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 Hoy
será un día de fiesta para Carlos Menem y Emir Yoma. A menos
que algo inesperado altere los planes, seis de los nueve ministros de
la Corte Suprema dirán que no está probado que haya existido
asociación ilícita en la venta ilegal de armas a Ecuador
y Croacia y les abrirá la puerta para que recuperen la libertad
en los próximos días. En el máximo tribunal reina
la idea de que los jueces que intervinieron en instancias previas dictaron
la prisión preventiva del ex presidente y su ex asesor con muy
poca cautela, condicionados por los medios.
Menem ya celebraba ayer en la quinta de Don Torcuato porque quedó
firme su “falta de mérito” en la causa por contrabando
a cargo del juez Julio Speroni (ver nota central) y porque está
todo dado para que abandone la reclusión antes de fin de mes. La
resolución de sus eternos fieles de la Corte alude al recurso extraordinario
presentado por Yoma, cuyo procesamiento por asociación ilícita
había sido confirmado por la Sala II de la Cámara Federal,
pero favorecerá indefectiblemente a Menem. Después de que
el alto tribunal resuelva, la Sala I de la Cámara deberá
emitir un nuevo fallo sobre Emir. Por su lado, los abogados de Menem,
Oscar Roger y Oscar Salvi, tienen listo un pedido de excarcelación
que llevarán al juez Jorge Urso.
Hace algo más de quince días ya había comenzado a
circular entre los supremos un proyecto de la secretaría penal
que sostenía que la asociación ilícita, tal como
la describe el Código Penal no estaba probada, en el sentido de
que no había nada que acreditara la existencia de un acuerdo previo
entre sus supuestos integrantes para cometer delitos. Esta propuesta tuvo,
en un principio, el aval de los cuatro ministros que históricamente
apoyaron al menemismo (Julio Nazareno, Eduardo Moliné O’Connor,
Guillermo López y Adolfo Vázquez). Entretanto, Augusto Belluscio
y Antonio Boggiano elaboraban votos propios, aunque en el mismo sentido.
La demora en la confección del proyecto de Belluscio, que la semana
pasada pidió más tiempo, postergó la votación
hasta hoy. Ahora incluso todo indica que su proyecto podría llevarse
la mayor cantidad de firmas adhiriendo. En esencia, de acuerdo a un borrador
suyo que circuló hasta el fin de semana, no sólo señalaría
la falta de pruebas de asociación ilícita en la instrucción
de la causa sino que pondría en duda la interpretación de
que hicieron Urso y la Sala II de la Cámara Federal de los otros
delitos en juego. Por ejemplo, diría que la firma de decretos (en
este caso los que habilitaron la venta de armamento consignando destinos
falsos) nunca puede constituir falsedad ideológica por ser actos
de gobierno.
Pero la crítica de Belluscio a los tribunales inferiores llegaría
aún más lejos: sostiene que sus resoluciones estuvieron
orientadas a querer conformar a los medios de comunicación pero
no respondieron a un sesudo análisis del Derecho. Este concepto
podría llegar a quedar sentado en el voto mayoritario, porque lo
cierto es que casi todos los ministros lo comparten. Incluso Carlos Fayt,
que integrará la minoría contraria a Menem y Yoma, ya había
planteado en un voto propio que los jueces deberían ser más
cautos a la hora de dictar prisiones preventivas. Los otros dos jueces
en posición minoritaria, Gustavo Bossert y Enrique Petracchi, sostienen
que antes que la Corte debe intervenir la Cámara de Casación
Penal.
En base a ese argumento de que Urso y la Cámara hicieron un show,
más que un análisis riguroso, buena parte de los supremos
se quejan por ser ellos los que ahora tienen que pagar el “costo
político” de un fallo tan menemista como adecuado a las necesidades
del Gobierno actual. Pero en el fondo saben que no es sólo eso,
sino que hacen tambalear una de las pocas figuras que llevaron a la cárcel
a funcionarios acusados de corrupción.
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