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Por Felipe Yapur
 Tras años de dedicación
exclusiva a la generación de leyes, es posible que el retorno a
la vida cotidiana para muchos legisladores se transforme en un trámite
difícil de sobrellevar. Y mucho más, si se tiene en cuenta
la escasez de trabajo que azota estas tierras. Esta debe ser la razón
que llevó a varios senadores y a otros tantos diputados, a presentar
su solicitud a la comisión bicameral que administra el Fondo de
Compensación Resarcitoria Temporaria. En pocas palabras, un subsidio
equivalente al 50 por ciento del sueldo que perciben en la actualidad
y que recibirán por un período correspondiente a la mitad
del mandato constitucional. Eso sí, siempre y cuando no tengan
otro ingreso. Curiosamente, entre los más necesitados –por
así decirlo– que ya pidieron el beneficio, están el
santafesino Jorge Massat y el salteño Emilio Cantarero, dos senadores
que estuvieron involucrados en sendos escándalos. El primero por
enriquecimiento ilícito, el segundo fue uno de los más complicados
en el affaire de los sobornos por la reforma laboral. Pero no son los
únicos.
El mecanismo para acceder a este subsidio por desempleo de privilegio
es bastante sencillo. Cada senador o diputado que finalice el próximo
10 de diciembre su mandato, debe hacer llegar su solicitud a la comisión
bicameral que preside hasta fin de año la frepasista María
América González. La secunda un intachable: el senador jujeño
Alberto Tell.
El legislador que pida este dinero debe asegurar que por su tarea en el
Parlamento no tiene un ingreso que le permita reinsertarse a la vida cotidiana,
la vida como la conoce y sufre cada argentino común y corriente.
El presidente de la bicameral debe estudiar cada caso y junto a los presidentes
de las comisiones de Previsión, Presupuesto y Hacienda de ambas
cámaras, resolverá el otorgamiento o no de dicho beneficio.
En caso de acceder, el senador recibe 2700 pesos y el diputado unos 2000.
Sin duda, un subsidio por desempleo que sería la envidia de cualquier
país.
Según fuentes parlamentarias, Cantarero fue uno de los primeros
legisladores en presentar su carpeta. Por pudor, quizá, no se la
entregó a la diputada González. Se la dejó a su amigo
y colega Tell. El jujeño la tuvo en su escritorio al menos por
una semana. Pero justo cuando estaba por despacharla para Diputados, Cantarero
decidió retirarla. La razón era una sola: había trascendido
su intención de gozar del seguro de retiro y no estaba en condiciones
de soportar otro escándalo como el de los sobornos.
Similar actitud, trascendió, tomó el santiagueño
Jorge Mikkelson Löth, quien con la misma rapidez de su colega norteño
ordenó retirar la solicitud del despacho de Tell. Fueron los dos
únicos arrepentidos.
Oficialmente, además de Massat, los senadores que pidieron el beneficio
son: Enrique Martínez Almudevar (PJ La Pampa), Susana Martínez
(UCR Santa Cruz), José María Sáez, Juan Carlos Loza
(Cruzada Renovadora de San Juan) y Osvaldo Sala (PJ Chubut).
Fuentes parlamentarias confiaron a Página/12 que en los próximos
días se espera la presentación de unas 15 solicitudes más.
Bastante pocas si se tiene en cuenta que sólo en el Senado apenas
nueve renovaron sus bancas de los 69 que hoy integran la Cámara
alta.
Además de los que continuarán en el Senado, hay seis que
están impedidos de realizarlo. Por un lado están Ricardo
Branda (PJ-Formosa), Gerardo Palacios (PJ-Tierra del Fuego) y Omar Vaquir
(PJ-Santiago del Estero). El formoseño será uno de los nuevos
directores del Banco Central. El fueguino Palacios irá a la Auditoría
General de la Nación. En tanto que Vaquir ya partió hacia
Kuwait para hacerse cargo de la sede diplomática que la Argentina
tiene en ese lejano país. En tanto, en la última sesión
el cuerpo designó a José García Arecha (UCR-Capital
Federal), Luis León (UCRChaco) y Beatriz Raijer (PJ-Córdoba)
como embajadores, sin destino por ahora. Ahora bien, si este beneficio
está dirigido exclusivamente para aquellos legisladores que “no
pudieron acceder a ninguna prestación jubilatoria o retiro”,
llama la atención entonces que los si-guientes senadores la solicitaran.
