Por Rosa Townsend
Desde Miami

Los norteamericanos le habían dado al presidente George W. Bush un cheque en blanco para combatir el terrorismo, pero su orden de juzgar militarmente a los terroristas en tribunales secretos está haciendo a muchos reconsiderar ese apoyo incondicional. El anuncio de las cortes marciales itinerantes (que operarán sobre todo en Afganistán y Pakistán) sin las garantías procesales del sistema judicial de EE.UU. ha abierto por primera vez desde los atentados un tormentoso debate social sobre la justicia como pilar de la democracia que predica Washington en el mundo.
El propio vicepresidente Dick Cheney ha salido a defender la propuesta intentando contrarrestar la creciente marea de la opinión pública en contra. “Alguien que viene a EE.UU. ilegalmente, alguien que realiza una operación terrorista matando a miles de americanos inocentes, hombres, niños y mujeres, no es un combatiente legal y no merece ser tratado como un prisionero de guerra –dijo Cheney–. No merece las mismas garantías que un ciudadano americano. Un tribunal militar garantiza que estos individuos reciban el tipo de trato que merecen”.
El trato que merecen es una de las dos preguntas centrales del debate. La otra es sobre la constitucionalidad de tales juicios a sospechosos seleccionados por el presidente en una guerra que el Congreso no ha declarado formalmente. Juristas de prestigio como David Cole, profesor de la Universidad de Georgetown, afirman que es inconstitucional, pero otros, como el también profesor y ex asesor legal del Departamento de Estado Paul Williams, aducen que es la única opción viable. “El problema es que no tenemos una corte adecuada para juzgar a los terroristas que capturemos y tardaríamos años en establecer una. El actual sistema colapsaría con miles de casos”, subraya Williams.
La celeridad es el argumento esgrimido por el gobierno, junto con el de la protección de fuentes y métodos de inteligencia, que saldrían a la luz pública en un juicio normal. Sin embargo, los juicios militares ordenados por Bush serán a puerta cerrada, con jurados militares, que pueden imponer condenas de muerte, sin normas procesales fijas, con abogados defensores no necesariamente elegidos por los acusados y con un nivel “flexible” de pruebas de culpabilidad, que decidirá en exclusiva el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld. Y el presidente determinará quiénes y dónde se juzgan.
Tanto Bush como el secretario de Justicia John Ashcroft han tratado de aplacar la controversia reiterando que es una medida para extranjeros, no para ciudadanos americanos, y recordando que es una situación de “emergencia extraordinaria” amparada por un dictamen de la Corte Suprema de 1946. Es cierto, pero no es suficiente para los grupos de defensa de derechos civiles. Laura Murphy, dirigente de la Unión Nacional de Libertades Civiles, expresaba su inquietud en el programa “The News Hour” de la televisión pública: “Pruebas que serían inadmisibles en un tribunal lo serán en estos juicios, y nadie se enterará. Esto va contra la democracia que queremos preservar. La condena en Nueva York a los terroristas del atentado a las Torres Gemelas demuestra que nuestro sistema funciona”.
En un tribunal de EE.UU. se necesitaría la unanimidad del jurado para una sentencia de ejecución, mientras que en las cortes militares sólo harán falta dos tercios. Y el acusado no tendrá derecho a apelación. En suma, sus derechos se restringen mucho más que en una corte militar convencional, donde nadie puede ser condenado a menos que las pruebas en su contra demuestren su culpabilidad “más allá de una duda razonable”. Fuentes del Departamento de Justicia señalan que es casi seguro que los tribunales militares no vayan a funcionar en EE.UU., sino en los lugares donde se capture a los sospechosos, probablemente Afganistán y Pakistán. Las mismas fuentes afirman que una de las finalidades es estimular a los 1.200 arrestados en EE.UU. en conexión con los atentados a que cooperen en la investigación antes que verse en un juicio militar. El propio titular del Comité Judicial del Senado, el demócrata Patrick J. Leahy, ha manifestado sus dudas sobre la legalidad de enjuiciar militarmente a gente detenida en EE.UU.
El único precedente en el último siglo fue durante la Segunda Guerra Mundial. El presidente Franklin Delano Roosevelt autorizó un juicio militar contra ocho saboteadores nazis que entraron con bombas en la Costa Este de EE.UU. Siete generales los juzgaron en secreto durante 18 días en el Departamento de Justicia. Los acusados se declararon inocentes y criticaron a Hitler, pero el 8 de agosto de 1942 seis fueron electrocutados en Washington.
De El País de Madrid, especial para Página/12.

