Por Fernando Cibeira

Aunque las reacciones fueron diversas, podría decirse que el Gobierno recibió la noticia de la liberación de Carlos Menem con alivio y hasta con algo de satisfacción. Una de las causas de esa reacción la dio el vocero Juan Pablo Baylac, quien con un visión muy particular sostuvo que el país daba una imagen “horrorosa” en el exterior al tener un ex presidente preso. Después en la Rosada daban más argumentos a favor: el principal, que los ahora ultraopositores Eduardo Duhalde y Carlos Ruckauf tendrían una valla de contención dentro del PJ. La opinión más crítica, en tanto, la daban los funcionarios más políticos. Pensaban que la detención de Menem era una de las pocas promesas de campaña que –aunque fuera involuntariamente– habían cumplido y que el costo de la salida lo terminaría pagando el presidente Fernando de la Rúa.
Lo que ayer expresó en voz alta Baylac es una opinión que desde hace unos días venía ganando terreno en la Rosada. Inclusive, algo similar opinaban en el Ministerio de Justicia que encabeza el hermano del Presidente cuando se les preguntaba qué les gustaría que hiciera la Corte. Allí se creía que la preocupación que podía existir en el exterior por la situación de Menem afectaba la imagen argentina, justo en momentos de extrema debilidad debido a la crisis financiera. Anoche, Baylac desmentía la veracidad de sus declaraciones.
Cada uno de los funcionarios que opinaron sobre el tema, empezando por el Presidente, lo primero que destacaron fue la independencia con la que se había desempeñado el Poder Judicial a lo largo de la investigación, algo que defendieron como si fuera un logro propio. “La regla de actuación es el respeto irrestricto a la Justicia”, explicó De la Rúa. “Cuando se produjo la detención, desde una fuerza política decían que el gobierno está vinculado a la prisión. Y cuando se dicta otra medida, otros dicen lo contrario. No tenemos nada que ver, ninguna intervención, ni en un sentido ni en otro”, agregó.
La oposición política puso la lupa en la pasividad demostrada por el ministerio de Jorge de la Rúa ante los múltiples pedidos para que dos de los integrantes de la Corte, Julio Nazareno y Adolfo Vázquez, se aparten de la causa debido a su conocida relación con Menem. El Estado, como parte querellante, podría haber hecho suyo el pedido pero lo dilató hasta que la Corte tomó la resolución de ayer.
Otra lectura que se hacía en Gobierno tenía que ver con la interna del justicialismo. Luego del viraje de Duhalde y Ruckauf hacia posiciones opositoras, el Gobierno y el menemismo realizaron una especie de alianza estratégica para detener la ofensiva. Como resultado visible de esa entente, el Ejecutivo se benefició con una actitud más amistosa de parte del justicialismo en el Congreso que desistió de llevar adelante la derogación de los superpoderes de Domingo Cavallo.
“Seguramente Duhalde y sus amigos, que no fueron solidarios con Menem, deben estar bastante nerviosos”, se alegraban en la Rosada. La referencia era al intento de Duhalde de desbancar al ex presidente de la jefatura del Consejo del PJ. “Ahora esperamos que Menem juegue a favor de la unidad nacional”, añadía. A esta altura, en la jerga oficial la “unidad nacional” incluye a cualquier opositor que se aviene a apoyar los proyectos oficiales. Menem y los legisladores que le responden suelen tener una actitud comprensiva con las propuestas del Gobierno que tienen un dificultoso tratamiento judicial.
Además, pensaban que Menem libre y en campaña también les daría una mano con el ascendiente que mantiene sobre los gobernadores de las provincias más chicas, quienes en la última negociación con el Ejecutivo se mostraron más díscolos que de costumbre. De esta manera en la Rosada creen que podrán partir al bloque de gobernadores opositores, algo que les da más resultados que enfrentarlos a todos juntos.
Pero no todos en el oficialismo tenían esa visión positiva. Funcionarios y dirigentes más en contacto con las segundas líneas, admitían que ladetención de Menem había sido asimilada por la gente como un hecho positivo. Y que –crisis económica mediante– aunque el Gobierno no había podido capitalizar gran cosa de los beneficios que le podría haber reportado la detención, era más que probable que ahora pagara los costos por la liberación. Al fin y al cabo, sostenían, ver a Menem preso fue una de las pocas cosas –si vuelve la Carpa Blanca podría ser la única– que se dijeron en la campaña electoral y luego sucedió. “Es así: cuando detuvieron a Menem, nadie felicitó a De la Rúa. Pero ahora que quedó libre, seguro que lo van a putear”, explicaba ayer un funcionario, ya resignado a que todo se interprete de la peor manera posible.

EL GABINETE, SIN TEMAS SOCIALES
Ministerios en el freezer

La unificación de los ministerios sigue en veremos. Aunque en el Gobierno aseguraban que el tema se discutiría durante la reunión de gabinete de ayer, el encuentro giró en torno de la economía, y la famosa centralización de las carteras de Seguridad Social, Desarrollo Social y Salud otra vez quedó pendiente.
La superposición de funciones es evidente. Por eso, el jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, comenzó a preparar un proyecto para unificar las diferentes estructuras en una sola cartera. La idea era debatir el tema ayer, pero la larguísima explicación del ministro de Economía, Domingo Cavallo, sobre el canje de la deuda y el futuro Presupuesto ocupó la mayor parte del encuentro.
Ayer, el titular de la Comisión de Presupuesto de Diputados, el radical Raúl Baglini, anticipó que el Gobierno convocará a sesiones extraordinarias para tratar el Presupuesto para el año próximo, que en los próximos días terminará de definirse. En ese caso, el delicado proyecto será discutido después del 10 de diciembre, cuando el justicialismo asuma el control de la Cámara baja.

