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Por José
Natanson
 “Gobierna una provincia
chica, pobre y endeudada. Necesita fondos todo el tiempo y eso lo hace
manejable.” Así evaluaba ayer un integrante del entorno presidencial
la elección de Angel Rozas como nuevo jefe del radicalismo.
Con una población que no llega al millón de habitantes,
Chaco tiene una deuda de 1383 millones de pesos, la segunda más
alta después de Buenos Aires. Además, la provincia tiene
embargado el 62 por ciento de la coparticipación. A fines de octubre,
le faltaron 4 millones de pesos para pagar el vencimiento de unos bonos
y entró en cesación de pagos.
Unos días después, Rozas se enteró de que el Gobierno
había auxiliado con decenas de millones de pesos a Buenos Aires
y Córdoba, que también debían abonar unos bonos.
Su enojo fue tal que estuvo a punto de agarrarse a trompadas con Domingo
Cavallo, se fue de la reunión con un portazo e hizo tambalear el
acuerdo entre la Nación y las provincias aliancistas.
“No vamos a cometer el mismo error. Vamos a ayudarlo, pero esperamos
que él nos ayude a nosotros”, asegura un hombre cercano a
De la Rúa. La frase sintetiza el nuevo enfoque de la relación
entre el radicalismo y el Gobierno a partir del cambio de mando en el
Comité Nacional: según confían en la Rosada, los
ánimos belicistas de Rozas quedarán moderados por la vulnerabilidad
del Chaco. “Nos necesita”, concluye el delarruista.
Desde luego, esto no implica que Rozas se convierta en un soldado delarruista.
El hombre tiene sus ideas. Y sus ambiciones. Ayer, por ejemplo, dijo que
De la Rúa “no es un líder natural” y ratificó
su sueño presidencial. “Tengo ambiciones de ser presidente
de la argentinos. No sé cuando, pero estoy convencido de que voy
a ser presidente”, aseguró.
Rozas reemplaza a Raúl Alfonsín, que en diciembre asumirá
como senador. Aunque la influencia partidaria del ex Presidente no desaparecerá,
el hombre deberá trasladar a su despacho del Senado sus insistentes
llamados a la unidad nacional. “Está muy marcado por la híper.
Tiene miedo de que le tiren una nueva crisis por la cabeza. Por eso se
enoja con el Gobierno, amaga, pero nunca se anima del todo. Rozas no tiene
esa necesidad de estar siempre por arriba de todos”, era la definición
de un radical que se cansó de esperar gestos fuertes de Alfonsín.
Curiosamente, en el Gobierno también evaluaban como positivo el
desplazamiento del veterano caudillo. “Va a seguir opinando, pero
al menos ya no es el presidente del partido”, explicaba un funcionario.
La elección también dejó algunas heridas. El acuerdo
al que habían llegado las diferentes líneas internas incluía
a Rozas como presidente y a Juan Manuel Casella –representante de
los sectores críticos de la provincia y la Capital– como vice.
Sin embargo, a último momento un puñado de dirigentes liderados
por Enrique “Coti” Nosiglia presionaron para reemplazar a Casella
por el rionegrino Pablo Verani, el gobernador más cercano a la
Rosada. Hubo corridas y amenazas de ruptura. Finalmente, Alfonsín
se comunicó con De la Rúa, le habló de preservar
la unidad del partido y entre los dos desactivaron la operación.
La fórmula Rozas–Casella expresa, en teoría, la síntesis
de las diferentes tendencias. Aunque eso de que Casella es el representante
de los sectores más díscolos es bastante relativo. Ayer,
por ejemplo, dijo que la UCR es “el partido del gobierno”, que
De la Rúa “es un hombre de ostensible trayectoria radical”
y que “no podemos desembarazarnos del compromiso porque somos parte
de esta etapa política”.
Lo esperable, entonces, es que tanto Rozas como Casella sigan usando la
curiosa fórmula del “apoyo crítico”. Que se diferencien
del Gobierno, pero sin decidirse nunca a romper del todo. Quizás
por eso De la Rúa estuvo inexplicablemente alegre y eufórico
el viernes por la madrugada, en el acto en Costanera. “¿Che,
qué le pasa? ¿Aiello le cambió la medicina?”,
bromeaban los radicales mientras escuchaban el enfervorizado discurso
del Presidente.
