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Por Nora Veiras
 “El gobierno nacional
es el responsable de crear una inmensa incertidumbre, ya que nadie sabe
si cobrará el aguinaldo, ni el incentivo, ni los salarios adeudados.
Es lamentable tener un gobierno entregado, que se postra de rodillas ante
el FMI y Estados Unidos.” “Basta de escudarse en (Domingo) Cavallo
y esconderse detrás de (Fernando) de la Rúa. Queremos saber
qué va a votar (Rodolfo) Terragno, qué va a votar (Eduardo)
Duhalde. Queremos saber qué van a votar los que un mes atrás
cruzaban la calle y decían: ‘No al ajuste’”. El
discurso de la titular de la Federación de Trabajadores de la Educación
(Ctera), Marta Maffei, fue el broche del paro y la movilización
docente provocados por el atraso en el pago de cuatro cuotas del incentivo
salarial y por el anuncio de no inclusión de ese plus en el presupuesto
2002. El retorno sorpresivo de la Carpa Blanca fue también ratificada
frente al Ministerio de Economía.
El ministro de Educación, Andrés Delich, rompió ayer
el silencio en el que se había refugiado en los últimos
días cuando desde Economía anunciaron la supresión
de la partida de 660 millones de pesos del Fondo de Incentivo Docente
(Fonid). En declaraciones a Radio Continental admitió la deuda
con los docentes y aseguró: “yo lo que puedo garantizar es
que la deuda del fondo de incentivo que sostenemos este año, va
a ser incluida en el presupuesto del 2002. Vamos a buscar la forma de
pagarles en una situación fiscal muy complicada que tiene la Argentina”.
Delich remarcó que el regreso de la Carpa Blanca no lo toma “trágicamente”
porque “es una expresión democrática de protesta. Lo
que nosotros debemos vivir con dramatismo en todo caso es cuando hay huelgas
y cuando se pierden días de clase porque ahí estamos perjudicando
a los chicos”.
El crescendo del conflicto docente era evitable con el cumplimiento por
parte del gobierno nacional del pago del incentivo y por parte de los
gobiernos provinciales del pago en término del salario. Dos compromisos
de mínima que arrastró en el camino el alud del déficit
cero. El atraso en el pago de cuatro cuotas del incentivo más dos
que se van a acumular en el mes de diciembre, dicen en algunos despachos
oficiales, que se va a incorporar en el presupuesto 2002. ¿Por
qué? Porque esa es la forma de eliminar los 330 millones –la
mitad de la partida del Fonid– de las cuentas de este año
que le tienen que presentar a la misión del Fondo Monetario Internacional.
En buen romance, un tradicional dibujo de contador para que las cuentas
aparentemente cierren. En el camino quedan los días de clase perdidos
porque el gobierno no cumplió con los compromisos asumidos.
Más allá del cortoplacismo de ese artilugio, Maffei explicó
a Página/12 que “la Ley de Incentivo Docente tiene vigencia
hasta el 31 de diciembre del 2003 es decir que si no la cumplen tendrán
que lograr que los diputados y los senadores la deroguen. Además
no es cierto como dice el presidente De la Rúa que derogó
el impuesto automotor que había financiado el incentivo y lo garantizó
con fondos del Tesoro. Con el argumento de ayudar a la educación
cuando recién asumió la Alianza modificó el régimen
tributario: pasaron el IVA del 10,5 al 21 por ciento para todas las actividades,
se anticipó el cobro de ganancias, se incrementaron impuestos internos.
Por esa vía recaudaron 1500 millones adicionales y de eso destinaron
660 millones para los docentes: usaron la fachada del incentivo para mejorar
la recaudación”.
El gremio docente evaluó ayer como “exitoso” el paro
mientras que el gobierno lo calificó de “dispar”. La
conducción de Ctera decidió entrevistarse con los diputados
de todas las bancadas para comprometerlos en la inclusión del incentivo
para el año próximo. Hasta ahora los provinciales, los peronistas,
los legisladores del ARI y los del Frepaso les dieron el sí. Maffei
pronosticó que “descontamos el rechazo de parte de los diputados
radicales por la disciplina partidaria que desconoce la situación
de las provincias. Hoy el Fonid representa el 15 por ciento de toda la
masa salarial docente del país. En las jurisdicciones máspostergadas
representa el 25 por ciento. Y hay que tener en cuenta que la supresión
de esos 60 pesos mensuales se deben sumar al ajuste de los presupuestos
de educación que en Buenos Aires ascenderá a 500 millones
y en Córdoba a 200 millones de pesos”.
En ese escenario, Delich juega sus fichas a la creación de un Fondo
Fiduciario de 540 millones de pesos, equivalente a una nómina salarial
mensual de todo el país, de forma tal que la Nación tendría
recursos disponibles para prestarle a las provincias que no tengan efectivo
para pagar los salarios en tiempo y forma. Un objetivo de mínima
acorde al ajuste fiscal permanente.
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De interés
porteño
La Legislatura porteña declaró de interés
la consulta popular por un seguro de empleo y formación de
380 pesos para cada jefe de hogar desocupado y una asignación
universal de 60 pesos por hijo, que impulsa el Frente Nacional contra
la Pobreza (Frenapo), y que se realizará los días
13, 14 y 15 de diciembre de este año. Entre los considerandos
del proyecto de declaración, los legisladores señalaron
que las propuestas del Frenapo están “destinadas a evitar
que vivan por debajo de la línea de pobreza aquellos a quienes
van dirigidos”.
