Por Susana Viau e Irina Hauser

El funcionario, de espaldas al ventanal desde el que se observa el río, sonrió, estiró la mano y sacó un libro de entre los papeles acumulados sobre su escritorio. Buscando con el cuerpo un haz de luz, se puso las gafas y leyó:
“He tenido mis momentos de debilidad. Pero jamás he permitido que un niño juzgara a sus padres. Los niños son inútiles y viven con nuestro consentimiento.” ¿Le queda claro cómo funciona esto?
El funcionario volvió a dejar Omertà, la novela de Mario Puzo que mantiene allí, en su despacho, como la biblia de la construcción de poder. El funcionario era uno más de la docena de consultados, coincidentes en señalar que el fallo de la Corte Suprema debe leerse por sobre todo como el fruto de una necesidad estratégica: “la preservación de la corporación política”. Para que el texto no permitiera abrigar dudas respecto de su sentido unívoco, los encargados de ejercer “pressing” se fijaron un objetivo máximo: alcanzar al menos siete votos de respaldo para que no pudiera achacarse la decisión al color de la llamada “mayoría automática”. El esfuerzo sólo redundó en una cooptación, la de Augusto Belluscio, un hombre considerado vecino del radicalismo.
El impacto de una resolución que exageró el tono crispado y admonitorio, lo recibieron de lleno los integrantes de la familia judicial quienes, tras tomar nota, echan suertes acerca de si el futuro los hallará “unidos o dominados”. Más allá de sus efectos, el proceso que condujo al pronunciamiento “mixto”, reveló que la coincidencia bipartidaria se manifestaba en la composición de todos sus actores; desde los ministros de la Corte, los jueces, los lobbystas y hasta la procedencia de los defensores.

Falta y Resto

Hace rato que la Corte Suprema tenía garantizados los cinco votos mínimos necesarios para liberar a Menem y a Yoma. Pero desde que la Alianza asumió el Gobierno, en diciembre de 1999, al presidente del máximo tribunal, Julio Nazareno, lo obsesiona una idea: no quiere que se hable de que el bloque menemista, que integra junto con Eduardo Moliné O’Connor, Guillermo López, Adolfo Vázquez y Antonio Boggiano, continúa en operaciones. El riojano pretende que, al momento de resolver casos resonantes, se sume alguno de los ministros de la vieja Corte nacida del gobierno de Raúl Alfonsín. Augusto Belluscio no sólo se ha acoplado sino que es él quien en los últimos tiempos redacta los votos que, al final, prosperan. En la causa sobre la venta ilegal de armas, los cuatro capitaneados por Nazareno –aunque en realidad hay quienes sostienen que el auténtico ideólogo es Moliné, cuñado de Anzorreguy y dotado de más sutilezas que el presidente del cuerpo– esperaban que, al menos esta vez, la mayoría fuera de siete. Las esperanzas se cifraban en Carlos Fayt, pero no lograron sumarlo para la emergencia.
Belluscio fue la pluma liberadora del ex presidente Carlos Menem y su cuñado Emir Yoma. También fue su texto el que se pronunció en el caso del ex titular del PAMI, Víctor Alderete. En ambos, Belluscio usó una fórmula similar: fustigar con dureza inusitada las resoluciones de los jueces que investigaron, procesaron y mandaron a la cárcel a los ex funcionarios, acusados de delitos múltiples. “Con estas amenazas de la Corte, ¿quién va a ser el guapo que se anime a procesar a nadie?”, han repetido, palabras más palabras menos, a este diario una decena de funcionarios judiciales que se preguntan, con igual unanimidad, si la asociación ilícita quedará confinada “al Gordo Valor y a Sopapita”. “¿Acaso no se le aplicó a un juzgado, como en el caso de Hernán Bernasconi?”, recuerdan.