u Jorge Massat: en su declaración jurada dejó sentada la
posesión de siete inmuebles en su Santa Fe natal que suman $256.000,
unos 236.000 pesos en títulos y acciones no cotizables en bolsa,
tres automóviles y una empresa que dirige con su esposa, Liz Aurelia
Fiant. Pero tal vez la razón de su solicitud está en los
créditos hipotecarios y prendarios que tiene vigentes.
u José María Sáez: radical de Chubut que, según
el currículum que publica la página oficial del Senado en
Internet, dice ser “el director del diario El Chubut editado en la
ciudad de Trelew para toda la Patagonia”. Ahora bien, Sáez
podría haber abandonado ese puesto, pero no deja de ser interesante
saber cómo hará para compatibilizar su solicitud con el
patrimonio neto declarado que asciende a 290.000 pesos. La cifra surge
de los inmuebles que tiene en Capital Federal y Puerto Madryn, de los
cinco automóviles y de las acciones nominativas por 1.175.705 pesos.
Datos extraídos de su declaración jurada.
u Osvaldo Sala: otro chubutense pero del justicialismo. El hombre que
pide el beneficio de 2.700 pesos para reinsertarse en la sociedad es titular
de tres propiedades en Puerto Madryn, una en Capital Federal y dos en
Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires. Además tiene otros ingresos:
por artesanías, 25.000 pesos; locaciones, 15.600 pesos. Todo suma
un patrimonio de $ 461.000.
u Enrique Martínez Almudevar: al radical la jubilación de
470 pesos que percibe por haber sido docente ya lo deja fuera del beneficio.
Lo que no queda claro es cómo pensaba obtenerla si además
de esa jubilación tiene cuatro propiedades en La Pampa, dos en
la ciudad de Buenos Aires, tres autos y un arrendamiento por 75.000 pesos
que figuran en su declaración jurada.
u Susana Martínez: es la radical de Santa Cruz que reemplazó
a Melgarejo, el legislador que renunció frente a las cámaras
de televisión cuando su colega Silvia Sapag dijo que Cantarero
le había dicho que “él estaba más pirata por
la ley de hidrocarburos”. Martínez ocupó su banca y
a pesar de su opaco desempeño y por el corto tiempo que tiene en
la Cámara, apenas un poco más de un año, solicitó
el beneficio. Si accede, lo recibirá unos meses.
u Juan Carlos Loza: viejo amigo del ex senador y actual gobernador de
San Juan Avelín, quien le concedió la banca por compensación
de viejas luchas compartidas. Si está en condiciones de acceder
al beneficio, lo hará solamente por un año.
En la Cámara baja sucede algo similar. Hasta el momento, son once
los diputados que acercaron su solicitud. Hay legisladores de todos los
partidos, desde la UCR, el PJ, el ARI, el Frepaso y hasta del bussista
Fuerza Republicana.
Entre los justicialistas inscriptos sobresale un nombre, Dulce Visconti,
un apellido que suena más al viejo dúo folclórico
que a los conocidos apellidos del bloque del PJ. Pero si se escudriña
un poco más, es posible conocer quién es la enigmática
Visconti. En su distrito, Ezeiza, la conocen como por el apellido de su
marido, el intendente Alejandro Granados. Ambos son dos de los más
acérrimos menemistas que hay en la provincia de Buenos Aires, el
territorio duhaldista.
El único representante del ARI que figura es el entrerriano Juan
Domingo Zacarías, quien además de ser un admirador de Juan
Domingo Perón y un seguidor indiscutido de Elisa Carrió,
finge de empresario en su provincia. También aparece Delia Pinchetti,
la bussista tucumana cuyo marido, Ramón Sierra Morales, alias “el
nene”, fue funcionario de la dictadura y luego legislador durante
el gobierno del genocida Antonio Bussi. Durante esos años, su marido
cobró una dieta mensual de 16.000 pesos. Una cifra que al parecer
no le garantizó a la diputada un futuro acorde al estándar
de vida que está acostumbrada.
Lo cierto es que aquellos diputados o senadores que accedan al exclusivo
beneficio recibirán su pago por mes vencido a partir de la finalización
de su mandato y, lo más importante de todo, será incrementada
en el mismo porcentaje que se le otorgue a la remuneración mensual
del legislador, es decir, dietas y gastos de representación. Todo
una perlita.
