Por Susana Viau

“Si esto es así, a la única a la que se le podrá aplicar la asociación ilícita es a Giselle Rímolo”, comentó un empleado de la Corte Suprema, contrariado por la certeza de que los miembros del tribunal usarán esa llave para pegar un tour de force en la causa de la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia, que junto al Juicio a las Juntas, es el proceso más significativo de un siglo de historia argentina. La boutade del funcionario, sin quererlo, sobrevuela un punto central: el abogado de la falsa dietóloga es Mariano Cúneo Libarona, y es precisamente a Cúneo Libarona, frecuentador de platós y defensor de Emir Yoma, a quien se le atribuye el diseño del último tramo de la ingeniería jurídica que le abrirá a Carlos Menem las puertas de Don Torcuato.
El plan de operaciones, según los observadores, tiene en la Corte el dispositivo fundamental, aunque igual que en otras oportunidades ha cuidado distribuir –o diluir– las responsabilidades a lo largo de un complejo engranaje judicial. Una vez logrado el primer objetivo, que no es otro que el derribo de la figura de la asociación ilícita (o, lo que es lo mismo, la libertad del riojano) quedaría por dirimir la cuestión de competencias: saber si será el fuero federal o el penal económico el que continúe con las actuaciones. Las apuestas favorecen al segundo: todos suponen que será penal económico el que se lleve el gato al agua. Por algo ese territorio fue abonado con paciencia a lo largo de una década por el menemismo y por César Arias, un incondicional del ex presidente.

La fantasía realizada

Dicen sus allegados que a Menem lo perturbó desde siempre la idea de coronar tras las rejas su carrera política. Por eso, quizás, ahí donde parecía surgir un problema sembraba el antídoto. Esa mecánica fue la que siguió la causa por la venta ilegal de armamento a Ecuador y Croacia, iniciada pocas horas antes de que el helicóptero que pilotaba Carlos Menem junior se estrellara en las cercanías de Ramallo, el 15 de marzo de 1995 y a raíz de una denuncia presentada por el abogado Ricardo Monner Sans. El sorteo depositó la cuestión en manos de Jorge Urso, de estrecha amistad con Miguel Angel Toma. Pero el menemismo, desconfiado, buscó preventivamente un reaseguro. Dicen que fueron discretas gestiones de César Arias las que indujeron al juez penal económico Marcelo Aguinsky a abrir una investigación simultánea, pero pivoteando en el aspecto del contrabando de armamento.
Las quejas de Ecuador por la calidad del material, los rumores que recogían las tropas enviadas a la misión de paz, las filmaciones que mostraban los cañones argentinos en los Balcanes, la voladura de la fábrica militar de Río Tercero, multiplicaban los efectos del escándalo y abrían la compuerta de nuevas indagaciones. Una denuncia del perito Luis Tagni puso al magistrado cordobés Edgardo Filippi sobre la pista de la pólvora, que no figuraba en ninguno de los decretos, pero que según Tagni había sido vendida, con su desaparición justificada con falsos certificados de incineración. La instrucción de Filippi determinó que la pólvora había acompañado la ruta de los fusiles, las municiones y los cañones Citer (argentinos) y Oto Mellara (de fabricación italiana) y su deambular por cuarteles, depósitos y camiones hasta el puerto de Buenos Aires. Fue