|
 La Administración Federal
de Ingresos Públicos (AFIP) sigue adelante en el camino que conduce
a la privatización de la recaudación. El nuevo paso consiste
en la contratación de 350 abogados que trabajarán por fuera
del organismo, el que ya cuenta con un plantel de 450 profesionales. Pero
según coincidieron los especialistas consultados por este diario,
antes que controlar la evasión, los nuevos “externos”
se abalanzarán sobre quienes están “atados” al
sistema, como el grueso de los monotributistas, a los que la recesión
obligó a una elusión transitoria. Mientras tanto, la política
tributaria y los baches legislativos que posibilitan la elusión
en gran escala permanecen sin variantes.
La AFIP seleccionará 350 abogados privados para acelerar la gestión
de cobranza de morosos que, según argumentó el organismo,
le deben al fisco cerca de 10 mil millones de pesos. El titular del ente
recaudador, Armando Caro Figueroa –que brindó una conferencia
de prensa acompañado del director general de Impositiva, Horacio
Rodríguez Larreta, y el director de Control Judicial Simón
Zárate– explicó que existen 287 mil juicios en ejecución
contra morosos en el pago de sus obligaciones fiscales que, según
Zárate, suman “4900 millones de pesos, pero que si se le suman
los intereses y los punitorios, la cifra se duplica”.
Por su parte, Rodríguez Larreta consideró que la incorporación
de abogados del sector privado constituye una “acto preparatorio
de la avalancha de deudas detectadas” a partir del control automático
de grandes contribuyentes, que desde octubre se elevó de 230 mil
a 2,9 millones de personas.
La tercerización de la gestión de cobranza ya había
sido propuesta por el ex titular de la AFIP Carlos Silvani, pero en su
momento su intento fue rechazado por la Justicia.
Caro Figueroa invitó a quienes quieran participar del concurso
público a que se inscriban en un “registro que habilitará
el organismo hasta el 21 de diciembre”. Los abogados que quieran
incorporarse deberán abonar 100 pesos por derecho de registro,
deben tener como mínimo tres años en la matrícula
y sus edades deben ir desde los 28 hasta los 65 años.
Zárate subrayó que los abogados seleccionados “no tendrán
relación de dependencia con la AFIP y se elegirán a través
de un concurso público”. En tanto, Caro Figueroa aseveró
que los honorarios que los contribuyentes pagarán a los letrados
serán “del 5 por ciento en primera instancia y del 10 por
ciento cuando exista una sentencia”. Pero, recalcó que “primero
cobrará la AFIP y luego lo harán los abogados”. Para
el funcionario se trata de “un refuerzo de la capacidad operativa
del organismo, que necesita sumar más profesionales a los 450 que
trabajan en la actualidad”.
Ricardo Angelucci, economista del Instituto de Estudios Fiscales y Económicos
(Iefe), consideró que, antes de incorporar más abogados
que presionen sobre los contribuyentes que, por su actividad profesional,
están atados al sistema, sería necesario definir con claridad
la política fiscal. Para el especialista, los “atados”
no son los grandes evasores sino principalmente los profesionales independientes
y el grueso de los monotributistas, cuyo padrón muestra que el
70 por ciento está en mora.
Sobre los teóricos 10 mil millones de pesos que podrían
obtenerse de los 287 mil juicios en marcha, el especialista señaló
que las posibilidades de recupero son bajísimas. “En general
son deudas asociadas a mecanismos de elusión tributaria posibles
en función de los baches que presenta la legislación”,
afirmó. Como ejemplo clásico destacó a las sociedades
que registran autopréstamos desde paraísos fiscales. “La
elusión emergente de estas operaciones es muy difícil de
probar judicialmente”, explicó “Lo mismo ocurre con las
probatorias del enriquecimiento ilícito, cuyos bienes suelen pertenecer
a sociedades uruguayas”. “Ir sobre esto sólo sirve para
alimentar la industria del juicio. El problema, entonces, no pasa por
aumentar la cantidad de pleitos, sino por reformar la legislación”,
sostuvo. Sin embargo, “el comportamiento de la Justicia en los pleitos
contra evasores ha dejado hasta ahora bastante que desear, concluyó.
