Por Susana Viau

–Al final, cada vez que el Consejo va a tratar el tema Leiva nos enteramos de que la Corte, el día anterior, ha sacado una resolución -dijo sin asombrarse ya de nada el juez Claudio Kipper, miembro del Consejo de la Magistratura y uno de los cuatro votos que se opondrían sin éxito a la iniciación de jury a Luis Leiva, el juez federal de Mendoza que procesó y ordenó la detención de Raúl Juan Pedro Moneta. El ex banquero no estaba, pero cubrían la ausencia de uno de sus letrados, un joven abogado del estudio de Alfredo Iribarren, y su vocero Ricardo Bosch.
La sesión del pleno había comenzado en hora, con la presencia del presidente de la Corte –y, por lo mismo, presidente del Consejo–, Julio Nazareno. Igual, Nazareno no estuvo mucho tiempo ocupando el sillón central de la gran sala que el Consejo utiliza en una suerte de comodato y ahora ostenta una placa junto a la puerta doble de madera maciza. Cuando al abrirse esa puerta se dibujó una figura pequeña, al riojano fumador de puros se le oyó decir: “Bueno, ahora que llegó Romero Feris me voy porque tengo una audiencia”. El quórum quedaba asegurado y Nazareno se ahorraba dar incómodas explicaciones acerca de un anuncio que el diputado ultramenemista Juan Carlos Pichetto tenía en carpeta: la Corte había firmado el día anterior el desarchivo de las actuaciones sobre el supuesto contrabando de maletines que el juez mendocino subrogante Juan Carlos Aguinaga había decidido archivar y que los acusadores habían convertido en plato fuerte de su menú de cargos. Un recuerdo sobrevoló a la concurrencia: el día anterior, martes, la Corte había firmado también la resolución que dejaba en libertad a Carlos Menem y Emir Yoma. Diligente, el alto tribunal se había dado tiempo para todo. Los periodistas mendocinos que cubrían la información se miraron extrañados: la causa de los maletines, sostenían, estaba en manos de los conjueces de la Cámara Federal de la provincia y no había sido enviada a Buenos Aires. “La Corte no se puede inmiscuir sin pedir el expediente”, comentaban sin tomar en cuenta que la Corte lo puede todo. Fue entonces que Kipper, un juez de rostro impasible, comisionado junto con el senador Horacio Usandizaga para presentar los argumentos contrarios al pedido de destitución de Leiva, señaló lo que Menem hubiera llamado esa “casualidad permanente”. Y en esta ocasión, igual que en la anterior, había vuelto a ser Pichetto la polea de transmisión de los designios del Supremo. Después de Kipper habló Usandizaga. “Nunca vino nadie a verme para pedir mi voto en favor de Leiva –sostuvo–. En cambio fueron muchos los que se presentaron a reclamar lo contrario”. “La señal que vamos a transmitir es que un juez honesto ha sido derrotado por el poder económico”, insistió y señaló la llamativa ausencia de Carlos Maestro, firmante del dictamen de rechazo del juicio político. Se pasó a votación.
En el rostro de Kipper no se movió un músculo cuando escuchó a los jueces Margarita Gudiño y Juan Geminiani responder “afirmativo” al dictamen de acusación que hasta la noche anterior pensaban rechazar. Tampoco miró cuando hizo lo propio Romero Feris, que había modificado diametralmente su opinión inicial. Sólo Kipper, Usandizaga, Alfredo Vítolo y Humberto Quiroga Lavié manifestaron su desacuerdo. La iniciativa de sentar a Leiva en el banquillo había ganado 12-4.
Se hizo un cuarto intermedio. En el hall, shockeado y con los ojos brillantes, Kipper aclaró a quienes lo felicitaban por su alegato: “Lo más importante es lo que no pude decir”. Al reiniciarse la sesión, con un virtual empate, el cuerpo archivó la solicitud de juicio político al juez federal de San Isidro Roberto Marquevich, cuestionado por su actuación en la frustrada “operación strawberry”, el más grande contrabando de cocaína detectado en el país, por la instrucción de la muerte del brigadier Horacio Etchegoyen y también por abrir de madrugada su juzgado a laschicas del caso Coppola, Samantha y Natalia, patrocinadas por Mariano Cúneo Libarona.

ENTREVISTA EXCLUSIVA AL JUEZ TRAS LA AUDIENCIA
“Me sorprendieron 3 votos”

Por S. V.