La tendencia que comenzó a vislumbrarse cuando la Corte tuvo entre manos la causa de Alderete, cristalizó con el expediente de Yoma. Todo parece indicar que los operadores menemistas que se acercaban a las vocalías del alto tribunal lo hicieron casi por cumplido o para monitorear ciertosdetalles del fallo que involucraban la prisión del “Jefe”. Como parte de ese staff circularon algunos conocidos de siempre, con los abogados Ricardo Klass y Rodolfo Barra a la cabeza. Pero la gran sorpresa, que aparece en el relato tanto de abogados, funcionarios de la Corte y empleados de los tribunales federales, fue el trabajo fino de un puñado de radicales.
Ahí vuelven a coincidir las fuentes y se detienen en dos nombres que se “interesaron” por la cuestión en los tribunales inferiores, en especial la Sala II de la Cámara: Arnoldo Kleiner, apoderado de la UCR y uno de los interlocutores con el Poder Judicial, y Carlos Becerra, titular de la SIDE. “Becerra trasladaba las inquietudes de Eduardo Menem, de De La Rúa y de Alfonsín”, dijeron a Página/12 desde la secretaría y el radicalismo. La atención que Alfonsín prestó al tema se habría traducido, de acuerdo a ciertas versiones, en la puesta en acción de la línea que tiene tendida con Belluscio. Los valedores de esta hipótesis llaman en su auxilio las reiteradas opiniones del ex presidente respecto lo que consideró una incorrecta aplicación de la figura de asociación ilícita.
Los voceros de Alfonsín negaron su involucramiento en la causa. De todas formas, tanto Kleiner como Becerra no estaban lejos de su radio de influencia. “El Gobierno no tiene ningún interés en que Menem siga preso” había sido, incluso, la frase que con matices de descargo usó el ex ministro de Justicia Ricardo Gil Lavedra, el jurista al que aún en círculos alfonsinistas se considera autor de los argumentos del ex jefe de la UCR en torno a la “asociación ilícita”. Se cuenta, asimismo, que en el gobierno y antes de conocerse el fallo, la eventual libertad de Menem era visualizada como “un alivio. Un ex presidente preso nos da una pésima imagen a nivel internacional”.
Esas valoraciones habrían sido escuchadas en el entorno de Jorge de la Rúa. En línea con tales expectativas, el ministerio de Justicia evitó expedirse acerca de la solicitud de recusación a Nazareno y a Adolfo Vázquez que reclamaron las diputadas Elisa Carrió y Graciela Ocaña. Un dictamen interno concordante con la postura de las legisladoras sufrió un intento de modificación para, finalmente, trasladar la responsabilidad al procurador Ernesto Marcer, cuya respuesta nunca llegaría a tiempo. En cuanto a la “amistad manifiesta” de Nazareno y Vázquez, los expertos en temas de Corte no se cansan de advertir que “Nazareno nunca se excusó con Carlos, sí siempre se excusó con Eduardo”. Agregan, a modo de justificación, que el riojano “es Eduardo, Eduardo”, como si ese padrinazgo pudiera establecer alguna diferencia sobre el punto en discusión. Como quiera que sea, la narración del nombramiento de Nazareno en el tribunal ofrece aristas que hubieran hecho las delicias de Carrió: “(Carlos) Corach y (Eduardo) Bauzá no lo querían como presidente. Es que “el negro” cuando lo llamaban para “tocarlo” contestaba:
–”¿Vos estás seguro de que eso lo pide Carlos?”
Y si algo no le cuadraba, levantaba el teléfono y lo aclaraba directamente: “Che, Carlos ¿Vos mandaste a pedir...?”

