Por Carlos Rodríguez

A Damián Maximiliano Mamolite nadie le da los 20 años que cumplió, el 17 de setiembre, cuando todavía estaba preso. Pasó “dos años, un mes y una semana” detenido, la mayoría del tiempo en la cárcel de Olmos, porque el juez de menores Rodolfo Brizuela, que alguna vez fue chico de la calle (ver aparte), lo trató como adulto, cuando todavía no lo era. De la cárcel, no solo tomó la costumbre de contar el tiempo con puntualidad de días y horas, sino que conserva un gesto típico del maltrato: siempre está cruzado de brazos y sus manos le quedan sobre la espalda, como dos pequeñas alas. Parece un pollito mojado. Damián fue acusado de homicidio simple, aunque las evidencias de la causa lo señalaban como un chico tranquilo que había reaccionado ante los ataques de uno de los miembros de una patota que lo había golpeado varias veces. Pasaron más de dos años hasta que un tribunal le reconoció la “legítima defensa” y lo absolvió. Ahora está libre, pero la prisión también le dejó un estigma físico que llevará de por vida: se le pegó el virus del sida.
La odisea comenzó a las 22 del 17 de setiembre de 1999, el día en que Mamolite cumplía sus 18 años. Su abogado Eduardo Brude le recuerda a Página/12 que Fabián vivía con sus padres, y sus cinco hermanos, en Los Altos de Gregorio de Laferrère, en el partido de La Matanza. Le llamaban “Pucheta” y por su carácter introvertido era el centro de las burlas de un grupo de jóvenes integrado, entre otros, por Nelson Cardozo y Cristian Herrera. Esa noche, Nelson y Cristian, acompañados por dos chicas, Gisela y Noelia, persiguieron a Mamolite varias cuadras e intercambiaron insultos y piedras. Cristian Herrera cortó la rama de un árbol “de 15 centímetros de diámetro y un largo de 40 centímetros” y estaba dispuesto a pegarle. Por el miedo que tenía, Fabián había salido esa noche con un cuchillo. Se lo arrojó a Cristian desde unos 15 metros “para golpearlo”, pero lo hirió en el pecho y el chico murió.
Después del incidente, ignorante del resultado final, Mamolite se fue a bailar. Cuando regresó a su casa, cerca de las 5 del 18 de setiembre, su madre, Mirta Vera, le dijo que Cristian había muerto y Fabián se presentó detenido, él solo, sin ninguna compañía, en la comisaría 18 de Laferrère. Allí estuvo dos meses compartiendo la celda con presos enfermos de sida. Fabián y su abogado, sin dar detalle, dicen que fue allí donde se produjo el contagio. Durante cinco meses, Damián fue considerado legalmente mayor, hasta que la Cámara de Apelaciones de La Matanza, con el voto de los jueces Margarita Troppiano y Ezio Radaelli, recordó que los artículos 24, 26 y 27 del Código Civil establecen que la mayoría de edad se adquiere a las 24 horas del día del cumpleaños. Esto dejó en claro que Fabián era menor. Por dos horas, pero menor. Para el juez Brizuela –que tomó la causa porque es del fuero de menores, valga recordarlo–, siguió siendo mayor y lo mantuvo en Olmos, una cárcel exclusiva para adultos.
“En la comisaría 18 nos tenían a palo y palo”, recuerda Damián en la charla con este diario. Cuando habla parece todavía más chico, porque convierte las eses en zetas. Después de estar un tiempo en otras dos comisarías, en junio de 2000 lo llevaron a Olmos. Fueron vanos los pedidos de la defensa para que lo trasladaran a un instituto de menores. A poco de llegar a Olmos, el joven Mamolite comenzó a sentir dolores en el bajo vientre. La demora en atenderlo lo puso al borde de la muerte, ya que tuvo que ser operado de urgencia, de una peritonitis, en el hospital de la Unidad 22 de La Plata. Lo asistieron porque sus compañeros de celda “hicieron mucho despelote y tuvieron que venir a verme”. Estuvo casi seis meses internado, primero en terapia intensiva y luego en intermedia.
Recuerda que muchas veces lo llevaron al juzgado de menores, pero muy pocas lo atendieron. “Me tenían varias horas esposado, sin comer, sin tomar agua, pero Brizuela ni siquiera me recibía”. De la cárcel habla poco y prefiere recordar “a los más amigos, que siempre trataron de ayudarme”, aunque también aclara que “hay gente buena y hay gente mala”. Su tía, Mary Vera, lo fue a visitar muchas veces, turnándose con su hermana Mirta, lamamá de Fabián. “Lloraba, nos pedía por favor que lo sacáramos de allí y a nosotros nos partía el alma, sobre todo porque sabíamos que era inocente, que nunca había tenido intenciones de matar a nadie”. Mirta está acurrucada, tanto como su hijo, y todavía no ha podido recuperar su peso habitual. No llega a los 40 kilos.
Los vecinos del barrio Los Altos, testigos de la causa, dejaron en claro desde el principio que Fabián era “un chico bueno, trabajador”, mientras que la víctima, Cristian Herrera, tenía fama de violento. Además, Cristian medía 1,80 y Fabián apenas 1,60. Gisela, amiga de Cristian y testigo presencial de los hechos, admitió que la agresión había partido del joven que finalmente murió y que Fabián “sólo se defendió”. El otro chico presente, Nelson Cardozo, es también de “provocar muchos problemas”, admitió la testigo. La barra le había pegado “varias palizas” a Fabián y en una ocasión “lo habían levantado y arrojado al piso, haciendo ostentación de las diferencias físicas”, ya que Mamolite era más pequeño.
El 25 de octubre pasado, después de más de dos años, la misma Cámara que había determinado la condición de menor de Mamolite lo absolvió de la acusación de homicidio que se había fundamentado en primera instancia. El fallo decidió “la nulidad de la resolución en estudio y sobreseer definitivamente” a Mamolite “por haber obrado en defensa propia”. El fiscal general, previamente, lo había acusado sólo por “exceso en la legítima defensa”, un delito menor que tiene una pena máxima de tres años, que ya fue cumplida, de hecho, por Mamolite.
“Lo que duele es la morosidad de la Justicia, además de los disparates cometidos por el juez Brizuela, quien antes de esta causa era bastante amigo mío”, dijo el abogado defensor Eduardo Brude. A todos les sigue preocupando la salud, mental y física, de Fabián: “No sale de casa, no va a bailar, los amigos que tenía en Laferrère lo vienen a visitar (ahora vive lejos de su barrio natal), pero él no es el mismo”, dice la mamá. En su habitación, Fabián tiene ositos de peluche que lo acompañaron en prisión y un escudo de Boca que deja constancia de algunas alegrías.

