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Por Laura Vales
 Los médicos de cabecera
no atienden. Pacientes preparados para la cirugía fueron devueltos
a su casa. Los psiquiátricos cortaron la atención ambulatoria.
Geriatría no recibe más gente. Si se quiere conseguir un
medicamento oncológico, lo más práctico es presentar
un amparo a la Justicia, porque con el trámite ordinario ni siquiera
se consiguen pañales. Este es el diagnóstico –el de
un mapa de prestaciones desierto– que hacen sobre el PAMI en la Defensoría
del Pueblo porteña.
¿Qué es lo que funciona con normalidad en la obra social
de los jubilados? “Prácticamente nada”, dice Eugenio
Semino, ombudsman de la Tercera Edad.
El Instituto le debe a los prestadores unos 450 millones de pesos. Con
un atraso acumulado de hasta cinco meses en los pagos, las clínicas
y sanatorios vienen suspendiendo uno tras otro sus servicios; el panorama
se agravó especialmente a partir de octubre, pero cada semana hay
novedades. En esta que terminó, quienes necesiten un tratamiento
de diálisis pasaron a estar en serios problemas, porque los prestadores
advirtieron que no tomarán nuevos casos.
Aunque en lo formal sea un ente autárquico y no estatal, el PAMI
fue el primer organismo donde se comenzó aplicar el principio del
déficit cero. Previa ley del Congreso, en enero del 2001 dejó
de contar con el fondo de garantía del Estado, para pasar a depender
exclusivamente de su recaudación, es decir de un ingreso que se
compone del aporte de empleadores y trabajadores. El problema es que cada
vez se recauda menos y la brecha entre lo que necesita el PAMI para mantener
sus servicios y lo que efectivamente recibe ya parece imposible de salvar.
En septiembre, apunta Semino, al Instituto ingresaron 150 millones cuando
la previsión para su funcionamiento es de 200.
“Mi situación no es de las más graves, pero refleja
lo que vivimos los jubilados todos los días”, cuenta Pedro
Meyer. Beneficiario del PAMI, Meyer debía atenderse con el neumonólogo
el 7 de noviembre. Le suspendieron el turno unas horas antes de salir
para la clínica y desde entonces llama todas las semanas: todavía
no consiguió que le dieran una nueva cita. Le pasó lo mismo
con el urólogo y el reumatólogo. “¿Cuáles
son mis posibilidades?”, preguntó la última vez que
le avisaron que no fuera al consultorio. “Perspectivas siempre hay”,
le contestó una secretaria, “pero por ahora acá sólo
atienden urgencias”.
En los últimos tres meses, en la Defensoría se acumularon
1600 reclamos de este tipo, de gravedad diversa, motivados por la falta
de atención o por la no entrega de medicamentos. Por cada caso
que solucionan, calculan en el ente, hay otros 100 esperando.
Los gremios, como otras veces, adivinan detrás del desfinanciamiento
intenciones privatizadoras. Para los sindicalistas, el PAMI es considerado
el último gran negocio en pie después de las privatizaciones
de la era menemista y aún en crisis sigue siendo el mayor financiador
de servicios médicos del país. Con un mercado cautivo de
cuatro millones de beneficiarios, cada año paga 25 millones de
consultas y 350 transplantes, a la vez que compra medicamentos por 65
millones de dólares.
“Creemos que existe la voluntad de vaciar la obra social, de hacerla
estallar para vencer las resistencias a que se privatice”, dice Margarita
Todesca, de la Asociación de Trabajadores del Estado. “La
intervención de Raúl Pistorio está tomando decisiones
concretas en ese sentido. Mientras las clínicas suspenden sus servicios,
por ejemplo, nuestra Guardia Médica –uno de los escasos sectores
no tercerizados del PAMI– es la única que garantiza a los
jubilados que tengan un lugar donde ir. Sin embargo, ahora quieren reducir
costos achicando el presupuesto del área”. Los temores también
están en sintonía con la vuelta al ruedo de proyectos con
aires de desregulación, privatización e incluso provincialización
del Instituto, que con cada crisis retoman nuevas fuerzas. Las propuestas
que circulan en estos días son dos: la impulsada por el llamado
grupo Bauen –donde revistan los prestadores más fuertes del
sistema, que algunos vinculan con Luis Barrionuevo– que ofrece hacerse
cargo de la deuda de la obra social a cambio de un control más
directo sobre los fondos destinados al PAMI. Un segundo proyecto plantea
la desregulación del sector, en un esquema según el cual
cada jubilado dispondría de su cápita para afiliarse a la
obra social que prefiera.
Como paso previo para que cualquier forma de traspaso a manos privada
fuera verdaderamente rentable, el Instituto debería sacarse de
encima las prestaciones sociales, es decir la asistencia a los jubilados
más desprotegidos a través de alimentos y subsidios. En
los últimos tres años hubo un par de intentos de traspasar
ese paquete a Desarrollo Social, pero las protestas de los beneficiarios
y la oposición de los legisladores que trabajan en el tema de la
tercera edad lo impidió.
En el Congreso, precisamente, se acaba de aprobar una partida de asistencia
especial de 160 millones para socorrer la finanzas del PAMI. La sanción
fue recibida con alivio, pero como hasta ahora es huérfana del
aval de Economía, el auxilio no pudo hacerse efectivo.
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