Qué me importa tu pasado

La impresión de quienes de uno u otro modo están vinculados a las causas que se desarrollan en ese tribunal y en el fuero federal es que las elecciones de octubre marcaron el punto de inflexión. El recurso de Emir Yoma había llegado a la Corte y esta pidió copia del expediente. La lenta y trabajosa duplicación de los 140 cuerpos no se correspondía con la urgencia del Supremo, que envió una fotocopiadora ad hoc al juzgado federal de Jorge Urso. Como tampoco ese ritmo satisfacía su premura, puso a disposición dos funcionarios más. En Penal Económico, que había recibido la orden impartida por los camaristas de la Sala B de indagar a los cuñados, fijó fecha para el 16 y 17 de octubre y entre tanto se abocó, para sorpresa de todos, a la cuestión de competencia. Las declaraciones indicadas por la cámara configuraban una lista apreciable. Entre ellas estaba Esteban Caselli. Speroni olvidó a Caselli y volvió a postergar para el 7 de noviembre la indagatoria a las dos estrellas de la causa. La nube de abogados que asiste a los detenidos VIP comenzó a presentir que la tormenta se alejaba. Y esa nube de abogados tampoco era monocolor: Emir, adjuntaba a Mariano Cúneo Libarona un abogado de confianza del delarruismo, Zenón Ceballos, un letrado a quien algunos funcionarios del fuero federal describen como “de poca prédica” mientras que en otro extremo varios colegas suyos hablan de él como “uno de los mejores lobbystas”. No sólo eso: señalan que se trata de un hombre históricamente ligado a los radicales, en especial a Juan Octavio “Yuyo” Gauna, que llevó las defensas del ex legislador Juan Trilla, en la causa de los ñoquis del viejo Concejo Deliberante porteño, y hasta la de los hijos del presidente, Antonio y Aíto, acusados de arreglar los exámenes con sus profesores de la facultad de Derecho. “Ceballos es una persona que tiene diálogo directo con el presidente”, completan sus conocidos, que también lo pintan cercano a Alfonsín. Es cierto que, con igual fuerza se anota que la inclusión de Ceballos buscó darle un perfil más serio a la defensa “porque Mariano está un poco quemado”.
Quizá por pura coincidencia, el ex defensor de Menem Mariano Cavagna Martínez es otra figuras de excelente llegada al radicalismo. Quienes conocen su debut en la justicia indican que ocurrió cuando el peronista Federico Robledo fue designado asesor de Alfonsín. “Cavagna era secretario de la corriente que lideraba Robledo en el PJ y cuando se produjo una vacante en la Corte bonaerense sugirió su nombre”. En otros círculos prefieren pensar que Cavagna se enrola en la defensa de Menem porque ya había incorporado a su estudio a Adolfo Bagnasco y a Gustavo Literas, sindicados como cerebros del envenenado pedido de autorización de Menem para salir del país. Una triquiñuela, sospechan, para que Urso diera el paso en falso, denegando la solicitud. Sobre el ex presidente no pesaba todavía ningún procesamiento, si bien tomaba cuerpo la versión de que Cavagna y Oscar Roger debieron convencerlo de no abordar un helicóptero que lo sacaría del país. Urso se limitó a adelantar la indagatoria.
La defensa del ex ministro Erman González, vista como una de las mejores desde el punto de vista técnico “y porque él se preocupó mucho, estudió y la siguió de cerca”, incorporó al ex juez Fernando Archimbal, hoy muy cercano, dicen, a Ricardo Gil Lavedra. La refutación de esas especulaciones se basa en que Archimbal fue contabilizado desde siempre como “propia tropa” de los hermanos Hugo y Jorge Anzorreguy. Nadie ignora, sin embargo, que entre los Anzorreguy y Gil Lavedra hay antiguos y sólidos puentes. Todos, ahora relajados, preparan las vacaciones de enero. La feria también servirá para que jueces y fiscales federales intenten cicatrizar las heridas. Y, por qué no, traten de ahuyentar la pregunta del millón: ¿dónde está la treintena de cañones desaparecidos del inventario?

Genio y figura de uno de los ideólogos del fallo

En la Sala II de la Cámara Federal se respira la sensación de que Raúl Alfonsín no ha podido digerir todavía su decisión de dictar la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, sancionadas durante su gobierno. El fallo dejaba entrever el proceso que llevó al ex presidente a ceder espacios y claudicar ante la presión de los cuarteles. “A raíz de eso, en parte, se dio la combinación Alfonsín-Belluscio”, presumen allegados a la sala. Y agregan que nadie podrá sacarles de la cabeza a Martín Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo Luraschi que hay varios mensajes concretos dirigidos a ellos en la resolución de la Corte. Especialmente en el punto que compara las investigaciones de jueces y fiscales contra funcionarios y ex funcionarios con la represión ilegal. “No es cuestión de satisfacer a la opinión pública presentándose como adalides de la lucha contra la corrupción administrativa sino de aplicar rigurosamente el ordenamiento jurídico”, cuestiona el fallo escrito por el juez Belluscio y firmado por la mayoría de los supremos.
El paralelismo con la dictadura militar (“demasiados problemas han ocasionado a la República las represiones ilegales del pasado para que ahora se intente la represión de los delitos contra la administración o que perjudiquen el erario público por caminos aparentemente revestidos de legalidad pero en definitiva ilegales”) fue muy usado por Alberto Kohan, Jorge Domínguez, y los hermanos Carlos y Eduardo Menem para responder a quienes los investigan. Probablemente no sorprenda al que recuerde lo que en 1987 Belluscio escribió en un memorándum relacionado con una causa judicial, donde estaba en juego la restitución de una hija de desaparecidos a su familia. Afirmó entonces que los padres de la niña habían sido “chupados y liquidados” y la devolución de las criaturas apropiadas era un “prurito teñido por un ánimo indeterminado de venganza”. Acusaba, además, al entonces juez federal de La Plata, Vicente Luis Bretal, y al ex secretario de la Corte –actual camarista platense Leopoldo Schiffrin–, de haber sometido a la chica “a un lavado de cerebro digno de un establecimiento psiquiátrico moscovita”.
A mediados de este año, Belluscio apoyó con su firma y junto a Julio Nazareno un borrador que impulsaba la liberación de Jorge Rafael Videla declarando “cosa juzgada” la apropiación de menores durante la dictadura. El proyecto tendía a favorecer también a otros acusados por el mismo delito como Emilio Massera, Jorge “Tigre” Acosta y Reynaldo Benito Bignone. Eduardo Moliné se unió al binomio y se convirtió en la tercera rúbrica del proyecto. Cuando el papel se hizo público los ministros postergaron el tratamiento del caso, que aún sigue en suspenso.

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