Después del mediodía, cuando el jury de enjuiciamiento en el que jugará su permanencia en la magistratura ya era un hecho, Página/12 entrevistó a Luis Leiva, el juez federal mendocino que procesó al ex banquero Raúl Moneta.
–¿Lo tomó por sorpresa la decisión del Consejo?
–Lo que me sorprendió fue el voto de tres personas que hasta el martes pensaban de otra manera. ¿Y cómo se sabía, me dirá usted? Puedo asegurarle que hasta el martes a las once de la noche se oponían al juicio político y a las diez de la mañana siguiente habían cambiado su voto. Me refiero a la jueza Margarita Argüelles, al juez Juan Geminani y a (José Antonio) Romero Feris. También me llamó la atención que no haya asistido Carlos Maestro, porque él había expresado ante el Consejo que estaba siendo extorsionado en su provincia por no acordar con el pedido de jury. En fin, me llaman la atención tantas cosas...
–Moneta había vaticinado que usted iba a terminar como Hernán Bernasconi.
–El Consejo, quiero creer que en su mayoría de buena fe, ha hecho lo que Moneta quería. Y esto tendrá consecuencias graves porque le indica a la gente que a los que se meten con los poderosos así les va. Es un mensaje de miedo, para la sociedad y para los jueces también. Pero quiero señalar que estoy impresionado por la valentía de Claudio Kipper y de Horacio Usandizaga; que siento orgullo de que existan jueces como Kipper y políticos como Usandizaga, en un momento en que todo en la república parece caerse y el derecho es lo que menos importa.
–Augusto Alasino dijo en el pleno que su concurrencia a la Maratón de París evidenciaba una actitud dispendiosa, impropia de un magistrado.
–Vea, tengo la tranquilidad de que mis cuentas, patrimonio y declaraciones a la AFIP muestran a las claras de dónde saco el dinero con que vivo. No creo que muchos de los que me critican puedan decir lo mismo.
–¿Cuándo comienza a regir su suspensión?
–Desde hoy. Estoy esperando que llegue la comunicación, creo que está en camino y he pedido licencia porque creo incorrecto seguir en funciones después de lo ocurrido.
–¿Que hará en estos seis meses de plazo?
–Defenderme. Espero encontrarme con un jury dispuesto a escucharme y a comprender que esta maniobra fue dirigida por una persona que lo anunció desde la tapa de la revista Noticias. Creo que esta instancia se puede ganar por la vía de la licitud. Por eso voy a enfrentarla. Se lo debo a la comunidad y se lo debo a mis hijos, que ya hoy me preguntaron qué estaba pasando.

Polémica entre juristas sobre el fallo de la Corte

Sabsay, Vanossi, Fleitas tienen varias objeciones a lo decidido por el Supremo Tribunal. Por ejemplo, que es un per saltum encubierto. O que no era competente para decidir. O que es un fallo prefabricado. Badeni lo defiende. El radical Gil Lavedra se abstiene.