esa última escala la que decidió a la fiscal a sostener que la jurisdicción correspondía a esta ciudad. En Buenos Aires iba a recibirla el juez Julio Speroni. Entretanto, la causa por contrabando había sido desguazada por Aguinsky. Uno de sus fragmentos había llegado al tribunal oral y otro, al apartarse Aguinsky en medio del escándalo provocado por el dictamen del procurador Nicolás Becerra acerca de que la cuestión correspondía a la Corte (un dictamen elaborado por Luis González Warcalde, ex marido de la ultramenemista Marta Alarcia), es derivado a Guillermo Tiscornia. Sería el juzgado de Speroni el que acabaría reuniendo lostrozos, excepto los que quedan pendientes de sentencia en el tribunal oral.
Quienes especulaban que los documentos y las afirmaciones de Monner Sans iban a ser enterrados con todos los honores en el fuero federal se llevaron un chasco. El fiscal Carlos Stornelli, un hombre con más inclinaciones al radicalismo que al PJ y de familia de militares –como muchos de los miembros del poder judicial– prestó atención a la hipótesis del ex legislador frepasista Horacio Viqueira, quien planteaba que sólo la existencia de una asociación ilícita de altísimo nivel podía haber permitido una maniobra de semejante envergadura. Convencido, en 1998 Stornelli hizo suya esa estimación.
Debieron pasar casi dos años más para que, el 4 de junio último, al devolver a Urso el expediente, la Sala II de la Cámara Federal resolviera dar un impulso decisivo a la cuestión. Ante los decretos-marco, la necesaria participación de funcionarios relevantes del Poder Ejecutivo y un centro de escena ocupado por Fabricaciones Militares y Río Tercero, el radical Martín Irurzun y los peronistas Horacio Cattani y Eduardo Luraschi creyeron llegado el momento de preguntarse (y preguntarle a Urso) si no se estaba en presencia de una “asociación ilícita”. No era todo: señalaron al juez la necesidad de ir hacia arriba en la investigación. Aunque quizás lo que acabó por acicatear a Urso haya sido leer la calificación de “juez moroso”, deslizada entre el cúmulo de argumentos de sus superiores. Dos días después, el 6 de junio, ya con la asociación ilícita en el horizonte, Urso volvía a citar al ex directivo de Fabricaciones, el riojano Luis Sarlenga. Viendo que se desvanecían sus esperanzas de libertad, Sarlenga abrió el grifo. El 7, el magistrado libró orden de captura contra Emir Yoma por considerarlo organizador de la asociación ilícita. Jorge Urso había tomado una determinación y no iba a echarse atrás.
Al mes, el 7 de julio, tomó indagatoria a Carlos Menem y, poniéndose de pie, Urso le comunicó la detención, fundada en la presunción de haber comandado la asociación ilícita que condujo a la venta ilegal de armas. El carácter de organizador o jefe agravaban el delito y lo convertían en inexcarcelable. Debido a su avanzada edad, y por qué no, a su reciente matrimonio, el tribunal concedió a Menem el beneficio de cumplirla en su domicilio. Este pidió autorización para internarse, en cambio, en la quinta de su amigo Armando Gostanian, en Don Torcuato. Parque y piscina era todo lo que el ex presidente podía arrancarle a Urso. Se cumplía al pie de la letra la ley enunciada por Winston Spencer Churchill en Su Hora Más Gloriosa: “No se hacen buenos negocios cuando se está a punto de expirar”.