Pero hay otra más. Los fondos surgen de los aportes que los mismos
legisladores realizaron. Es equivalente al 5 por ciento de lo cobrado
por todo concepto. Pero en caso de que este Fondo no cuente con el dinero
suficiente, la comisión bicameral que controla este beneficio podrá
recurrir al dinero para funcionamiento que tiene el Poder Legislativo
y que fija el Presupuesto General de la Nación. “Hasta el
momento no tuvimos necesidad de tomar dinero del presupuesto porque tenemos
superávit”, dijo a este diario la frepasista González,
aunque advirtió que todo cambiará a partir de diciembre
porque se retiran algo más de 150 legisladores de ambas Cámaras:
“Un número que, sin duda, supera la recaudación que
realiza el fondo”, dijo la frepasista que dejará la presidencia
de la bicameral en pocos días más.
En una Argentina con un desempleo superior al 18 por ciento, el beneficio
extraordinario de los legisladores suena a una broma de mal gusto, pero
no lo es.
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Historia de escándalos
Por F.Y.
El senador Jorge Massat solicitó el beneficio. Tal vez
intenta cobrar 2.700 pesos mensuales por considerar que el fin de
su mandato lo encontrará desprotegido, sin ingresos o sin
una jubilación que le permita afrontar la vida sin privilegios
que le ofreció el Senado de la Nación. O tal vez lo
hace por un motivo inconfesable. Lo cierto es que este escándalo
que se avecina, y que lo tendrá de protagonista, no es el
primero de su vida. Se lo reconoce por sus largos y tupidos bigotes
y por su cercanía con el gobernador Carlos Reutemann, quien
le abrió el camino para llegar al Senado. Pero más
por el escándalo en que se vio envuelto cuando su sobrina
Silvina Fantin de Soria confesó ser la “prestanombre”
de su pariente senador en una empresa radicada en Corrientes. La
muchacha dijo que, fruto de ese acuerdo, compartía de manera
formal la sociedad de Comercial Euroamericana SRL con la esposa
de Massat y recibía un sueldo. A cambio debía confeccionar
cheques para entregar a diferentes personas que le indicaba su tío
el senador. El dinero para cubrir esos documentos era depositado
en bancos de la zona del Congreso. En una entrevista con Página/12,
Fantin de Soria dijo que la empresa dedicada a comercializar azúcar
“movió entre 17 y 21 millones a pesar de que sus balances
no superaban los 800 mil pesos anuales”.
La denuncia hizo tambalear al legislador. Su primera reacción
fue pedir licencia. Luego, cuando Reutemann le soltó la mano,
presentó la renuncia a su banca. Pero se arrepintió
a tiempo: “Varios senadores y amigos que me quieren me hicieron
ver que si renunciaba estaba admitiendo alguna culpa o responsabilidad”,
dijo el hombre que presidió la estratégica comisión
de Seguimiento de las Privatizaciones. El 10 de diciembre Massat
cumple ocho años como senador. De acceder al beneficio, cobrará
2.700 pesos mensuales durante cuatro años.
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Retirada a tiempo
Por F.Y.
Enterado de que su solicitud para acceder al Fondo de Compensación
Resarcitoria Temporaria había trascendido el despacho de
su colega y amigo, Alberto Tell, el senador Emilio Cantarero la
retiró de inmediato. Si bien el salteño ya dio por
concluida su vida política tras el escándalo de los
sobornos, aparentemente no quiso verse envuelto en otro.
¿Cuál podría haber sido el motivo para que
intentara gozar del beneficio? Por lo pronto, en su declaración
jurada no está la respuesta. Cantarero reconoce un patrimonio
neto de 2,7 millones de pesos, que incluye, además de varios
autos, departamentos en Salta, Córdoba y Capital Federal,
un ingreso anual de 90.000 pesos por ser director de una empresa,
presumiblemente perteneciente a la familia Romero.
El senador estuvo ligado desde muy joven a Roberto Romero, padre
del actual gobernador de Salta, quien lo incorporó a su grupo
de máxima confianza. Lo designó como administrador
de la empresa Horizonte SA, propietaria de “El Tribuno”.
Luego pasó a ser ministro de Economía, desde donde
aplicó una invención que hoy utiliza el gobierno de
Fernando de la Rúa, los bonos. El primer escándalo
que lo tuvo como protagonista fue en 1987 cuando era diputado provincial.
Una grabación clandestina lo involucró en un pedido
de nombramiento de ciertos jueces para que favorecieran a Horizonte.
El caso le costó la renuncia al presidente de la Corte provincial,
pero como la prueba no fue aceptada, Cantarero quedó a salvo.
En 1996 reemplazó a Juan Carlos Romero en el Senado. El 29
de agosto de 2000, reconocería frente a una periodista de
La Nación el haber cobrado los sobornos para aprobar la Reforma
Laboral.
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