Por Adriana Meyer

La Comisión de Acuerdos del Senado se despediría avalando el ascenso de al menos dos militares cuestionados. La diputada frepasista Marcela Bordenave y el senador electo Alfredo Bravo denunciaron que el vicecomodoro Oscar Rubén Jerez realizó tareas de “inteligencia interior” prohibidas por la Ley de Defensa, pero el presidente de la comisión ya desestimó el planteo. Y el vicecomodoro Salvador Ozan, que incurrió en el mismo delito, también sería ascendido porque aunque estuvo procesado ahora la Justicia estaría a punto de cerrar la causa. Sin embargo, los senadores recibieron las impugnaciones del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) contra la promoción de otros seis militares. Y en la reunión de hoy las tratarán.
Bordenave y Bravo denunciaron que en 1993 el entonces mayor Jerez, como jefe Regional de Inteligencia Litoral, solicitó una “orden de búsqueda estrictamente confidencial y secreta” en la que se pedía información sobre tres personas. Al militar le interesaba saber el “concepto que gozan las interesadas (aspecto moral, ideológico y social), la ocupación que desarrollan, ocupación, medios de vida y toda otra información de interés”. Sobre una de estas personas ordenó realizar una “ambiental”, es decir, un seguimiento pormenorizado. La acusación presentada por los legisladores cayó en el juzgado de Rodolfo Canicoba Corral, quien deberá investigar si Jerez violó el artículo 19 de la Ley de Defensa que establece que “las cuestiones relativas a la política interna del país no podrán en ningún caso constituir hipótesis de trabajo de organismos de inteligencia militares”.
Sin embargo, el senador chaqueño Horacio Zalazar (peronista) que preside la comisión desestimó la denuncia porque no admitió que los documentos presentados por Bordenave sean fotocopias de procedencia anónima. Por lo tanto, cuando la comisión se reúna hoy a las 13 son altas las probabilidades de que el ascenso de Jerez sea aprobado. La misma suerte correría la promoción de Ozan, que estuvo acusado en una causa iniciada a partir de una publicación de Página/12. El vicecomodoro fue procesado por realizar tareas de espionaje. Este diario había difundido los facsímiles de las OPI (Orden de Pedido de Información) sobre diez periodistas y sobre la ONG Mujeres Agropecuarias en Lucha. Ozán, junto a otros cinco imputados había sido pasado a disponibilidad y sancionado con un mes de suspensión. Ahora, la Fuerza Aérea lo quiere premiar pero esto no sólo depende de los senadores. La comisión se basará en lo que decida el juez Norberto Oyarbide, a cargo de esa causa, que tiene que decidir sobre un pedido de prescripción del fiscal Miguel Osorio.
A partir del fallido ascenso de los marinos Antonio Pernías y Juan Carlos Rolón, que admitieron en el Senado haber utilizado la tortura, los pliegos son revisados por la Subsecretaría de Derechos Humanos, que aún no se pronunció, y los organismos del área. Este diario pudo saber que en la reunión de hoy serán tratadas las impugnaciones que presentó el CELS. Ese organismo “desaconsejó al Senado el ascenso de los siguientes oficiales”:
Teniente coronel Armando Nicanor Arce, ex legajo CONADEP 3846.
Teniente de navío Julio César Binotti. Su nombre de guerra era Fernando y su socias “Ciscardo” o “Cascardo”. Actuó en la ESMA.
Capitán de fragata Vicente Engelman, como jefe de prensa del Estado Mayor Conjunto confirmó la no entrega de la ESMA para que funcione el museo de la memoria,
Oficial del Ejército Miguel Angel Macchi, intervino en el alzamiento carapintada de Semana Santa de 1987, liderado por Aldo Rico,
Teniente coronel Daniel Morelli, implicado en la venta ilegal de pólvora en tanto subdirector de la Fábrica Militar de Río Tercero,
Subteniente Hernán Prieto Alemandi, integrante del grupo de Artillería Blindada de Azul, ex legajo CONADEP 2297.

PRINCIPAL