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Por
Cledis Candelaresi
 Eduardo
Baglieto, por la Camára Argentina de la Construcción, e
Ignacio de Mendiguren, como titular de la Unión Industrial Argentina,
bosquejarán hoy públicamente sus propuestas para superar
el colapso económico, sobre la base de resucitar la inversión
pública y el mercado interno. Los constructores, con un tono no
belicoso. Los industriales, con más osadía y reclamando,
incluso, impuestos extraordinarios para quienes más se enriquecieron
en la última década. Más allá de las diferencias
de matices, la estrategia deja al Grupo Productivo –que integran
UIA y CAC– irremediablemente distanciado de banqueros, privatizadas
y grandes comerciantes, que siguen reclamando un mayor ajuste fiscal como
camino para conjurar la crisis.
“Hay que agrandar la torta y después redistribuir”, comentaba
ayer a Página/12 Aldo Roggio, marcando cierta diferencia de criterio
con el mandamás de la UIA. De Mendiguren ya anticipó lo
que podría resultar la consigna más marketinera de la propuesta
que comenzará a detallar a las 17 en Parque Norte, durante la primera
jornada de la conferencia anual: hay que modificar la redistribución
del ingreso para darle capacidad de consumo a los grandes sectores marginados
de la economía.
Pero la verdadera fractura del bloque empresario no se da entre la CAC
y la UIA que, aunque con estilos diferentes, batallan en el mismo bando
patronal. La divisoria quedó claramente trazada este fin de semana
entre el Grupo Productivo –que también integran Confederaciones
Rurales Argentinas y al que adhiere la Federación Agraria–
y las entidades de servicios, las más beneficiadas con el modelo
económico y, al mismo tiempo, las que más predican a favor
de un mayor esfuerzo fiscal.
La Asociación de Bancos, la Cámara Argentina de Comercio,
la Sociedad Rural Argentina, y el Consejo Empresario Argentino, entre
otras entidades, reclamaron al Gobierno no apartarse del déficit
cero y realizar un recorte del gasto público, en particular las
“remuneraciones de privilegio”. Pero el planteo omitió
medidas para reavivar la producción y el consumo, puntos que otros
sectores empresarios consideran clave.
La CAC y la UIA, consultadas a última hora, no quisieron sumar
su firma a una propuesta que consideraban sesgada y, además, formulada
por quienes identifican como responsables de gran parte de sus propios
males. “Con esta tasa de interés es imposible cualquier plan
de infraestructura”, se lamentaba ayer ante este diario el constructor
Gregorio Chodos. “Vamos a demostrar que en los últimos diez
años la ganancia promedio entre las privatizadas y el resto de
la economía fue de 5 a 1”, amenaza De Mendiguren.
El alto costo del crédito y de las tarifas públicas ha sido
para constructores e industriales motivo de creciente resentimiento. A
esto, añaden el fastidio de no haber gozado de un compre nacional
que impidiera a las privatizadas equiparse con material importado, girando
al exterior los dólares que podrían haber recalado en las
cajas de empresas locales.
Frente a los micrófonos, sin embargo, los hombres de la CAC intentan
minimizar esa rivalidad. “Haremos una convocatoria a la reflexión
que incluye puntos muy similares a la solicitada”, explicaba ayer
Baglieto a Página/12. Claro que, al mismo tiempo, el vicepresidente
de Techint admite que esa publicación incurrió en una imperdonable
omisión. “Apoyamos el equilibrio fiscal. Pero si no hay reactivación
del mercado interno, no alcanza”.
El titular de la CAC comenzará esta noche en el Sheraton sintetizando
las penurias que sufre la construcción y admitiendo sus ansias
porque alguna vez pueda instrumentarse el plan federal de infraestructura.
Pero de inmediato asumirá su papel de eventual vocero del Grupo
Productivo para reclamar un esfuerzo a los sectores de la economía
que aún no lo hicieron.
En rigor, no hay empresa que no exija un ajuste al Estado, en particular
en el gasto político. Las diferencias surgen en torno a cómo
y para quéhacer ese mayor esfuerzo fiscal. A ojos de Roggio, otra
de las voces fuertes del empresariado local, el Estado debería
gastar de modo diferente, de manera tal que los recursos “improductivos”
se vuelquen a la inversión pública. “Argentina gasta
sólo el 1 por ciento de su PBI en obra pública, cuando los
países desarrollados invierten el 4”, se lamenta.
La diferencia más contundente parece plantearla la UIA, cuyo titular
saldrá hoy al ruedo con un concepto filosófica y políticamente
muy diferente al que plantearon hasta el momento otros empresarios. De
Mendiguren destacará que durante la última década
el gasto primario no aumentó en relación al PBI. Por el
contrario, el déficit público es consecuencia de la privatización
del sistema previsional y el peso de la deuda, que consideran imprescindible
renegociar.
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