|
Por Cledis Candelaresi
 Este fin de año Aeropuertos Argentina 2000 habrá acumulado obligaciones incumplidas con el Estado por más de 700 millones de dólares, mitad por inversiones que nunca hizo, mitad por el canon que dejó de pagar. Nadie debe pensar que esta extraordinaria suma, muy superior a la que llevó a concurso al Correo de Macri, por ejemplo, sea desembolsada por Eduardo Eurnekian. Es que los reclamos que antepone el empresario contra el poder concedente y la voluntad del Gobierno de �readecuar el contrato� prometen licuar las obligaciones.
La historia es repetida. Después de la de Aerolíneas Argentinas y de la del correo, la concesión de las principales estaciones aéreas del país se sumará al rosario de fracasos de las privatizaciones menemistas, que otorgaron a los adjudicatarios condiciones excesivamente ventajosas o admitieron ofertas dudosas por su generosidad. El mismo día de febrero de 1998 en que Eurnekian consiguió arrebatarle el negocio a los otros oferentes postulando un canon de 171 millones de dólares anuales para explotar los principales aeropuertos del país, quedó claro que la apuesta sería renegociar el contrato para rebajar la contribución. La recesión y la crisis de las aerolíneas reforzó la hipótesis.
A junio pasado, Aeropuertos debía 240 millones por canon impago, incluidos los punitorios por mora. En diciembre, la obligación será reforzada por otra cuota semestral de 85 millones que la empresa no tiene ninguna intención de pagar. Por el contrario: Eurnekian acudió al auxilio del abogado Roberto Dromi para exigir al Estado un resarcimiento de casi 300 millones de dólares por diversos conceptos, entre ellos, por haber tenido que ejecutar obras no previstas originalmente.
Pero la empresa no cumplió con el plan de inversiones que sí estaban previstas en 580 millones de dólares al final del primer trienio. En febrero pasado se habrían cumplido los tres años, pero por una permisiva interpretación del Orsna el plazo se cumpliría recién a fines del mes próximo. Aún así, AA2000 estará en falta: el propio concesionario habría detallado al gobierno una ejecución de inversiones por 240 millones a junio pasado, con lo cual, su incumplimiento asciende a más de 300 millones. El ente de control despachó las correspondientes intimaciones por el canon no pago, aunque se trató de un gesto con escaso impacto real. Su titular, Eduardo Sguiglia, interpreta que la eventual rescisión no es competencia suya sino del �poder concedente�, el ministerio de Infraestructura o la Jefatura de Gabinete.
El funcionario quedó en una situación molesta y no sólo por su condición de frepasista. No habría tenido participación en el acuerdo firmado con Aeropuertos para modificar el contrato y al mismo tiempo fue demandado en nombre de una asociación de usuarios por la diputada y azafata Alicia Castro. La denuncia lo hace penalmente responsable por haber dilatado la fecha del trienio en el que debía evaluarse el plan de obras del adjudicatario. La misma demanda reclama a la Justica bloquear cualquier revisión contractual hasta que una audiencia pública se expida sobre el tema. El juez en lo contencioso administrativo Sergio Fernández dictó sobre esta base una cautelar que dejó sin efecto un documento firmado por Infraestructura y AA2000 para iniciar la redacción de un nuevo contrato.
Términos del arreglo
El 9 de agosto el ministro de Infraestructura, Carlos Bastos, y Julio Ernesto Gutiérrez, en representación de Aeropuertos Argentina 2000, firmaron un acta para �readecuar� el contrato de concesión. El documento, suspendido por la Justicia hace días, consagra los principios para celebrar un nuevo acuerdo sobre la base de que los reclamos pendientes serán resueltos por un árbitro. Esto permitiría dilatar los compromisos asumidos por el consorcio que Eurnekian integra junto a la norteamericana Ogden y la italiana SEA.
El acta surgió después de que una comisión especial del Gobierno evaluara los millonarios reclamos cruzados. Bastos firmó, aunque condicionando este acta compromiso a un expreso aval de la Sindicatura General de la Nación y la Procuración del Tesoro, a cargo de Ernesto Marcer. Sigen entendió que no tenía potestades para intervenir en el tema, mientras que la cautelar dictada por la Justicia llegó antes que el dictamen del procurador.
Este apoyo de otros entes oficiales no fue el único resguardo que intentó Infraestructura. Los considerandos aclaran reiteradamente que �no implica de modo alguno una renegociación contractual con el concesionario�, sino una �readecuación� fundada �exclusivamente en el interés público�. Con ese afán se decidió:
 Que los reclamos de las partes (los del canon) serán sometidos a un tribunal arbitral de derecho, el cual se determinará por las partes entre el tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones y la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional. El tribunal estará integrado pro tres árbitros nombrados por cada parte y otro conforme al reglamento de la institución que intervenga.
�Se evaluará una baja de las tasas aeroportuarias� considerando que sean suficientes para el desenvolvimiento de la concesión y permitan recuperar los costos de la operación y cubrir inversiones futuras.
El canon futuro se fijaría en función de otro criterio no precisado, pero que según el anhelo del gobierno estaría relacionado a los ingresos del concesionario y dejaría de ser una suma fija. Se confiere al órgano regulador la responsabilidad de evaluar qué impacto tuvo en el canon el menor ingreso de AA y sus mayores costos operativos, argumentos con los que Eurnekian presiona a la baja.
No habría más planes de inversión obligatorios, medidos por unidades físicas o montos fijos. Por el contrario, el concesionario debería ir adecuando las características de cada aeropuerto a ciertos estándares ligados a la calidad del servicio.
Si al finalizar 2001 la Nación y la Ciudad no hubieren llegado a un acuerdo por el futuro del aeroparque Jorge Newbery, quedaría en pie la propuesta del concesionario de trasladar a Ezeiza los vuelos de cabotaje. |
|
