Susana Vior*.
Símbolo de cambio

La reinstalación de la Carpa Blanca significaría que los docentes estarían diciendo al país y al mundo que otro país es necesario y posible. La instalación de la Carpa Blanca marcó un momento de ruptura en la imposición del modelo. Fue centro de referencia para el encuentro y la concertación de las fuerzas opositoras al menem-cavallismo. Mostró a los trabajadores de la educación como creadores y sostenedores de una forma de lucha original, dura, difícil. Mostró en el país y en el mundo la búsqueda de una herramienta reivindicativa que no lesionara los intereses y necesidades educativos de nuestros chicos y jóvenes. Recibió fuertes apoyos nacionales e internacionales, incluidos los principales dirigentes de la Alianza. Hoy sería la muestra de que los docentes no ceden, no desertan del trabajo por una escuela mejor. Sería un acto de dignidad ciudadana, expresión de trabajadores sindicalizados que resisten a la continuidad de las políticas económicas, sociales, laborales, educativas que obedientemente aplicara Menem y ahora aplica De la Rúa. En 1999 los argentinos votamos mayoritariamente una propuesta que ubicaba a la educación, el trabajo y la justicia entre las áreas a las que debía darse un tratamiento político diametralmente opuesto al que se les diera durante la década de gobierno menemista. Había que desandar el sendero neoliberalneoconservador y recuperar nuestras mejores tradiciones democráticas. En el marco de esas propuestas y del compromiso de pago del mal denominado incentivo por parte del gobierno recién asumido, los docentes levantaron la Carpa Blanca. Y digo “mal denominado” porque los docentes no exigieron ni exigen “incentivos”, sino sueldos dignos pagados en tiempo y forma, y cumplimiento de las leyes que regulan su actividad. Justo es reconocer que, desde hace casi tres décadas –desde el nacimiento de la CTERA en 1973–, los reclamos no han sido corporativos, puesto que se han planteado siempre en el marco de la exigencia del mejoramiento de las condiciones para enseñar y aprender en la educación pública. En este momento la repercusión que pueda tener la reimplantación de la Carpa Blanca debe ser analizada en un contexto de inseguridad jurídica y de deterioro inhumano de las condiciones de vida que está dando lugar a un reagrupamiento de las fuerzas populares. En estas condiciones, la Carpa Blanca puede constituirse en el espacio para la recuperación de la capacidad de resistencia al modelo y de la capacidad de construir un sistema educativo democrático que contribuya a la democratización de la sociedad ¿Puede un gobierno tan debilitado enfrentar este reclamo? ¿Se puede permitir este nuevo deterioro de su imagen en el exterior, un gobierno “tan preocupado” por esa imagen?

* Directora de la Maestría en Política y Gestión de la Educación,
Universidad Nacional de Luján.

Emilio Tenti Fanfani *.
La carpa blanca, bis

Otra vez Cavallo, otra vez la Carpa (¿otra vez Menem?). ¿Por qué la Argentina no camina hacia delante? ¿Será el paso atrás que anticipa los “dos adelante” o bien se trata del liso y llano “progreso de la decadencia nacional”? En cualquier momento el deslizamiento por el tobogán puede convertirse en caída libre y fatal. ¿Será que la situación nacional (involución productiva, desempleo, empobrecimiento, crisis de la política y las instituciones públicas, violencia social, desesperanza, angustia, etc.) alienta políticas regresivas, restauradoras y reaccionarias?
Si en la República había una institución sagrada, esa era la escuela pública. Pero todo parece indicar que nada ni nadie se salva de la destrucción de lo público. Si han sido minadas instituciones básicas de la vida civilizada como la división de poderes y los poderes mismos (legislativo, judicial, ejecutivo), ¿por qué se iba salvar la educación pública? Porque de eso se trata. La reinstalación de la Carpa denuncia la precariedad de la escuela pública (tanto de gestión privada como de gestión estatal), porque las privadas-privadas, donde se forman los hijos de las capas privilegiadas, están al abrigo de la crisis general de los bienes públicos. Uno se pregunta dónde está el límite de la decadencia argentina. ¿Cómo podremos vivir juntos sin un proyecto de inclusión y sin la reconstrucción de lo público? ¿Podremos realizar una sociedad más rica, más justa y más libre sin garantías de una distribución equitativa de ese bien cada día más preciado que es el conocimiento? Porque el colapso de la escuela pública pone en peligro lo esencial: la construcción de una identidad y de una sociedad nacional constituida por ciudadanos. Y que no se diga que dramatizamos: la realidad misma es cada día más dramática. No se trata de echar más leña al fuego. Todo lo contrario: la conciencia de lo que está en juego debería provocar un desarme de todos los dogmatismos y esquematismos que todavía hoy caracterizan las posiciones y estrategias de la mayoría de los actores colectivos que intervienen en el campo de la política educativa: partidos, sindicatos, organizaciones empresariales, intelectuales, etc. Hay que poner un límite al poder ajustador: ciertas cosas deben volver a ser “sagradas”: la vida, la salud y la educación pública de los argentinos no se deben ajustar, sino fortalecer y racionalizar. Esta debe ser la plataforma mínima del necesario acuerdo social y político para el renacimiento nacional. Si la tijera del poder ajustador sigue cortando lo esencial, el sufrimiento social llegará a límites intolerables, y entonces sí, el precio será exorbitante y lo pagaremos todos.

