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 El
rechazo por parte del Gobierno de los pedidos de extradición de
19 represores a España y a Alemania generó un previsible
y contundente rechazo por parte de los organismos de derechos humanos.
“No nos extraña esto que hacen, porque desde el poder protegen
a los criminales”, afirmó el titular del Servicio Paz y Justicia
(Serpaj), Adolfo Pérez Esquivel. En tanto, Laura Bonaparte, de
las Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, dijo que “es
una resolución canalla. Siento rabia y bronca”. Y Cristina
Valdez, de la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos
de La Plata, evaluó que “no sorprende tanto esa decisión,
a la que nos tienen acostumbrados estos gobiernos pseudodemocráticos.”
El argumento del Ejecutivo para no hacer lugar a los reclamos de la Justicia
alemana y española fue el de la defensa del principio de “territorialidad”.
Vale decir, que los crímenes cometidos dentro de un país
sólo pueden ser juzgados por el Poder Judicial de esa nación.
Esta línea fue la mantenida tanto por Chile para solicitar que
el ex dictador Augusto Pinochet fuera trasladado de Gran Bretaña
al país trasandino, como por el gobierno de Carlos Menem.
“Hablan de territorialidad para estos casos, pero nunca la aplican
para el saqueo económico que hay en el país. Ahí
no hay territorialidad que valga, parece”, señaló a
Página/12 Pérez Esquivel. “Estas decisiones del gobierno
son antijurídicas, porque son contrarias al derecho internacional,
que establece que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles”,
agregó.
Bonaparte consideró que “en vez de globalizar la Justicia,
se oponen a ella. Es infame todo esto. Creo que este país ya no
tiene ninguna norma ética.” Desde Familiares, Valdez aseguró
que “las noticias malas son comunes en nuestros gobiernos. Pero se
equivocan si piensan que van a hacer que dejemos en la lucha. Vamos a
seguir presionando para que no haya más impunidad”.
El viernes pasado, el ministro de Defensa, Horacio Jaunarena, a cargo
interinamente de la Cancillería, firmó dos resoluciones
sobre los pedidos de extradición, que recién trascendieron
a última hora del sábado. En la primera de ellas, fueron
beneficiados 18 represores que están imputados por el juez español
Baltasar Garzón por los delitos de “terrorismo, genocidio
y torturas”.
Entre los beneficiarios de esta decisión de Jaunarena está
el ex juez federal Víctor Brusa, y los ex policías santafesinos
Juan Perizzotti, Héctor Colombini, María Eva Aevis, Mario
Facino y Eduardo Ramos. También están dentro del grupo los
ex marinos José Suppisich, Olegario Menéndez, Raúl
Scheller, Miguel Benazzi, Hugo Damario, Fernando Peyón, Francisco
Rioja, Jorge Rádice, Roberto González, Roberto Carnot, Gonzalo
Sánchez y el ex médico Luis Magnacco. Todos ellos están
involucrados en la desaparición de ciudadanos españoles
durante la última dictadura.
En la segunda resolución, el Gobierno denegó el pedido de
extradición a Alemania del ex general Guillermo Suárez Mason,
acusado del asesinato de la ciudadana germana Elizabeth Kasemann, cuyo
cuerpo apareció baleado en la localidad de Monte Grande, el 24
de mayo 1977.
“No nos vamos a quedar de brazos cruzados. Vamos a estudiar la posibilidad
de insistir con nuestros reclamos en otros ámbitos, que puede ser
la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”, garantizó
Pérez Esquivel. Por lo pronto, las leyes de Obediencia Debida y
Punto Final fueron anuladas en dos instancias judiciales argentinas, para
un caso particular de desaparecidos. Pero sólo si la Corte Suprema
ratifica la anulación se abrirá la puerta para que los represores
efectivamente puedan ser juzgados en Argentina.
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