HABLA MOHAMED JASEM AL ALI, DE LA CADENA DE TV ARABE AL JAZEERA
“EE.UU. no dijo por qué nos bombardeó”

Por Fernando Gualdoni *
Desde Doha

Mohamed Jasem Al Ali no es periodista, pero su experiencia en televisión se remonta a 1975, cuando comenzó a trabajar en la cadena pública qatarí. Desde el momento en que la cadena de televisión por satélite Al Jazeera fue fundada en noviembre de 1996 por el emir de Qatar, jeque Hamad bin Khalifa Al Thani, se le confió a Abu Jasem, como lo llaman sus empleados con confianza, la dirección y una silla en el consejo de administración de la nueva cadena. Es un hombre afable, pausado y sereno para hablar. Los periodistas, técnicos y demás trabajadores hablan con respecto de él sin que nadie les pregunte. Dicen que es muy accesible, que la puerta de su despacho siempre está abierta para ellos. Es más, en parte atribuyen el éxito y la credibilidad de Al Jazeera a la libertad que ellos mismos sienten dentro de la propia estación de televisión.
–¿Cuál cree usted que es el punto más fuerte de Al Yazira y cuál el más débil?
–El punto más fuerte es que es la primera experiencia como cadena independiente y objetiva en el mundo árabe. Mientras que nuestra debilidad es que no tenemos otro punto de referencia, otra televisión independiente en el mundo árabe para empujarnos a hacer mejor nuestro trabajo.
–¿Cuál su relación con el gobierno qatarí?
–El emir de Qatar creó la cadena hace cinco años con un contrato por el cual daba a la cadena un presupuesto anual de 30 millones de dólares. Este contrato se terminó el pasado 1 de noviembre y ya no tenemos el apoyo financiero del gobierno. Así que ahora estamos empezado a financiarnos a nosotros mismos.
–¿Y la de la cadena con respecto a los demás países del Golfo Pérsico?
–Hay dos aspectos, uno es el público y el otro los gobiernos. Al público lo hemos tratado con mucho respeto desde el comienzo para darle confianza en los medios de comunicación árabe y creo que hemos conseguido ser creíbles para ellos. Los gobiernos de todos los países árabes y no sólo de los países del Golfo Pérsico nos vieron al principio con mucha cautela y más tarde comenzaron a presionarnos negándose a dar visas a nuestros corresponsales, clausurando nuestras oficinas y prohibiendo a nuestras cámaras filmar. Pero después de cinco años, los gobiernos han cambiado su actitud beligerante y ahora pueden verse en muchas cadenas públicas árabes programas similares a los de Al Jazeera. No obstante, hay tres países árabes, Bahrein, Argelia y Arabia Saudita, donde aún no hemos podido acreditar a nuestros corresponsales y en otro, Túnez, tenemos corresponsal pero no le dan libertad, movimiento, no puede trabajar.
–Hablando de presiones, el secretario de Estado norteamericano Colin Powell reconoció que había intentado convencer al emir de Qatar para que usara su influencia para poner freno a las opiniones antiamericanas, según Powell, que Al Jazeera difunde. ¿Recibió presiones directas?
–Me enteré del asunto por la prensa. No hemos recibido una presión directa en este sentido y pienso que si algún día la recibimos el primer perjudicado será el público. Seguimos trabajando con la misma objetividad y profesionalismo y esto no cambiará con ciertas personas o circunstancias. Me extrañaría que EE.UU. intentase presionar sobre una cadena de televisión cuando este país ha intentado inculcar al mundo árabe los conceptos de libertad de expresión durante los últimos años.
–La oficina de Al Jazeera en Kabul fue destruida el martes pasado por una bomba. ¿Han recibido alguna explicación sobre esto?
–Nuestro corresponsal en Washington ha preguntado al portavoz de la Casa Blanca si fue un error o qué ha pasado pero hasta ahora no tenemos ninguna respuesta. No sabemos si EE.UU. lo ha hecho porque quería destruir la oficina de Al Jazeera pero sabemos con certeza que EE.UU. sabía dónde estaba localizada nuestra estación en Kabul. Nuestra gente que estaba allí está bien y llegaron en la madrugada del jueves a Pakistán.
–¿Seguirán presentes en Afganistán?
–Por supuesto, nuestra profesión es meternos en problemas. Seguiremos presentes allí porque el público confía en nosotros y tenemos que seguir dándole información. Anteayer por la mañana enviamos cuatro de nuestros periodistas a Afganistán y esperamos que lleguen lo antes posible a pesar de las dificultades con el transporte. Mientras tanto seguimos teniendo a nuestro corresponsal en Kandahar y somos los únicos que estamos allí, aun cuando sólo sea transmitiendo por videoteléfono.
–¿Qué planes tiene la cadena para el futuro?
–Hay planes muy ambiciosos, una cadena de negocios y documentales y un plan para hacer una edición en inglés que está en estudio. Mi deseo es tener servicios en muchos idiomas pero nunca habíamos pensado que sólo en cinco años seríamos tan reconocidos mundialmente. Nuestro proyecto inicial era el de llegar a transmitir 24 horas a partir del quinto año y lo comenzamos a hacer ya desde el segundo y ello supuso un esfuerzo muy grande no sólo por el dinero sino porque se necesita gente calificada. Por ello creo que el servicio en inglés tardará en llegar.