* Sociólogo especialista en educación.

SILVIA Y. LLOMOVATTE *.
La deuda del Estado, las deserciones del Estado

La cuestión docente en Argentina, y en particular las condiciones de trabajo docente, está empeorando, aunque algunas jurisdicciones se hayan esforzado por implementar, en el mejor de los casos, innovaciones parciales o simplemente paliativos a la crisis. El trabajo docente sufrió por un lado los daños provocados por la deserción del Estado respecto a las políticas públicas y por la aplicación acrítica de medidas y programas “transformadores” predicados, financiados y monitoreados por los bancos internacionales y, por el otro, los embates del modelo económico que ha precarizado las condiciones de vida y empleo de todos los trabajadores hasta límites siempre factibles de empeorar.
Como esto es sabido por todos, en especial por los responsables directos de esta situación en esta gestión del país y en la anterior, sorprende la aparente y falaz sorpresa de quienes desde el gobierno y otros sectores amonestaron a los docentes por negarse a participar en el Censo 2001 como consecuencia del incumplimiento contractual reiterado del Gobierno. En esa situación, hicieron uso de su poder sindical, golpeado pero no abatido, diciendo “NO” a la explotación de uno de los rasgos históricos más potentes del sistema educativo: la presencia de la escuela pública en todos los rincones del país. Conviene recordar en este punto que la deuda del Estado con los docentes es solamente una cara de la deuda con la educación de los sectores más pobres, que crece y se agrava cuando las condiciones socioeconómicas que nos llevaron a esta profunda crisis aumentan la marginación estructural y producen cantidades crecientes de chicos y chicas expulsados del sistema educativo o, en los casos de los que asisten a escuelas en zonas pauperizadas, recibiendo educación en circuitos de inferior calidad.
En este contexto resultan irónicos algunos discursos educativos donde se pregonan lugares comunes como “el analfabeto del siglo XXI será el analfabeto tecnológico” o “educación para entrar en la sociedad del conocimiento” en los que o no se recuerda, o se escamotea, parte del discurso pertinente. En efecto, los países del sur de Europa como España y Portugal, que han entrado más recientemenete a esta etapa (que no es la panacea final para la desigualdad social, dicho sea de paso), lo hicieron sobre la base de un incremento sustancial de sus presupuestos educativos y, muy en especial, apelando al dispositivo de jerarquizar el trabajo docente, tanto desde la capacitación continua y seria como desde la mejora sustancial de las condiciones salariales de los docentes. Frente a la inquietud creada en círculos oficiales por la posibilidad de que los docentes decidan reinstalar la Carpa Blanca u otras medidas de fuerza, sería bueno recordar estas ramificaciones de la cuestión para las que no existe una respuesta directa. A menos que se cambie el modelo desde donde se mira lo educativo.

* Profesora e investigadora en Sociología de la Educación,
Facultad de Filosofía y Letras, UBA.