El menemismo quiere que Urso y Stornelli �paguen�

Los hombres del ex presidente ya anunciaron que se cobrarán los días del encierro de su jefe. El juicio político del juez está en manos de una ultramenemista. El camino hacia el fiscal. El juez federal Jorge Urso se retiró ayer más que serio de los tribunales de Comodoro Py.

Por Susana Viau

“Estamos estudiando las medidas; que la gente que ha cometido aberraciones jurídicas que las pague (sic) y una de las alternativas es el juicio político”, dijo ayer tras hacerse público el peculiar per saltum de la Corte y machacando en caliente, el flamante jurista Adrián Menem, sobrino del ex presidente. La frase era amenazante, aludía a la destitución de los magistrados intervinientes y dejaba en una nebulosa cuáles son las otras formas que está evaluando el menemismo para cobrarse la prisión de su jefe. Lo que sí queda claro es que para los parientes, amigos y abogados del ex presidente la bestia parda está circunscripta a las figuras del juez Jorge Urso y del fiscal Carlos Stornelli, pese a que ambos actuaron siguiendo expresas instrucciones de la Sala II de la Cámara Federal. Más aún, tanto Adrián Menem como su padre, el senador Eduardo, recordaron que Urso tiene en trámite una solicitud de juicio político. La sesión plenaria de hoy, que decidirá la suerte del juez federal de Mendoza Luis Leiva, responsable del procesamiento del ex banquero Raúl Moneta, podría ser el ensayo general del mecanismo montado para hacer “pagar” a los jueces que se desmandan. En el caso de Stornelli, la ventanilla ante la que eventualmente debería responder por su osadía no es el Consejo sino un tribunal ad hoc, algunos de cuyos integrantes son designados por el Poder Ejecutivo y la propia Corte.
La retórica empleada por Eduardo Menem resultó algo más moderada en sus vaticinios pero tampoco ahorró adjetivos: la asociación ilícita ha sido, a sus ojos, una “nefasta y negra manipulación de la Justicia para imponer una figura traída nada más que para privar de su libertad al ex presidente”. Y agregó que “cuando el error es tan grosero, tan aberrante, no puede dejar de pensarse en una intencionalidad”. Menos visceral que en su declaración de días atrás, cuando deslizó por primera vez “van a pagar”, Oscar Salvi se limitó a expresar que la cuestión está en análisis.
En verdad, nada es nuevo. Hace meses, casi al tiempo que Urso dictaba el ingreso en prisión de Carlos Menem como jefe de una asociación ilícita destinada a preparar y concretar la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia, se conocía una investigación de la revista XXIII y del programa “Día D”, referida a los bienes del juez federal que instruía la causa. Con esa nota, los consejeros Eduardo Orio y Mario Gersenobitz ingresaron el artículo periodístico y una solicitud de juicio político: el mismo procedimiento que había sido utilizado antes en el caso del juez federal Carlos Liporaci, instructor de la investigación por las coimas en el Senado. A diferencia de Liporaci, Urso se autodenunció y solicitó ser investigado. El pedido de juicio político quedó en manos de la diputada ultramenemista Leyla Chaya (que había sostenido la desestimación del juicio político al juez federal Eduardo Marquevich): un auténtico bocatto di cardinale, una espada pendiendo sobre la cabeza de Urso y ahora con la media autorización de la Corte para salir de la vaina a cortar.
Es que la integración del Consejo de la Magistratura, un organismo cuya existencia y características fueron acordados entre el menemismo y Raúl Alfonsín, tiene su vida señalada por la intensa coloración política que le imprimen los consejeros procedentes de otro poder, el legislativo, y su secuela de pactos y reflejos de los vaivenes de los acontecimientos exteriores. El caso de Leiva es ilustrativo: desde hace semanas se sabe quiénes lo enviarán a jury, quiénes son los que dudan y quiénes los que consideran descabellada la situación. No hacía falta información para imaginar cuál podría ser el voto de Chaya, de otro menemista, Juan Carlos Pichetto, de Augusto Alasino. A sus filas se sumaron Eduardo Orio y Gersenobitz (procedentes de los colegios de abogados), de Angel Fermín Garrote y de Bindo Caviglione Fraga. Un capítulo aparte será, si es que concurre, el pronunciamiento de Julio Nazareno, titular de la Corte y presidente del cuerpo. El radical Carlos Maestro se debate en la duda. Igual que la jueza Margarita Gudiño –quien ya habría sido conversada por la Corte– y Romero Feris. Contra la remoción del magistrado mendocino aúnestarían firmes el juez Claudio Kipper, Horacio Usandizaga, Juan Geminiani y Humberto Quiroga Lavié. Con semejante correlación de fuerzas, si el menemismo elige la remoción de entre todas las “alternativas” que dice barajar respecto de Urso, la suerte del “juez de las armas” estaría sellada. Aunque quizá esa sea la variable menos inquietante.
Si Carlos Menem, su mujer Cecilia Bolocco, su sobrino, su hermano y sus abogados se inclinan por la misma estrategia en el caso del fiscal Stornelli, éste debería enfrentarse a un tribunal de siete miembros y compuesto por tres ex jueces de la Corte, ex procuradores (categoría en la que se encuentran, por ejemplo, el propio codefensor de Menem, Oscar Roger o su coterráneo y amigo, el riojano Angel Agüero Iturbe) o ex defensores generales, designados uno por el Ejecutivo, otro por el Senado y otro por la Corte; otros dos abogados con no menos de 20 años, y otros dos por sorteo, ya sean procuradores ante la Corte, o fiscales generales o defensores oficiales ante la Corte o tribunales colegiados. Como se ve, una suma que, bien hecha, siempre puede dar por resultado sopa.

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