El menú de recortes de gastos en el proyecto de Presupuesto 2002, que en Economía cocinan a fuego rápido para ofrecer a la misión del Fondo Monetario que aterrizará el lunes en Buenos Aires, será uno de los más suculentos jamás vistos por los funcionarios de Washington. Según pudo establecer este diario, casi no hay área del sector público que escape a la tijera. Además de extender el recorte del 13 por ciento para salarios públicos y jubilaciones durante todo el año, como anticipó Domingo Cavallo, y eliminar el Fondo de Incentivo Docente, como confirmó el jefe de asesores, Guillermo Mondino, en Hacienda quieren pasarle la guadaña a otras áreas socialmente delicadas: asignaciones familiares y asignaciones a jubilados; universidades; y hasta limitar la asistencia médica de las pensiones no contributivas, entre otros items. Todavía no está decidido si dar o no de baja el aguinaldo anual, pero se hicieron refinados cálculos del ahorro que supondría para el Tesoro.
Los técnicos de la Secretaría de Hacienda trabajan contra reloj para cerrar un proyecto de Presupuesto 2002 que contendrá recorte de gastos de, por lo menos, unos 5000 millones de dólares para alcanzar el déficit cero. Este apretón fiscal es adicional al ahorro en el pago de intereses que generaría el canje de deuda, de resultar exitoso, que en Economía valúan en 3500 millones de dólares. El lunes llegará la misión del Fondo, encabezada por el chileno Tomás Reichman, y Cavallo sabe que los números que revisarán los enviados deben lucir más “creíbles” que nunca para que éstos recomienden al directorio del organismo aprobar el desembolso de 1265 millones de diciembre.
Sin estos recursos, que gatillarían inmediatamente otros préstamos del Banco Mundial y el BID, el gobierno se quedarían sin financiamiento antes de la Navidad y, entonces, caería abiertamente en la cesación de pagos. Y en esta oportunidad, se sabe, los auditores serán más estrictos que en el pasado por una sencilla razón: en menos de un año, el FMI autorizó préstamos por 22.000 millones de dólares para el país, en tanto que es la cuarta vez en ese lapso que el gobierno argentino presenta un nuevo programa de ajuste al directorio, después de haber incumplido los tres anteriores.
En este contexto, en Hacienda manejan dos alternativas de ajuste. En común, ambas alternativas de ajuste incluyen las siguientes podas:
La extensión del recorte del 13 por ciento sobre salarios y jubilaciones por un año significa un achique de gastos por 3000 millones.
Eliminación del Fondo de Incentivo Docente, lo que representa un “ahorro” para el fisco de 660 millones de pesos.
Recorte en las asignaciones familiares por un monto de 600 millones.
Reducción de asignaciones familiares en cabeza de jubilados por un monto de 148 millones.
Poda de erogaciones en la Anses por 257 millones.
Disminución en 70 millones de los fondos de contrapartida que debe aportar el gobierno para poner en funcionamiento programas sociales del Banco Mundial y el BID.
Tope a la asistencia médica que el Estado paga a las obras sociales para que asistan a los pensionados, reduciendo la partida en 57 millones de pesos.
Reducción del 30 por ciento en contratos especiales (-37 millones).
Ajuste del 10 por ciento en contratos de servicios técnicos y profesionales (-33 millones).
En uno de los presupuestos de ajuste se profundizan los recortes en casi todas las áreas, sin distinguir entre ahorros importantes o despreciables para el fisco. Por ejemplo, suspensión de ingreso de cadetes en las fuerzas armadas (-7 millones); eliminación subsidio electricidad en Santa Cruz (-26 millones); eliminación subsidio gas patagónico (-100 millones); eliminación Aportes del Tesoro Nacional (-80 millones); reducción gastos de la SIDE (-30 millones); eliminación becas y subsidios otorgados por el Congreso (-13 millones); reducción de 2743 soldados voluntarios en elEjército (-13 millones); baja del 30 por ciento en gastos de inteligencia de las fuerzas armadas (-19 millones).

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