CAMBIOS
AL CODIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL
Desalojos por vía rápida
Con el fin de lograr un desalojo
inmediato de un inmueble o local alquilado, por falta de pago o vencimiento
del contrato, el dueño de esa propiedad podrá depositar
ante la Justicia una caución y lograr así la desocupación
del inmueble, según una modificación al Código Procesal
Civil y Comercial. En el Boletín Oficial salió publicado
ayer una serie de modificaciones al Código Procesal Civil y el
artículo 684 bis que alude a los desalojos por falta de pago o
vencimiento de contrato y a la desocupación inmediata. Anteriormente
estas disposiciones regían solamente en el caso de las usurpaciones.
En caso de que se pruebe que el propietario haya ocultado hechos o documentos
en relación al pago de los alquileres, además de la inmediata
ejecución de la caución aludida, se le impondrá una
multa de hasta 20 mil pesos en favor del inquilino. Esta reforma empezará
a regir recién dentro de 180 días, es decir en mayo del
2002 y dice exactamente: “en los supuestos en que la causal invocada
para el desalojo fuere la de falta de pago o vencimiento del contrato,
el acto podrá también, bajo caución real, obtener
la desocupación inmediata de acuerdo al procedimiento previsto
en el artículo 680 bis”. Aclara que “para el supuesto
que se probare que el actor obtuvo esa medida ocultando hecho o documentos
que configuraren la relación locativa o el pago de alquileres,
además de la inmediata ejecución de la caución, se
le impondrá una multa de hasta 20 mil pesos en favor de la contraparte”.
El juez de primera instancia en lo civil, Claudio Ramos Feijóo,
especializado en el tema, explicó que “las reformas las considero
auspiciosas en cuanto a la abreviación del juicio de desalojo y
la posibilidad de que el locador, previa caución real, reciba nuevamente
el imnueble, bajo apercibimiento de ser multado en caso de que ocultara
documentos”. Sobre los beneficios de esta modificación, el
juez dijo que es positiva tanto para locadores como locatarios, “porque
ambos van a alquilar con más seguridad, va a haber una inyección
teórica de viviendas en el mercado y la oferta hará que
el alquiler baje”.
En tanto, para Enrique Wainfeld, presidente de la Asociación de
Inquilinos, esta modificación del código procesal es “inviable”
porque, a su criterio, pocos propietarios estarán dispuestos a
depositar una caución y preferirán acordar con el locatario.
También aclaró que si el locatario desalojado inicia una
demanda por daños y perjuicios, y gana el juicio, el propietario
pierde el dinero de la caución y debe pagar la multa de 20 mil
pesos. Comentó que debido a la actual recesión económica,
“en los desalojos, el propietario trata de llegar a un acuerdo con
el inquilino, porque si se le va, no logra alquilar el local nunca más”,
sentenció.
APELARAN
EL FALLO DEl DESPROCESAMIENTO DE LOS MACRI
Polémica abierta en Tribunales
La fiscalía de la Cámara
de Casación apelaría el fallo de la Sala Tercera de ese
tribunal que benefició a los empresarios Franco y Mauricio Macri,
en una causa en la que estaban procesados por el presunto delito de “contrabando
agravado”. Así lo revelaron a DyN fuentes judiciales, que
precisaron que la fiscalía número tres, a cargo del ex juez
federal Ricardo Weschler, está “estudiando el fallo de la
Casación” y se tomará todo el plazo procesal para recurrir
el fallo. Ese plazo vencerá el próximo viernes.
En tanto, otras fuentes dijeron que los dos camaristas de la Sala B del
fuero Penal Económico que evaluaban renunciar a sus cargos, disgustados
por el fallo que descartó la existencia de delito y sobreseyó
a los Macri, “no tomarán una decisión antes de la feria
judicial de enero”. Los camaristas Carlos Pizzatelli y Marcos Grabivker
estarían evaluando la posibilidad de dimitir como consecuencia
del fallo de la Casación.
Los Macri estaban procesados por el supuesto delito de “contrabando
agravado”, presuntamente cometido cuando manejaban la automotriz
Sevel. La operatoria que investigaron fiscales, jueces y camaristas, y
que Casación dejó virtualmente cerrada, habría consistido
en exportación de autopartes a Uruguay e importación de
vehículos terminados, cobrando reembolsos en ambos casos.
El viernes pasado, la Sala Tercera de la Cámara de Casación
resolvió que no había existido delito en la operatoria,
y consecuencia sobreseyó a los Macri, a aproximadamente una decena
de imputados, y también desvinculó de toda sospecha a funcionarios
de la Aduana.
|