¿El fallo de la Corte Suprema que benefició a Carlos Menem y Emir Yoma está bien fundado? ¿O consistió sólo un gesto político? ¿Fue un per saltum, o sea, una resolución que salteó otras instancias judiciales? ¿Favorece la corrupción? ¿Puso fin a la investigación sobre la venta ilegal de armas? ¿Cualquier preso o persona que llegue hasta el máximo tribunal obtiene respuestas tan rápidas? ¿Es lícito que dos ministros de la Corte amigos de Menem hayan votado en la acordada? Estos son algunos puntos de la polémica que desató el fallo que firmaron seis de los nueve supremos y sobre los cuales varios constitucionalistas se pusieron a reflexionar.
“El fallo de la Corte podría leerse como un per saltum ya que el orden normal de las instancias indicaba que debía intervenir primero la Cámara de Casación Penal. Por otro lado, el delito de asociación ilícita es igual para un funcionario público que para un particular”, señaló a Página/12 el constitucionalista Jorge Vanossi. “Lo que distingue a la república de la monarquía, es que en la primera contamos con la igualdad ante la ley. Nuestras normas no dicen que haber sido jefe de Estado implica estar ubicado en un peldaño distinto, ni que la asociación ilícita no pueda ser cometida por funcionarios públicos ni que para éstos las causas se resuelvan más rápido”, añadió.
El jurista Daniel Sabsay evaluó que la resolución contiene “una serie de considerandos que vacían a la asociación ilícita de la posibilidad de que en el futuro miembros de un gobierno puedan llegar a cometerla”. Los ministros de la Corte, sostuvo el letrado, “paralelamente lanzaron una advertencia muy seria a los jueces y calificaron con términos tan duros la actividad de quienes llevaron a cabo la investigación de la venta de armas, que esto va a actuar como elemento disuasivo para todos los magistrados”. Para peor, dijo Sabsay, “se hizo una suerte de per saltum disfrazado, es decir, no intervino la casación y se llegará a un juicio oral incompleto, sin los delitos más importantes”. “Se abortó el procedimiento en su conjunto y bajo pretexto protector de las garantías constitucionales la Corte dio la palabra final”, argumentó.
El ex ministro de Justicia del Gobierno actual Ricardo Gil Lavedra prefirió no hablar del fallo. Eso sí, dejo constancia de que no cree que estén clausuradas todas las puertas para la investigación. “La sociedad necesita esclarecer hechos que involucren grave corrupción de los funcionarios y sería un error interpretar que la decisión de la Corte haya cerrado ese camino. En cuanto a la causa de las armas el expediente no ha terminado y sólo se ha resuelto un incidente relativo a la libertad de un imputado”, dijo.
“Al margen de las consideraciones políticas, de que el fallo ha generado agrado en cierto sector que simpatiza con Menem y malestar en otro sector para quien Menem simboliza la corrupción, creo que la sentencia de la Corte se ajusta a derecho”, planteó el constitucionalista Gregorio Badeni. “Lo que ha dicho el tribunal es que en este caso concreto el juez Jorge Urso y la Cámara Federal no reunieron los elementos de prueba suficientes para fundamentar la prisión preventiva dictada respecto de Yoma. Esto significa que si el día de mañana aparecen esos elementos probatorios de asociación ilícita, sería viable dictar un nuevo auto de prisión preventiva por ese hecho”, fundamentó. Badeni tampoco cree que se haya tratado de un per saltum. “El Código Procesal Penal es categórico y la Cámara de Casación Penal sólo interviene cuando hay sentencia definitiva. Un auto de prisión preventiva no es sentencia definitiva”, explicó.
Abel Fleitas, ex juez federal, cree que la resolución de los supremos “es una contribución más al desprestigio de la Justicia en nuestro país”. “Es un fallo prefabricado, en que la forma jurídica es un disfraz para lo que significa una maniobra política en que hubo connivencia de un sector del Gobierno y un sector de la Corte”, responsabilizó. Todo esto, consideró el jurista, “refuerza la imagen de impunidad que hay en la opinión pública sobre ciertos delitos y parece deliberadamente escrito,con un tono amenazante, para advertir a los tribunales que llevan adelante causas que tocan a determinados poderes políticos o económicos”. Además, señala, “el fallo incluyó la firma de dos jueces, Adolfo Vázquez y Julio Nazareno, que tienen un vínculo personal con los procesados; pero lo más escandaloso al respecto es que el Gobierno, que es parte en la causa, lo haya aceptado”.
Sabsay no dejó pasar la comparación que hizo la Corte de la decisión de Urso y la Cámara Federal de imputar asociación ilícita con la represión ilegal. “Es una mala interpretación de la historia”, dijo el abogado. “Nunca pueden ser lo mismo delitos cometidos por bandas armadas bajo órdenes de personas que han usurpado el poder sin que exista una autoridad legítima en el país, que por el contrario lo que efectúa una Justicia de la democracia en el marco de un estado de Derecho y con un gobierno legítimo”, planteó.

SPERONI DECLARO INIMPUTABLE A GUIDO DI TELLA
Las ventajas de no pensar

Algunos juristas sostienen que los cargos por contrabando son, una vez derrumbada por la Corte Suprema la figura de la asociación ilícita, los que conllevan penas más duras en la causa por la venta ilegal de armas. Pero lo cierto es que el tribunal de Julio Speroni no es lo que se dice un escollo insalvable para el menemismo. Ayer el ex canciller Guido Di Tella logró una impasse en las investigaciones de Speroni. Luego de una pericia psiquiátrica que determinó que Di Tella tiene sus facultades mentales alteradas, el magistrado lo declaró “inimputable”, ya que “no puede ejercer su legítimo derecho a la defensa”.
El dictamen del juez se basó en los informes de un triunvirato del Cuerpo Médico Forense. A pesar de considerarlo inimputable, el magistrado no se expidió sobre la situación judicial del impulsor de las relaciones carnales con los Estados Unidos.
La fiscal Alicia Sustaita, la misma que no apeló la falta de mérito que Speroni dictó en favor de Carlos Menem y Emir Yoma, no coincidió en esta ocasión con el fallo del juez y dictaminó que el ex canciller pudo desenvolverse correctamente para defenderse de los cargos que se le imputan.
Funcionarios cercanos al juzgado señalaron que en la última audiencia que Di Tella tuvo frente a Speroni, el ex canciller mostró algunas lagunas mentales y también notorias dificultades al responder sobre sus datos personales y filiatorios.
En abril de este año, cuando le tocó declarar frente al juez federal Jorge Urso, la declaración de Di Tella fue breve. Se remitió constantemente al escrito presentado por su abogado defensor Carlos Arslanian. En Tribunales, quienes pudieron cruzarse con el ex canciller, no recuerdan haber notado síntomas de sus dificultades.
Incluso, luego de esa audiencia, Di Tella realizó un par de viajes al exterior para cumplir con sus “clases magistrales” en Oxford. En el fuero federal estaba acusado de ser participe de la asociación ilícita que realizó la venta ilegal de armas y también por la falsedad ideológica de los decretos presidenciales que ampararon la maniobra. La utilización de estas dos figuras penales son algunas de las desacreditadas por la Corte Suprema. No habrá sido el único momento de lucidez, pero en su última audiencia frente a Speroni, Di Tella se explayó sobre su “total ignorancia de los temas investigados”.

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