* De El País de Madrid. Especial para Página/12.

DESILUSIONADOS Y ATERRADOS POR LOS TALIBANES
Los paquistaníes vuelven de la Jihad

Por Angeles Espinosa
Desde Islamabad

Engañados y apaleados. Los paquistaníes que, con más entusiasmo que ardor guerrero, cruzaron hace un par de semanas la frontera con Afganistán para unirse a la batalla contra Estados Unidos, están regresando a sus pueblos con historias de terror. “Los talibanes nos han tratado muy mal”, explica Mohamed Amin, comisionado de Mingaora, uno de los distritos de la provincia de la Frontera Noroccidental que envió voluntarios a la Jihad.
Eso es en lo que coinciden todos los relatos. “Algunos han contado que los talibanes han llegado a matar a “jihadis” para quitarles las armas y el dinero”, relata Amín. Prueba del temor que han pasado, muchos de los que regresan se han afeitado la barba (uno de los signos de su militancia islámica) para salvar sus vidas. Ese signo les asociaba de forma automática con los rigoristas que ahora han perdido el poder.
Tal vez esas noticias hayan influido en la súbita disminución del entusiasmo protalibán de los paquistaníes. Las manifestaciones de apoyo a ese movimiento se han diluido con tanta rapidez como la Alianza del Norte ha avanzado sobre Kabul. Apenas unas docenas de simpatizantes acudieron a las últimas concentraciones en Peshawar, una ciudad fronteriza que acoge a más de un millón de afganos y que el viernes pasado había reunido a varios miles. Incluso las famosas camisetas con la imagen de Osama bin Laden han perdido cotización en el bazar de Quissa Khawani, o de los Contadores de Cuentos.
El gobierno paquistaní ha asegurado desde el principio que apenas unas docenas habían cruzado la frontera. Ahora ante las noticias de que cientos de sus ciudadanos pueden haber muerto en Afganistán, siguen manteniendo una actitud un tanto distante. “No hay forma de verificar que sean realmente paquistaníes”, ha repetido en varias ocasiones el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Aziz Ahmad Khan, aunque finalmente esta semana anunció que, al no tener presencia diplomática allí, su país se ha puesto en contacto con las agencias humanitarias de la ONU para que verifiquen ese extremo.