Toda la carne al asador

Si bien el sentido común indicaba desde hacía un tiempo que la prisión de Menem era inexorable, la noticia desorganizó sus filas y encontró casi desarbolada la defensa que todavía llevaban el ex procurador Oscar Roger y Mariano Cavagna Martínez, cuyo estudio-refugio de jueces federales en retirada (Adolfo Bagnasco y Gustavo Literas se replegaron hacia allí) iba a sufrir el revés más estrepitoso de su historia. Roger y Cavagna Martínez se apartaron y el espacio lo cubrió el ex titular del juzgado federal 3, Oscar Salvi, ex socio de Gerardo Sofovich. La esperanza estaba puesta en la Corte, aunque no se entreviera con claridad qué camino debía recorrer la causa para llegar a destino.
La defensa de Emir había contratado una vez más a Cúneo Libarona. El abogado egresado de la Universidad del Museo Social con excelentes calificaciones ya había desempeñado ese rol con la hermana menor de los Yoma, Amira, durante el Narcogate. El mismo día del ingreso de su cliente en prisión, Cúneo Libarona apeló ante la Sala II. En 15 días, los camaristas respondieron confirmando la decisión de Urso. Cúneo elevó un recurso a la Corte. Entretanto, las investigaciones de Stornelli continuaban y el juzgado federal avanzaba sobre el patrimonio del expresidente. El hallazgo de una cuenta del traficante de armas refugiado en Sudáfrica Diego Palleros precipitó los acontecimientos. Se trataba de un depósito de cinco millones de dólares entregados por los croatas y distribuido en diferentes direcciones. La declaración del mesadinerista Pedro Stier confirmó que los cientos de miles de dólares que fluyeron a una misteriosa cuenta del banco Manfra, Tordella & Brooks (MTB) tenían como destinatario a Emir. Las alarmas comenzaron a sonar.
Seguramente los timbrazos despertaron a la sala B de la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico, cuyos miembros ordenaron a Speroni citar a indagatoria al ex presidente y a Emir. Nunca un llamado a indagatoria fue tan celebrada por los indagados y sus defensas. Speroni, luego de escucharlos, dictó la falta de mérito para ambos. La fiscal Alicia Sustaita ni siquiera asistió a la audiencia. Speroni dio un paso más: le hizo saber a Urso que reclamaba la competencia puesto que el delito investigado en penal económico preveía una pena mayor que el que se dirimía en su juzgado.
El alborozo de los letrados tenía una explicación. La sala que ordenó a Speroni indagar a los cuñados está integrada por Marcos Grabivker, Carlos Pizzatelli y Roberto Hornos. Grabivker y Pizzatelli están visualizados como personas de confianza del presidente de la Corte Suprema, Julio Nazareno. Grabivker, cuya especialidad era el derecho laboral, fue secretario de Nazareno y juró en la Corte su actual cargo de camarista; Pizzatelli, antes de su designación en la Sala B revistaba en superintendencia de Corte; Hornos es hermano de un camarista de la Casación. En el Tribunal Oral hay otra válvula de seguridad: el juez Héctor Acuña, cordobés, ex magistrado en Catamarca, corredor de autos y menemista confeso. Su cabeza estuvo a punto de rodar por un pedido de juicio político originado en el sobreseimiento de “Cacho” Steimberg, detenido por contrabando de coches y vinculado a Carlos Menem Junior. Acuña logró eludir la destitución porque la solicitud de jury fue archivada tras dos años de congelamiento. Speroni era por esas fechas su secretario.
En paralelo al desperezamiento de la pequeña estructura que juzga los delitos económicos, una lucha sorda se entabló en la Sala II del fuero federal. Lo que los camaristas resolvieron respecto de la prisión de Emir, en menos de lo que canta un gallo, se estiró a más de cuatro meses en el caso de Menem. Es que la unanimidad inicial se había transformado en deliberación. Hace dos semanas, trascendió que, de todas formas, los votos se inclinaban dos a uno por confirmar la decisión de Urso. Siete días después la fragmentación había aumentado: ahora uno confirmaba, otro entraba en la zona de la duda sistemática y un tercero se decantaba por la revocatoria. Irurzun, Cattani y Luraschi optaron entonces por mantener el silencio, hacer una verónica y dejar la cuestión picando en el tejado de la Corte. Serán los jueces del Supremo los que paguen los costos, a un precio más bajo, por cierto, que el que hubieran debido afrontar de tener que modificar un fallo confirmatorio de la Cámara. Urso y Stornelli quedaban frente al abismo y librados a su suerte.
La cartera de Justicia, querellante en la causa, no se ha expedido aún ante la presentación hecha por Elisa Carrió y Graciela Ocaña, quienes solicitaron la recusación de Julio Nazareno y Adolfo Vázquez por amistad manifiesta con el encartado. No hay margen para imaginar que un milagro se produzca en la Corte. Una mayoría designada por el menemismo y alineada con él garantiza que la figura de la asociación ilícita caiga como un calzón bajo los argumentos de la mayoría de los ministros. Es la única posibilidad de que los aires de libertad alcancen también a Emir: los ex cuñados deben zafar juntos de la situación y no por solidaridades de parentela. Yoma ha advertido que “si a él lo largan y a mí me dejan, a los 15 días está acá de nuevo”. El 7 de diciembre de 1995, Adolfo Vázquez había enviado una nota escrita a mano a su “muy querido presidente y amigo” agradeciéndole el cargo de integrante de la Corte: “ahora le pido aDios que me dé la lucidez y la oportunidad de demostrar que una vez más tu decisión no ha sido equivocada al proponerme para tan honroso cargo”. La oportunidad que Vázquez deseaba está a la vuelta de la esquina.

