplena prueba de que se trató de un homicidio, no nos dieron
la posibilidad de confirmarlo en el juicio oral”, se lamentó
María del Carmen Verdú, abogada de la Correpi y representante
legal de la familia de la víctima. “En el juicio abreviado
el particular damnificado es de palo”, recordó Verdú.
El único dato a favor es que, como Sosa fue absuelto y no condenado
a tres años, ahora pueden apelar la sentencia ante la Cámara
de Casación.
Sabina Sotelo dio su opinión sin entrar en consideraciones legales:
“Los jueces se bajaron los pantalones, ni siquiera nos dieron la
satisfacción de que se hiciera el juicio oral. La policía
es tan impune, tan poderosa, que ahora lo volvió a matar, total
mi hijo era apenas un ladrón”. Los abogados de la Correpi
estaban trabajando con vistas al comienzo de la audiencia, previsto para
el 22 de este mes. Ahora, los familiares piensan realizar una marcha ese
día, a las 9, hora en la que debía comenzar el juicio. Quieren
“escrachar” a los miembros del tribunal, Ernesto García
Maañón, Juan Carlos Tarsia y Carlos Gustavo Olázar.
Antes mantendrán una reunión con el ministro de Seguridad,
Juan José Alvarez, a quien le pedirán que, al menos, el
cabo Sosa deje de pertenecer a la policía.
La decisión de los jueces choca, en cierto modo, con la postura
de la Suprema Corte bonaerense, que hace un mes denunció la muerte
de 60 chicos, todos presuntos ladrones, en supuestos enfrentamientos.
Formaban parte de un grupo de alrededor de 1000 jóvenes que había
denunciado a la policía provincial por apremios ilegales. Esta
semana la Procuración General de Justicia resolvió que tres
fiscales investiguen si Jorge Guillermo Ríos, Angel Fabián
Blanco, Gastón “Monito” Galván y Juan Salto, cuatro
de los chicos, fueron asesinados por los efectivos policiales.
La muerte del Frente Vital ocurrió en febrero de 1999, en el interior
de la villa San Francisco. Su figura es ahora venerada por sus amigos,
que lo recuerdan como a un Robin Hood, por su generosidad a la hora de
repartir botines. El día del hecho, la policía persiguió
a tres ladrones, entre ellos el Frente. Dos se escondieron en una casilla,
debajo de una mesa. La policía dijo que fue un enfrentamiento y
que Sosa mató a Vidal cara a cara y sin ventaja. Los peritos judiciales
determinaron que eso era imposible.
Por la distancia y el recorrido de los cinco disparos, el policía
tenía que medir 3,30 metros de altura. Sosa apenas medía
un metro setenta, pero parecía un gigante porque Frente estaba
de rodillas, escondido debajo de la mesa. Lo podían haber detenido,
sin necesidad de matarlo. Ahora Sosa quedó libre y el fallo abre
dudas sobre el resultado de la futura investigación ordenada por
la Corte. En San Isidro, la policía nunca llega a juicio. Hace
poco, otro tribunal absolvió a 19 jefes acusados de corrupción.
IBARRA
ECHO AL FUNCIONARIO QUE CRITICO A LA FEDERAL
Contra la policía no se habla
La presencia en la función
pública de Eduardo Thölke, subsecretario de Seguridad del
Gobierno porteño, tuvo un abrupto final: ayer le pidieron la renuncia
por haber dicho en un reportaje periodístico que la Policía
Federal se financiaba por medio de la prostitución. “Se le
pidió la renuncia al subsecretario porque su posicionamiento frente
al tema no refleja de ninguna manera el pensamiento del jefe de Gobierno”,
Aníbal Ibarra. La decisión fue confirmada a Página/12
por el jefe de Gabinete del Gobierno de la Ciudad, Raúl Fernández.
Hasta anoche todavía no se tenía el nombre del reemplazante
de Thölke, quien venía desempeñándose como segundo
del secretario de Seguridad, Facundo Suárez Lastra.
El relevamiento de Thölke se demoró cinco días –las
declaraciones fueron publicadas el domingo por el diario Clarín–,
porque Ibarra aguardó el regreso al país de Suárez
Lastra, quien se encontraba en Madrid participando de una reunión
en la que representó al Gobierno. “Nosotros tratamos de lograr
el traspaso de la Policía Federal al ámbito de la ciudad,
para trabajar en todo lo relacionado con la seguridad, pero la postura
del subsecretario no refleja el pensamiento del jefe de Gobierno”,
insistió Fernández, al definir la postura oficial sobre
el tema.
Fernández hizo alusión a la larga controversia con la Nación
sobre el traspaso de la Federal señalando que en pos de ese objetivo
“nos hemos trazado una política de acercamiento, de diálogo,
en la que se fue desarrollando un conjunto de acciones conjuntas tendientes
a ir mejorando los niveles de seguridad”. En ese contexto, las declaraciones
de Thölke “tornaron inviable que el subsecretario pudiera seguir
en el cargo”.
El ahora ex subsecretario de Seguridad había asegurado que los
policías federales “toleran la prostitución”,
cobrando coimas en lugar de preocuparse de aplicar las sanciones previstas
en el artículo 71 del Código de Convivencia Urbana. Según
Thölke, el dinero recaudado es utilizado para “ponerles nafta
a los patrulleros y comprar insumos para las seccionales”. Precisó
incluso que una comisaría, para funcionar, “necesita 15.000
pesos mensuales y sólo se asignan 1000”, de manera tal que
la recaudación extra se tornaba casi una necesidad.
“El acercamiento con la policía, el mejoramiento de la relación,
requiere de un manejo político del problema”, sostuvo Fernández.
Dijo que la estrategia del gobierno porteño “ha servido para
generar un mayor convencimiento sobre la necesidad del traspaso, aunque
todavía está pendiente una decisión política
de la Nación”. La vinculación de la Federal con el
negocio de la prostitución está siendo investigada en tres
causas distintas, a cargo del juez Carlos Bourel y dos fiscales.
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