“Se solicita al Poder Ejecutivo de la Ciudad que tenga a bien
facilitar los ámbitos suficientes y adecuados para la realización
de dicha consulta”, establece también el proyecto de
declaración aprobado en la Legislatura, que lleva la autoría
del aliancista Ariel Schifrin. En tanto, acompañan el proyecto
los legisladores Vilma Ibarra, Cristian Caram, Clori Yelicic, Fernando
Finvarb, Irma Roy, Juliana Marino y Eduardo Valdés, entre
otros.
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Una historia de familia
La Ctera apeló a una historia de vida para mostrar el ajuste
que implicará el proyecto ideado por Patricia Bullrich. Con
el decreto ley 1382 de modificación de asignaciones familiares
los 30 pesos que van a pagar por hijo menor de 14 años serán
sólo para un grupo familiar que tengan ingresos brutos a
1000 pesos. Un docente que tenga un cargo de maestro con 10 años
de antigüedad y una pareja también docente con 30 horas
de cátedra, con la misma antigüedad, juntan 1200 pesos
en bruto -800 en mano– es decir que la quita son 1180 pesos
anuales por los 60 pesos menos por mes que dejarán de recibir
por cada uno de sus dos hijos. Si esa misma gente pierde 60 pesos
por mes ella y 120 (60 pesos por cada cargo) él por Fondo
de Incentivo dos cargos perderían 2160 pesos por año,
lo cual hace un total de 3340 pesos anuales. Son prácticamente
280 pesos por mes, es lo que pierde un trabajador de familia de
clase media baja. “Esto es lo que la ministra llamaba el plan
revolucionario. Esto demuestra como somos nosotros los mismo trabajadores
los que financian el plan”, dijo Maffei. Pero ahora el secretario
general de la Presidencia, Nicolás Gallo, dijo que eso fue
sólo “un deseo”.
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PROTESTA
EN LA ESCUELA 67 DE VIRREY DEL PINO
Un inodoro para 400 chicos
La Escuela Nº 67 de La
Matanza tiene los elementos clásicos de un establecimiento educativo:
alumnos, maestros, pizarrones y tizas. Pero además tiene un plus
particular: paredes electrificadas, agua contaminada, y un inodoro para
400 varones. “Toda la estructura de la escuela está en un
estado de decadencia total. No se puede tomar agua corriente, las paredes
tienen contacto los días de lluvia. Nosotros vamos a seguir con
la toma hasta que las autoridades provinciales nos den una respuesta”,
dice Adriana Frontera, mamá de Matías, que está en
cuarto grado. Padres, alumnos, maestros y autoridades de la escuela mantienen
tomado el edificio desde este lunes, cansados de esperar respuestas del
gobierno bonaerense.
“La escuela original se construyó en 1982, y tenía
una vida útil de cinco años. Sin embargo, estamos a casi
veinte años de eso y seguimos igual”, se lamenta Alejandra
Rivero, directora de la escuela. El Ministerio provincial de Obras y Servicios
Públicos había prometido construir una nueva escuela en
un predio vecino, pero la versión ruckaufista del ajuste nacional
paralizó el proyecto. A partir de julio, la empresa constructora
se retiró del lugar, dejando sólo los cimientos.
Más de 1200 chicos concurren a esta escuela, la Mercedes Lascano,
ubicada a seis cuadras del kilómetro 39 de la ruta 3, en la localidad
de Virrey del Pino, bien al fondo del Partido de La Matanza. Es una zona
con mayoría de calles de tierra, y enclavada en una de las partes
más pobres del Conurbano. “Más del 70 por ciento de
los padres de los chicos están desocupados”, cuenta María
Reigada, la vicedirectora. “Y del 30 por ciento restante, la mayoría
está subocupada”, agrega.
“Acá muchos chicos comen sólo la comida del comedor,
que estamos manteniendo más allá de la toma”, dice
Rivero. “Imagínense que tenemos muchos alumnos desnutridos.
¿Sabés la cantidad de veces que se nos desmayan chicos por
hambre?”, afirma. “En esos casos, les damos un sandwich, y si
no se mejoran, los llevamos a la salita de auxilios de enfrente”,
explica.
Claro que allí empieza otro problema, porque la sala la mantiene
un grupo de vecinos, que cobra un bono de 3 pesos a cada paciente, para
financiar el lugar. Como la gran mayoría de las veces los padres
de los chicos no tienen esos 3 pesos, las maestras terminan pagando de
su bolsillo la atención en la sala.
La toma es sobrellevada en su mayor parte por las madres de los chicos.
“Seremos unas 100 madres acá. Hacemos talleres, cocinamos
pan, pizzas, compartimos la comida, hacemos asambleas”, revela Victorina
Fleitas, mamá de Maximiliano, Estefanía y Florencia e integrante
de la Cooperadora, para explicar la rutina de estos días de protesta
en la escuela.
“La toma la seguiremos hasta que nos den alguna respuesta”,
promete Fleitas, cansada de evasivas por parte de Obras Públicas
de la provincia.
“Nos bicicletearon siempre. Ahora queremos soluciones”, agrega.
En La Matanza, un distrito con más de un millón de habitantes,
la bronca no sólo está en los piquetes.
Informe: Alejandro Cánepa
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