La Banda sigue tocando

Por Miguel Bonasso

Un virtual acuerdo entre el flamante senador Eduardo Duhalde y el grupo de colegas justicialistas, que el mundillo político suele llamar “la Banda”, causa profundo rechazo en el Frente Federal (que integran gobernadores de las provincias chicas) y podría llevar a la fractura del bloque peronista en el Senado. Fuentes políticas y parlamentarias revelaron a Página/12 que el arreglo entre el ex candidato presidencial y algunos de los rostros visibles de un Senado profundamente desacreditado supondría, entre otras cosas, que el sanjuanino José Luis Gioja seguiría presidiendo el bloque justicialista, el pampeano Carlos Alberto Verna mantendría el control sobre la estratégica comisión de Presupuesto y Hacienda y el riojano Jorge Yoma, además de presidir la Comisión de Asuntos Constitucionales, iría como representante del Senado al Consejo de la Magistratura. En ese marco –especulan las fuentes– aunque el justicialista de Misiones Ramón Puerta asumiera la presidencia provisional, sería un mando puramente formal, con el poder tradicional detrás del trono. Otros van más lejos y atribuyen al ex gobernador bonaerense un acuerdo bajo la mesa con el gobierno para que el cuerpo continúe presidido por un radical. “Es un pastel –remató la misma fuente-, Duhalde se olvidó de lo que dijo en campaña. Este es el Senado de siempre. La Banda sigue tocando.”
La calificación de “Banda” endilgada a un grupo de senadores peronistas causó mucho escozor e indignación en los despachos senatoriales cuando fue lanzada por Atilio Cadorín en el diario La Nación, allá por 1996 o 97. Pero desde entonces sigue vigente en el mundillo político. En la conducción orquestal se ubicó entonces al entrerriano Augusto Alasino, que ya no regresará a la Cámara Alta pero de quien se habla incluso para una probable embajada. Como primera trompeta aparecía Carlos Alberto Verna, definido por muchos como el ideólogo del grupo y, sin duda, el músico más inteligente del conjunto. Entre los ejecutantes destacados figuraba el formoseño Ricardo Alberto Branda, que ahora ha sido premiado con un puesto de director en el Banco Central, tal como lo anticipó esta columna el 5 de agosto pasado. No es el único premio, en todo caso. Ayer en los tribunales de Comodoro Py se hablaba del inminente sobreseimiento en la causa de los sobornos. Algunos senadores que se van y no vuelven, pero que votaron la cuestionada ley de flexibilización laboral, lo habrían exigido al Gobierno para antes del 10 de diciembre, en que sus fueros se extinguen.
En rigor, muchos ejecutantes de “la Banda” ya han debido emigrar (aunque con el consuelo de otros cargos públicos) y quedaría una Banda residual y no muy ortodoxa. De hecho a Gioja se lo ubica mejor en una zona difusa que los propios senadores denominan “el barrio Chino”, y el entrerriano Héctor Maya suele llamar “el Bloque de Olivos”, en obvia alusión a la voluntad de darle una mano al oficialismo, como ocurrió cuando la votación de la ley de déficit cero. Tampoco “el Negro” Jorge Yoma es un miembro pleno del núcleo, sino más bien un “outsider”. Pero los acuerdos del ex candidato presidencial con senadores que auspiciaron algunas de las iniciativas y prácticas más cuestionadas no confirma precisamente la promesa proselitista de Duhalde: construir un nuevo Senado.
Los críticos más acerbos acusan al bonaerense de estar jugando a dos puntas, al levantar por un lado la candidatura de Puerta y negociar bajo la mesa con Fernando de la Rúa para que la presidencia provisional siga en manos del radical Mario Aníbal Losada o algunos de sus correligionarios como Carlos Maestro o Raúl Baglini, el autor del famoso “Teorema” sobre cómo se modera el discurso en forma directamente proporcional con la cercanía del poder.
En esta cercanía con la Rosada, el hombre de Lomas de Zamora coincidiría –paradójicamente– con sus rivales del menemismo, como el propio Eduardo Menem –que tampoco integra “La Banda”– pero propiciaría la continuidadde la presidencia radical por razones más que obvias, vinculadas a la inminente liberación de su hermano Carlos Saúl. (También anticipada en este diario el 5 de agosto pasado, en una nota que Eduardo Menem calificó de “basura periodística” e “infamia.)
