Por Javier Lorca

En medio de una disputa donde diputados radicales y frepasistas se acusan mutuamente, se frustró la posibilidad de que este año el Congreso tuviera un proyecto consensuado para reformar la Ley de Educación Superior (LES). Antes de llegar a la discusión sobre el arancel y la forma de elección de los rectores universitarios, las diferencias de procedimiento dentro de una comisión legislativa arrojaron como resultado que, mientras arrecia la crisis económica argentina y se multiplican las amenazas de poda al presupuesto educativo, la puerta al arancelamiento de los estudios universitarios siga abierta de par en par.
El titular de la Subcomisión de Educación Superior de la Cámara baja, el diputado radical Juan Carlos Farizano, había anunciado que antes del cierre de las sesiones ordinarias se presentaría un proyecto para reformar la polémica LES. Incluso, elaboró una propuesta concreta que, según dijo a este diario, pretendía consensuar anteayer con los diputados del Frepaso. Cosa que nunca ocurrió, porque la Comisión de Educación ni siquiera tuvo quórum. Los operadores radicales acusaron a los frepasistas de haber frustrado un dictamen para cambiar la LES: “Ni siquiera nos dijeron qué cosa no les gustaba del proyecto. Nuestra estrategia era instalar en el recinto la discusión sobre la obligación del Estado de financiar la educación pública para que, después, a Economía le resultara más difícil violentar el presupuesto universitario o avanzar con el arancel”.
En conjunto, los legisladores Alfredo Bravo, Eduardo Macalusse (ARI), Irma Parentella e Isabel Focco (Frepaso) retrucaron que “en rigor, no existió ningún proyecto de esa índole”. “Farizano trajo un proyecto suyo como si ya lo hubiéramos discutido, pero nunca se debatió nada en estos meses. Ellos no hicieron nada para que saliera. Nunca lo presentaron ante la subcomisión”, dijo Parentella a Página/12.
Hace un semestre, dentro de la Comisión de Educación de Diputados, se creó la Subcomisión de Educación Superior para acordar una nueva ley para el sistema, en reemplazo de la 24.521, promulgada durante el menemismo. En los últimos meses se convocó a rectores de universidades públicas y privadas, a los gremios de los empleados y los docentes (desde Ctera hasta Conadu), también a organizaciones estudiantiles y a representantes de sectores del trabajo y la producción. El objetivo era desarrollar una nueva ley que contara con el consenso mayoritario de los actores: algo diferente de lo que había ocurrido en 1995, cuando fue sancionada la norma vigente mientras miles de alumnos protestaban en la calle contra la vía libre que, desde entonces, tiene el arancel. Pero fue en vano, ya que anteayer se esfumó la última posibilidad de aprobar un proyecto con el dictamen de la comisión de educación y de ponerlo a la votación de la Cámara antes de fin de año. Como la composición del Congreso cambiará para el próximo período, todo el proceso deberá recomenzar (si es que llega a haber nueva voluntad de cambiar la ley).
Una de las cuestiones que desde el principio hizo ruido entre los legisladores fue la existencia previa, y desperdigada, de otros proyectos para reformar la LES: entre otros, por ejemplo, desde fin del año pasado tiene sanción en Diputados, y espera tratamiento en el Senado, un proyecto elaborado por Adriana Puiggrós que asegura la gratuidad de la enseñanza superior. “La propuesta difundida por Farizano no incluye las iniciativas preexistentes ni los aportes de las entidades consultadas, lo que hace suponer que se trata de un texto elaborado antes del inicio de este proceso y que expresa la voluntad de un sector reducido”, indicaron los diputados del ARI y el Frepaso.
En realidad, el proyecto de Farizano, que ahora presentará sin el aval de la comisión, incluía los siguientes cambios: “Lo más importante es que desarrolla una articulación en redes de las instituciones, avanza enformas de acreditación automática de los conocimientos adquiridos por los alumnos e incluye la creación de un fondo especial destinado a la modernización de las instituciones –dijo Farizano–. Además, se elimina el artículo que permitía el arancelamiento. Se elimina toda posibilidad de que la enseñanza de grado no sea gratuita.” Este último punto era el que, previsiblemente, contaría con el rechazo del PJ. Las diferencias con el Frepaso y el ARI eran otras. “Tenemos muchas observaciones: eliminan los consejos regionales, quitan la definición de `instituto universitario’, modifican la Coneau, cosas que habría que discutir –contó Parentella–. Pero un tema importante que no comparto es que mantiene la elección indirecta de los rectores universitarios. Debería ser una elección directa, con un voto ponderado para los docentes”.

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