“Hay que investigar y presionar por
las masacres de la Alianza del Norte”

Por Marcelo Justo
Desde Londres

Amnesty International, la organización de derechos humanos con sede en Londres, exhortó a que se incluyan monitores de derechos humanos en la misión de Naciones Unidas a Afganistán. En diálogo con Página/12, Margaret Ladner, la encargada de Afganistán de Amnesty, señaló que se trata de un paso esencial para lograr la pacificación del país. “Es necesario que las distintas facciones tengan en claro que cualquier responsable de violaciones a los derechos humanos deberá responder ante la Justicia”, indicó a este diario.
–¿Cómo definen la situación de derechos humanos en Afganistán?
–La situación actual es muy frágil y confusa. Hemos exhortado a todas las partes en el conflicto a que garanticen el respeto de los derechos humanos y los tratados internacionales, entre ellos la Convención de Ginebra sobre el trato de prisioneros y heridos que Afganistán ratificó en 1951.
–Sin embargo ya hay señales de violaciones a los derechos humanos en territorio controlado por la Alianza del Norte.
–Es cierto. Un portavoz de Naciones Unidas indicó que la Alianza del Norte mató a cientos de combatientes talibanes que se escondían en una escuela en la ciudad de Mazar-i-Shariff. Este hecho merece una investigación imparcial para verificar lo ocurrido.
–No habría que sorprenderse mucho. Después de todo, la Alianza del Norte fue responsable de graves violaciones a los derechos humanos cuando gobernó entre 1992 y 1996, que terminaron con la muerte de unos 50 mil afganos.
–En efecto. Durante este período las mismas fuerzas tribales que ahora conforman la Alianza del Norte fueron responsables de todo tipo de violaciones de los derechos humanos: asesinato de civiles, violaciones, pillaje. Esto fue particularmente grave en la capital Kabul porque la población civil se convirtió en rehén de las distintas facciones que se disputaban la ciudad. Este pasado es preocupante. Creemos que la coalición que ha armado y asistido a la Alianza del Norte debe presionar para que esto no vuelva a suceder.
–También ha habido denuncias sobre lo ocurrido durante la huida de las fuerzas talibanas.
–Hay mucha preocupación por la posibilidad de que haya habido masacres de civiles por razones étnicas, tortura y otras violaciones a los derechos humanos. Al igual que con el caso de la Alianza del Norte debemos verificar esta información. Hay muchos reportes confusos, tanto sobre lo que pasa con los civiles como con los combatientes capturados. Es muy preocupante.
–La Alianza del Norte fue recibida en Kabul y otras ciudades como liberadora. Esto puede cambiar si hay un abuso de poder. ¿Qué puede hacer la comunidad internacional para evitarlo?
–Amnesty espera que se nombren monitores de derechos humanos tan pronto como sea posible. Tiene que haber gente que pueda lidiar con las denuncias que se hagan. El otro punto importante es que la comunidad internacional advierta enérgicamente que quien cometa violaciones a los derechos humanos será llevado ante la Justicia. Hay una importante tendencia hacia la jurisdicción universal de la justicia, de modo que los perpetradores de violaciones a los derechos humanos respondan por sus actos. El caso Pinochet es uno de los más claros ejemplos.
–Hay una discrepancia entre la urgencia de la situación y el tiempo que toma una negociación que permita la participación de Naciones Unidas en Afganistán.
–La resolución 1578 que el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó el 14 de noviembre es muy positiva a este respecto. La resolución expresa el apoyo a los esfuerzos de los afganos para establecer un nuevo gobierno de transición, que respete los derechos humanos de los afganos, más allá de su etnicidad, religión o género.
–¿Qué pasa si la situación de derechos humanos no es monitoreada?
–Si no se solucionan los problemas de derechos humanos que presenta la actual situación, la reconstrucción del país no será posible. El respeto de los derechos humanos es fundamental para la pacificación de Afganistán

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