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Por
Irina Hauser
 El
procurador general de la Nación, Nicolás Becerra, le recomendó
a la Corte Suprema que declare la inconstitucionalidad de la facultad
de querellar de la Oficina Anticorrupción (OA). Es decir, sugirió
en un dictamen que se anule la capacidad de ese organismo de intervenir
activamente e impulsar causas judiciales contra funcionarios y ex funcionarios
públicos.
“Pero qué cagada, che”, se lamentó con cierta
tranquilidad provinciana el ministro de Justicia, Jorge de la Rúa,
de quien depende la OA, cuando recibió la noticia sobre la existencia
del dictamen casi un mes después de que Becerra lo firmara. Si
realmente era para él una novedad o se estaba haciendo el distraído
en actuación magistral, nadie lo sabrá.
El dato, de todos modos, no era menor: el texto de Becerra está
fechado el 18 de octubre, un día después de que el ministro
De la Rúa firmara una resolución en la que anunciaba la
creación de una comisión especial con la misión de
hacer algunas reformas legales para diferenciar el ámbito de acción
de la OA del de la llamada Fiscalía de Investigaciones Administrativas
(FIA), que depende del procurador.
–¿Esto significa que la Oficina Anticorrupción, o sus
atribuciones para investigar, desaparecerán? –le preguntó
Página/12 a un alto funcionario de la cartera de Justicia.
–Al contrario, serán reformas al régimen de la FIA
que redundarán en un refuerzo de la capacidad investigativa de
la OA –contestó.
Es curioso: la resolución de Jorge de la Rúa preveía
que la comisión estuviera formada por gente de la Procuración
y del ministerio, dos reparticiones que a la vista parecen tener posturas
antagónicas.
El texto del procurador, al que tuvo acceso Página/12, es un despliegue
de lenguaje legal enrevesado, ideal para que un lector distraído
no advierta de qué se trata. Corresponde a una demanda con la que
el ex preso Víctor Alderete llegó, a través de su
abogado León Arslanian, hasta la Corte Suprema. Hilando fino queda
claro que Becerra –un hombre que detesta que digan que simpatiza
con un sector del menemismo– le da la razón al ex titular
del PAMI. Hace propios “en un todo” los argumentos del fiscal
Raúl Pleé, quien intervino previamente cuestionando el rol
de querellante de la OA y señaló que, según la Constitución,
quien antes que nadie está para defender los intereses de la sociedad
en nombre del Estado es el Ministerio Público, o sea los fiscales.
Lo demás sería, sostuvo Pleé, “una vedada intrusión
en las funciones y facultades de un órgano independiente”.
Para el fiscal y para Becerra, es un claro caso de “gravedad institucional”.
“Te aseguro, José, que la idea es esclarecer algunas zonas
grises. Que la OA haga investigaciones administrativas, de corrupción,
y la fiscalía actúe como apoyo de la Justicia en causas
de complejidad”, le dijo, ahora inquieto, Jorge de la Rúa
al titular de la OA, José Massoni.
El ministro intentaba minimizar el desaire que al parecer le había
hecho, jurándole y perjurándole que ni la OA, creada en
diciembre de 1999, ni ninguna de sus áreas se verían afectadas
como tantas veces se rumoreó, a pesar de que la transparencia fue
una de las banderas que hizo flamear antes y después de asumir
el actual Gobierno.
La realidad es que un sector importante del organismo anticorrupción
cree poco de lo que dice el titular de Justicia. “Tememos estar entrando
en el pacto de gobernabilidad con el peronismo”, explicó uno
de los funcionarios. No descartan que se concrete un proyecto de ley que
el propio Becerra suscribió este año, impulsando la disolución
lisa y llana de la OA, en pos de concentrar el poder en la Fiscalía.
A la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, que tiene 50
integrantes y un presupuesto de 3.400.000 pesos y que supuestamente debe
dedicarse a investigar irregularidades en la administración pública,
no se le conoce más que una década de inactividad. Desde
que a mitad de año murió el que fuera su titular desde 1991,
Néstor Pinzón, recrudecieron losreclamos que ya venía
manifestando un grupo de fiscales convencidos de que la OA tiene potestades
para investigar que, en realidad, les corresponden a ellos en todos sus
ámbitos de actuación. En el organismo de Massoni creen que
“el conflicto de superposición de funciones es un invento
porque la Fiscalía jamás hizo nada”.
A la OA se le conocen muchas más denuncias contra ex funcionarios
del menemismo que cuestionamientos a personajes del Gobierno de turno,
sobre todo si son radicales. No obstante, es cierto que logró llevar
a la cárcel a Alderete y hacer temblar a María Julia Alsogaray,
en peligro de correr esa misma suerte, entre otras denuncias que han dado
sentido a sus atribuciones para querellar. También hay que reconocer
que consiguió que un amplio sector de la Administración
Nacional presentara sus declaraciones juradas de bienes. A la Oficina
la integran unas 40 personas y tiene un presupuesto anual de 2 millones
de pesos.
Con todo, hoy por hoy muy poca gente se acuerda de que la OA existe, salvo
algunos de los damnificados por sus denuncias. Así lo ratifican
estudios de opinión pública, pero nadie niega que resuena
más que la Fiscalía en la memoria auditiva de los ciudadanos,
aunque sea por el ruido que hizo el Gobierno al montarla y hace en sus
intentos por disolverla. Existieron propuestas que hablaban de que su
Dirección de Investigaciones fuera integrada a la FIA y hasta el
propio presidente Fernando de la Rúa llegó a decir en la
apertura de sesiones del Congreso que la convertiría en ministerio.
¿Alguien se puede imaginar a un integrante del gabinete investigando
a sus pares?
“¡Ridículo! Esa idea del Ministerio Anticorrupción
no fue mía sino del Presidente”, se defendió en su
momento ante sus colaboradores más cercanos el titular de Justicia.
Así las cosas, en la OA se enteraron por pura casualidad de que
el ministro de Justicia planeaba algunas modificaciones en concierto con
la Procuración. Massoni tardó casi un mes en recibir las
explicaciones del caso de su superior, que por cierto fueron breves pero
lo dejaron algo esperanzado. La comisión supuestamente creada por
Jorge de la Rúa el 17 de octubre todavía no existe, aunque
tenía treinta días para expedirse.
A su vez, todo esto ha determinado que haya quedado en suspenso el concurso
–donde había 18 inscriptos– para ocupar la titularidad
de la FIA. Lo que, igualmente, es un detalle frente a esta radiografía
de cómo funciona por dentro el Gobierno.
Para peor, todo apunta a que una vez más la última palabra
sea pronunciada por la Corte Suprema, que tiene el tratamiento del expediente
sobre las atribuciones de la OA entre sus temas prioritarios. Hay chances
de que se lo devuelva a la Cámara de Casación Penal, para
que ésta emita un fallo, aunque también podrían pronunciarse
sobre el fondo del asunto. Ya hay bastantes personajes haciendo fuerza
desde el poder para que alguien, quizá los supremos, terminen de
vaciar a la llamada “lucha anticorrupción” de lo que
le queda de sentido.
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