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Por A. M.
 Por ahora no pasaron, pero
no está dicha la última palabra. La Comisión de Acuerdos
del Senado aprobó los ascensos de todos los militares propuestos
a excepción de los nombres cuestionados por legisladores del ARI
y por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Sin embargo, los
pliegos de los vicecomodoros Salvador Ozan y Oscar Rubén Jerez
están “en revisión” y serán analizados
el miércoles próximo en la reunión de la comisión.
De todos modos, los casi trescientos ascensos deben ser aprobados en el
recinto de la Cámara alta.
La diputada del ARI Marcela Bordenave y el senador electo de la misma
agrupación Alfredo Bravo denunciaron a Jerez ante la Justicia federal
por presunta violación de la Ley de Defensa, que prohíbe
a los miembros de las Fuerzas Armadas realizar tareas de inteligencia
a nivel interior. En 1993, cuando el entonces mayor Jerez se desempeñaba
como jefe regional de Inteligencia Litoral, ordenó investigar aspectos
personales y profesionales de tres personas. Página/12 pudo saber
que en las próximas horas se producirían novedades en la
investigación abierta en el juzgado a cargo de Rodolfo Canicoba
Corral. Y esos elementos pueden ser de importancia para sumar a las pruebas
que ya presentó Bordenave ante la comisión, a pesar de que
su presidente, el justicialista Horacio Zalazar, ya desestimó la
acusación contra Jerez.
Los legisladores del ARI también cuestionaron a Ozan porque habría
cometido el mismo delito que Jerez, pero en un caso revelado por este
diario en el que los espiados fueron diez periodistas y la agrupación
Mujeres Agropecuarias en Lucha. Ozan fue procesado por el juez Gabriel
Cavallo, cuando reemplazó a Norberto Oyarbide. Pero esa causa podría
estar a punto de ser cerrada por el repuesto Oyarbide dado que el fiscal
Miguel Osorio realizó un planteo de prescripción. Esa definición
será la clave de la actitud que tomen los senadores en cuanto a
su ascenso.
En la reunión de ayer los senadores decidieron poner en revisión
también los casos de otros seis militares cuya promoción
fue “desaconsejada” por el CELS. Se trata de tres tenientes
acusados de violaciones a los derechos humanos, uno de ellos con actuación
en la ESMA, un oficial del Ejército que intervino en el alzamiento
carapintada de 1987, y el subdirector de la Fábrica Militar de
Río Tercero que estaría implicado en el caso de la venta
ilegal de pólvora. También está cuestionado por ese
organismo el jefe del prensa del Estado Mayor Conjunto que confirmó
la no entrega de la ESMA para que funcione el Museo de la Memoria.
A partir del fallido ascenso de los marinos Antonio Pernías y Juan
Carlos Rolón, que admitieron en el Senado haber utilizado la tortura,
los pliegos son revisados por la subsecretaría de Derechos Humanos.
Esa dependencia acercó a la comisión legajos de la Conadep
que evidencian antecedentes vinculados a la represión ilegal de
casi una decena de militares. A pesar del hermetismo de los funcionarios
de la subsecretaría, serían los mismos que cuestionó
el CELS.
El año pasado, los oficiales del Ejército intentaron tomar
la iniciativa para no encontrarse con sorpresas cuando los pliegos llegaran
al Senado: presentaron recursos de hábeas data ante el CELS y la
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH). En ese acto pusieron
en evidencia, por lo menos, su torpeza puesto que el abogado patrocinante
fue el neonazi Juan Torres Bande. El jefe del Ejército se vio obligado
a pedirle disculpas a la DAIA. Este año no apelaron al mismo procedimiento.