Según los informantes de Página/12, el ex presidente Menem recibió en Don Torcuato la visita del jefe de gabinete Chrystian Colombo, que está operando activamente a favor de que Losada y no Puerta (u otro peronista) se ubique en el puesto 2 de la Ley de Acefalía. La Corporación (ese oscuro vínculo entre las dos fuerzas políticas principales de la Argentina) suele utilizar túneles para eludir a la prensa. Como el de Olivos, por donde habrían pasado, en vísperas de la gira presidencial a Europa, el Choclo Alasino, Gioja y Verna para charlar discretamente con el primer mandatario. Allí, según las fuentes, se habría concedido a De la Rúa y su ministro Domingo Cavallo la no sanción en la Cámara Alta de la ley de coparticipación del impuesto al cheque, que ya había sido aprobada por Diputados y constituía un fuerte reclamo del Frente Federal.
El presidente, por su parte, habría mostrado una buena disposición para confirmar la incorporación de Gerardo Palacios a la Auditoría General y de Branda al Banco Central. Entre otras recompensas a legisladores que apoyaron la tristemente célebre ley laboral.
Estos acuerdos, Duhalde-Banda, Banda-Olivos, generaron severas turbulencias entre algunos legisladores del Frente Federal y los otros senadores justicialistas. En la línea dura se ubicaron fundamentalmente tres mujeres: Liliana Negre, de San Luis; Sonia Escudero, de Salta, y Cristina Kirchner, de Santa Cruz. A la esposa del gobernador Néstor Kirchner, una parlamentaria de larga experiencia en la heterodoxia justicialista, los acuerdistas la quisieron tentar con la primera vicepresidencia, un cargo con más apariencia de poder que poder real. Pero luego trascendió que la vicepresidencia primera sería para el cordobés Juan Carlos Maqueda, un hombre del gobernador Juan Manuel De la Sota. En cualquier caso se trataba de negarle a la senadora Kirchner lo que pretendía: la estratégica Comisión de Asuntos Constitucionales. Ayer, un despacho de la agencia oficial Télam daba a conocer que habían cambiado de idea y estaban por ofrecerle la Comisión de Pesca.
El mismo despacho daba cuenta del “documento de los 23”, firmado el jueves por la noche como un llamamiento a la unidad que “habría permitido llegar finalmente a un acuerdo entre los dos sectores en pugna para definir las principales jefaturas”. Los 23 en realidad son 21 y en el Grupo Federal no participa Eduardo Duhalde, como informa erróneamente la agencia oficial. Algunas firmas –dicen– se habrían conseguido a cambio de ciertas concesiones. Sería el caso del ex radical José Alperovich, cooptado por el gobernador Julio Miranda para el justicialismo de Tucumán. Alperovich, aseguran las fuentes, habría estampado su cambiante signatura a cambio de la Comisión de Obras Públicas que apetecía.
Según Télam, habría bastado una conversación telefónica entre Duhalde y Jorge Yoma para componer un esquema que tiene a Puerta como candidato a la presidencia provisional y a Gioja como jefe del bloque justicialista. Esquema que supone para este último un papel más decorativo que real y que seguramente encenderá las críticas de algunos miembros del Frente Federal, para quienes la presidencia provisional del Senado, por parte del justicialista por Misiones, debía suponer un cambio decisivo en las relaciones entre la Cámara Alta y el Poder Ejecutivo.
Aunque el Frente Federal dista de constituir una tendencia interna del justicialismo, y es, ante todo, una alianza táctica entre senadores tendiente a defender a las provincias en sus disputas con la Nación, algunos de los gobernadores que lo apadrinan, como el puntano Adolfo Rodríguez Saá, el santacruceño Néstor Kirchner y el salteño Juan Carlos Romero, resultaron un apoyo importante para Duhalde en el recientecongreso partidario donde corrió a los menemistas de las principales posiciones jerárquicas. No le conviene distanciarse de ellos. Y menos en las presentes circunstancias, en que sus rivales para la candidatura presidencial, Carlos Ruckauf, Carlos Reutemann y José Manuel de la Sota mueven sus propias piezas en ese Senado que se comió la vicepresidencia de Chacho Alvarez y simboliza, más que ninguna otra institución de la democracia argentina, el descrédito de la actual clase política.

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