DENUNCIARON GOLPES PERO VUELVEN A MELCHOR ROMERO
El regreso de los “apóstoles”

Por Horacio Cecchi

La polémica por el traslado de Marcelo Brandán Juárez, Víctor Esquivel Barrionuevo y otros 14 internos de la cárcel de máxima seguridad de Melchor Romero a la Unidad 9 de La Plata sumó un nuevo capítulo. Ayer, la Suprema Corte bonaerense ordenó que fueran los jueces naturales en cada caso quienes decidieran sobre los hábeas corpus presentados por los internos. En pocas palabras, el tribunal apartó a la Cámara de San Isidro que había dado lugar a los traslados de urgencia, tras constatar marcas de golpes en los cuerpos de los denunciantes. La primera derivación de la acordada fue que el ministro de Justicia bonaerense, Antonio Arcuri, ordenó que Popó, Esquivel y el resto fueran urgentemente retornados, con sus hábeas bajo el corpus, a pasar la noche custodiados por los expertos de Melchor Romero.
El 16 de noviembre pasado, Popó Brandán Juárez denunció torturas, junto a otro interno de 20 años. El caso fue presentado ante la Sala 3 de la Cámara de San Isidro. Los camaristas Raúl Borrino y Margarita Vázquez hicieron lugar al hábeas corpus, constataron las marcas de una paliza y dispusieron el urgente traslado de los detenidos a la U9 de La Plata, de alta seguridad, pero con menor rigor de parte de sus expertos. A ellos se sumó otro de los “doce apóstoles”, Esquivel Barrionuevo y nueve presos. La medida desató un escándalo entre el Ministerio de Justicia, un fiscal platense que solicitó la intervención de la Corte y los camaristas.
El viernes pasado, Melchor Romero registró el inédito caso de que no uno, ni doce, sino sus 170 internos denunciaran malos tratos. El hábeas corpus fue presentado ante la misma sala sanisidrense que repitió la resolución de acoger el recurso, tomando intervención sobre la totalidad de los internos. En grupos, comenzaron a ser enviados a San Isidro, donde los peritos comprobaban lo denunciado, y los jueces disponían el traslado como medida urgente, hasta tanto un fiscal investigara la denuncia.
Ayer, la Corte zanjó en la cuestión con un fallo con formato salomónico, pero de consecuencias oscuras sobre la figura del hábeas corpus: ordenó a la Cámara que remitiera en forma inmediata la causa 16.675 iniciada por Popó Brandán y todas las que se fueron acumulando. Dejó además sin efecto las medidas de urgencia dispuestas por la misma Cámara hasta tanto se expidieran los jueces naturales. En el caso de los “apóstoles”, la decisión corresponderá al Tribunal Oral de Azul, donde fueron juzgados por el sangriento motín de Sierra Chica. Además, ordenó a Arcuri garantizar una redundancia: la seguridad de los internos en la cárcel de máxima seguridad.
“Los jueces naturales van a decidir sobre hábeas corpus con toda la presión de la Corte –confesó a este diario un funcionario judicial–. Deberán decidir si disponen traslados de urgencia, que la Corte anuló previamente, a causa de denuncias de torturas que ya fueron comprobadas y que la Corte está ordenando que se vuelvan a comprobar. En la jerga judicial, esto es casi como decir que no las hubo”.
Pese a todo, mientras el alto tribunal firmaba su acordada, otro preso llegaba a San Isidro. Ante la fiscalía 5 denunció que lo habían golpeado por no cumplir una orden: ponerse en contacto con su compañero de causa, ya libre, para encomendarle asesinar a un funcionario judicial. El caso no fue tomado por la Cámara sino, como indicaría más tarde la Corte, por su juez natural, el Tribunal Oral 5, que ordenó como medida urgente trasladar de unidad al detenido.

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