LA
INCREIBLE HISTORIA DE LA FAMILIA DONDA
La perversión de la represión
El año 1976 encontró
a los hermanos Donda en dos bandos distintos. José María
era militante de Montoneros y fue secuestrado y desaparecido. Adolfo se
convirtió en oficial de la Marina y revistó en la Escuela
de Mecánica de la Armada (ESMA), donde la esposa de José
María, Hilda, llegó embarazada. Cuando se enteró
de que Donda, su cuñado, era jefe de torturas en la ESMA, Hilda
trató de que la ayudara. El le prometió que la liberaría,
pero no sólo permitió que la mataran, sino que habría
entregado a la beba a otra familia Donda de Entre Ríos. A partir
del informe que difundió ayer “Telenoche Investiga”,
titulado “El silencio de dos hombres” y que incluye testimonios
del apropiador y del entregador de Victoria (que así llamó
a su hija su madre biológica), el juez federal Rodolfo Canicoba
Corral ordenó que le extrajeran sangre a Mariel Irene Donda, una
chica que hoy tiene 24 años, para realizar un análisis de
ADN. El magistrado investiga la posibilidad de que ella sea hija de la
pareja desaparecida.
José María militaba, junto a su mujer Hilda, en la organización
Montoneros. En marzo de 1976 pasaron a la clandestinidad y, para preservar
a su hija Daniela, de tres años, le dieron la custodia a su abuela
materna, la señora Leontina Puebla de Pérez. Los peores
presagios se cumplieron y José María e Hilda, por entonces
nuevamente embarazada, cayeron en manos de la Fuerza Aérea. Los
atraparon en un centro comercial, según contó Leontina al
equipo de “Telenoche”. Cuando llegó el momento del parto,
María Hilda fue trasladada a la ESMA, donde funcionaba una maternidad
clandestina. Cuando nació su hija, a la que llamó Victoria,
Hilda sabía que se la iban a quitar y pensó junto con una
amiga que si le hacían un agujerito en la oreja y le ponían
un hilo azul, más adelante podrían reconocerla. Pero el
intento no funcionó.
Cuando nació Victoria, su cuñado, oficial de la marina y
jefe de los grupos de tareas de la ESMA, le prometió a Hilda que
su hija quedaría en manos de la familia y que ella sería
posteriormente liberada. Pero no cumplió. Hilda está desaparecida
y a Victoria le sustituyeron la identidad. Leontina, quien actualmente
vive en Canadá, siempre tuvo una terrible sospecha respecto de
otra familia Donda que vive en Paraná. Hasta allí viajó
un equipo de “Telenoche Investiga”. Dieron con el domicilio
de una familia con una hija de 24 años, la misma edad que tendría
hoy Victoria. Los vecinos recuerdan que la mujer de la casa no podía
tener hijos hasta el día en que apareció con un bebé.
Su esposo, Arturo Donda, no pudo contestar a “Telenoche” donde
nació su supuesta hija. Citó como testigos del parto a dos
familiares, ambos fallecidos.
El oficial de la marina Adolfo Donda (beneficiado con las leyes de Obediencia
Debida y Punto Final y con pedido de captura internacional del juez español
Baltasar Garzón) tiene hoy una empresa de seguridad que trabaja
en los aeropuertos con la mayoría de las líneas aéreas
y que es contratada por el Estado argentino. Por caso, tiene como clientes
a Educ.Ar, el portal del gobierno argentino que conduce el hijo menor
del Presidente y la Municipalidad de Mar del Plata. Donda se negó
a contestar al periodista sobre el destino de su sobrina nacida en cautiverio.
Daniela, que tenía tres años cuando sus padres desaparecieron
y que sabe de la existencia de una hermana, fue criada por el represor
Adolfo Donda, quien le sacó la tenencia a su abuela durante el
gobierno militar. El tiempo pasó, pero la verdad está cerca
de conocerse. En el juzgado federal de Paraná, por orden del juez
Canicoba Corral, se le extrajo ayer una muestra de sangre a Mariel Irene
Donda para hacer un análisis de ADN. Cuando el estudio esté
listo podrá saberse si esa chica es Victoria.
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