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Por Claudio Scaletta
 El Gobierno dio el primer paso
para privatizar una de las pocas áreas estatales que aún
pueden representar negocios seguros para el sector privado: la recaudación
de impuestos. El mecanismo comenzará a funcionar el próximo
1º de enero. Se trata de la puesta en marcha del Instituto Nacional
de los Recursos de la Seguridad Social (Inarss), un ente público
“no estatal”, que funcionará bajo la órbita del
Ministerio de Economía.
El Inarss tendrá la función de gestionar el Sistema de Información
y Recaudación para la Seguridad Social (Sirss), entre cuyas funciones
estarán parte de las fiscalizaciones, pagos y cobro de cargas sociales
que hasta ahora correspondían a la AFIP. Como en todo proceso de
privatización, el principal argumento para comenzar a vaciar el
organismo recaudador fue su ineficiencia. Es decir, los altos niveles
de evasión y, en el ámbito de la seguridad social, de trabajo
en negro. En esta lógica, la explicación gubernamental sostiene
que la recaudación puede mejorarse si son los interesados directos
en cobrar aportes quienes participen en la gestión de su cobro.
Por eso, del consejo directivo del nuevo instituto participarán
dos representantes del Estado –el administrador federal de Ingresos
Públicos y el director ejecutivo de la Anses–, dos consejeros
de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones, uno de las
obras sociales sindicales, uno de las obras sociales del personal de dirección
y uno de las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo.
El decreto que instituyó el nuevo organismo (1394/2001) también
estableció cuáles serán los mecanismos para que trabajadores
y empresas realicen sus aportes. Como se conoció días atrás,
las empresas deberán depositar el salario bruto del trabajador
en una cuenta bancaria a nombre del empleado y será el banco quien
haga efectivo, mediante un débito, el 11 por ciento del aporte
del trabajador. La manera en que operará la transferencia del banco
a los organismos de seguridad social también será facultad
del Sirss. En tanto, por el 16 por ciento que corresponde al empleador,
el Sirss emitirá una factura que tendrá carácter
de título ejecutivo. El “diseño y administración”
del cobro de esta carga será también una prerrogativa del
nuevo ente, quien la distribuirá a los organismos correspondientes.
Al sistema también le competerá la liquidación y
acreditación de las asignaciones familiares en las cuentas bancarias
de los trabajadores.
Pero este virtual vaciamiento de las funciones de la AFIP se perfecciona
con un paso más, pues el decreto 1394 deja abierta la puerta para
la privatización completa de la gestión de fiscalización
y recaudación previsional. Su artículo 22 es explícito.
Señala que “las facultades legalmente asignadas a la AFIP
(...) en materia de aplicación, recaudación y fiscalización
de los recursos de la seguridad social” serán competencia
del Inarss, “quien a partir de su constitución, podrá
ejercerla por sí o por mandatarios contratados al efecto”.
Esto significa que mandatarios designados por un organismo “no estatal”,
con participación mayoritaria (4 consejeros sobre 7) de AFJP, obras
sociales empresarias y ART, tendrán la capacidad de delegar la
tarea de cobrar y distribuir los aportes correspondientes a la seguridad
social.
Una idea de la magnitud del negocio en juego la brindó a este diario
Edgardo Waissbein, presidente de la Comisión de Seguridad Social
de la Asociación de Abogados de Buenos Aires. La AFIP cobra el
0,7 por ciento de los fondos que transfiere a las gerenciadoras privadas
de los fondos previsionales: alrededor de 4000 millones anuales. Así,
es probable que entre las primeras resoluciones que tomará el nuevo
organismo se cuente la inmediata transferencia de este tramo del negocio.
Baste recordar que los principales propietarios de las AFJP son los bancos
que a su vez, recibirán los aportes de los trabajadores.
La novedosa manera de comenzar a delegar potenciales nichos de negocios
emergentes de las funciones que aún conserva el Estado puede así
convertirse en globo de ensayo para una completa privatización
de larecaudación tributaria. El sueño de los hermanos Alemann
sería así realidad.
UN
FALLO QUE COSTARA MAS DE 1000 MILLONES
Oneroso y negro, como el petróleo
Por Julio Nudler
Ayer quedó escrito otro
capítulo en la negra historia de los Programas de Propiedad Participada
(PPP), inventados en 1989, a poco de asumido Carlos Menem, para que los
sindicatos, a cambio del negocio de administrarlos, no obstaculizaran
la masiva privatización de empresas estatales, que comenzó
por Aerolíneas Argentinas. Los Programas consistían en entregar
a los empleados una porción –en algunos casos del 10 por ciento–
del capital de la empresa a vender, pagándose las acciones con
los dividendos que éstas generaran. Es lo que María Julia
Alsogaray denominó “capitalismo social de mercado”, procurando
convertir a los proletarios en propietarios. Aunque en el caso de la ex
YPF el PPP jamás se instrumentó, ayer la Corte Suprema falló
a favor de los empleados despedidos (más de 20 mil) que demandaron
al Estado en reclamo de su parte en el nonato Programa de la petrolera.
Esta sentencia le genera al fisco una obligación que superará
fácilmente los mil millones de pesos y coincide básicamente
con el criterio de una ley recientemente sancionada por el Parlamento
y que el Ejecutivo aún no promulgó. Lo concreto es que tanto
el Poder Legislativo como el Judicial no han tenido reparos en añadir
mil millones a la deuda pública, que darán lugar seguramente
a una nueva emisión de bonos y a disparar el déficit fiscal,
por encima de los números que maneja Hacienda.
El nudo del litigio reside en la fecha que debía tomarse como válida
para establecer quiénes eran los trabajadores de YPF con derecho
a recibir acciones. El Gobierno consideró beneficiarios a los que
quedaban en la compañía en julio de 1993, cuando los papeles
salieron a oferta pública. Cuatro años más tarde,
Roque Fernández, entonces ministro de Economía, los vendió
en Wall Street, con el consentimiento de los empleados, y repartió
parte de la plata entre unos 4500, cada uno de los cuales se llevó
entre 40 y 80 mil pesos. Sin embargo, la legión de empleados despedidos
(e indemnizados) antes de ese momento, durante la tremenda restructuración
que había ejecutado el Estado antes de la venta, entendieron que
el PPP debía incluir a todos los que estaban en la compañía
cuando ésta, por obra de un decreto, quedó convertida en
sociedad anónima y sujeta a privatización. Ello ocurrió
el primer día de 1991.
En 1997 se calculó cuánto de los 19 pesos que valía
cada acción en 1993 habrían teóricamente amortizado
los trabajadores con los dividendos generados en los cuatro años
corridos desde julio de 1993, de modo que se les descontó del producido
de la venta la porción no amortizada. Ahora ese temperamento es
inaplicable y, por añadidura, las acciones del PPP no existen más,
y el dinero por el que se enajenaron tampoco. Por tanto, salvo unos pocos
papeles con que se quedó Economía en previsión de
algún juicio, no queda activo alguno con el que afrontar este enorme
pasivo.
De hecho, nunca nadie pudo explicar por qué una porción
del capital de empresas cuyo dueño era el conjunto de la sociedad
se entregaba a sus circunstanciales empleados. Si un argumento podía
ser el de asociarlos al éxito de la compañía como
incentivo, esa imaginaria justificación quedó negada con
la sistemática disolución de los Programas y el simple reparto
del dinero obtenido.
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