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Una fórmula
ambigua
La Convención Nacional del radicalismo exhortó a
“toda la dirigencia” a dejar de lado los intereses particulares
e “intentar una concertación pensando sólo en
los altos intereses de la Nación y de su pueblo”. Además,
convocó a los radicales a “impulsar el cambio que este
Gobierno necesita”. También “repudió la
pretensión de sectores minoritarios del Partido Justicialista
de avasallar la Presidencia Provisional del Senado, en contra del
sistema vigente de funcionamiento de la República”.
Durante el debate hubo críticas al presidente Fernando de
la Rúa y especialmente a la gestión del ministro de
Economía, Domingo Cavallo. Sin embargo, finalmente la Convención
optó por suavizar en las conclusiones el tono de los cuestionamientos
previos. Presidida por su titular, el gobernador de Entre Ríos,
Sergio Montiel, la Convención radical resumió en una
fórmula ambigua su posición respecto del gobierno
nacional. La expresión utilizada fue “apoyo crítico”.
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SE
LEVANTO EL CORTE Y SE GARANTIZARON LOS PLANES TRABAJAR
Gobierno y piqueteros, contentos
Por Romina Calderaro
Y todos contentos. Los piqueteros
de La Matanza porque les garantizaron la continuidad de los planes Trabajar
para el 2002 –y hasta les prometieron ampliar la lista de beneficiarios–
y porque “por primera vez” un funcionario del gobierno aceptó
firmar el convenio en la ruta. Enrique Martínez, secretario de
Empleo, porque “demostramos que el consenso es el mejor camino para
la resolución de los conflictos” y “dejamos constancia
por escrito de que los planes no van a eliminarse, una confusión
cuyo responsable tiene nombre y apellido: Patricia Bullrich”. Después
de seis días de corte de ruta, los desocupados de La Matanza volvieron
a sus casas con la sensación de no haber perdido el tiempo.
“Triunfamos”, dijo Enrique Martínez a Página/12,
y soltó una carcajada. Es que el frepasista sabe que en el actual
contexto político no puede llamarse triunfo al levantamiento de
un piquete en el que se pide la continuidad de los planes Trabajar, pero
a la vez está contento de haber resuelto el conflicto y haberse
convertido en interlocutor válido de los líderes piqueteros.
El lunes, los integrantes de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) decidieron
cortar la Ruta 3 de La Matanza ante la incertidumbre respecto de la continuidad
de los planes Trabajar, cuya eliminación había anunciado
Patricia Bullrich en su fugaz paso por el Ministerio de Seguridad Social.
Y ayer firmaron un acuerdo de seis puntos que refrendaron Martínez,
el ministro de Trabajo bonaerense Aníbal Fernández y el
intendente de La Matanza Alberto Balestrini. Los puntos principales son:
 Se garantiza “la continuidad
de todos los programas nacionales de empleo en la dimensión de
beneficiarios del año en curso”. También puede leerse
que “se procurará la ampliación sustancial de estos
fondos”. Martínez se comprometió a que 30 días
después de la aprobación del Presupuesto, el Gobierno definirá
“un cronograma de incremento de beneficiarios” siempre y cuando
la desocupación se mantenga en dos dígitos, condición
que lamentablemente no parece difícil de cumplir.
El ministerio de comprometió
a “transformar progresivamente” los planes que se aprueben.
La idea es que apunten a reinsertar al desocupado en el mercado de trabajo
“buscando aumentar sustancialmente la proporción de aquellos
que apunten a lograr la generación de trabajo sustentable”.
Las organizaciones de desocupados
reclamaron a los gobiernos nacional y provincial “que se realicen
todas las acciones y gestiones tendientes para lograr la inmediata libertad
de Emilio Alí” a quien consideran “detenido injustamente,
sin sentencia” por reclamar alimentos en un supermercado de Mar de
Plata. Según aseguraron a este diario fuentes que conocen la causa,
Alí podría salir en libertad esta semana.
Al margen del contenido del acuerdo, las partes se mostraron ayer satisfechas
con la forma de negociación. “No tenían interlocutor
para hablar este tipo de cosas y a partir de ahora lo tienen”, dijo
a este diario Martínez, funcionario optimista si los hay. “Hay
varias cosas que me gustaron bastante. La primera, que el convenio se
haya firmado en la ruta. Es la primera vez que nos pasa esto”, se
entusiasmó D’Elía, quien se animó a hablar “un
cambio cualitativo en las relaciones trabajadoresgobierno”. “Ahora
lo que falta es que se cumpla con lo pactado”, advirtió D’Elía.
Cuando se apruebe el Presupuesto del año próximo, él,
los piqueteros y el resto de los funcionarios que firmaron el acuerdo
sabrán si la negociación sirvió para algo.
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