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Por Raúl Kollmann
 En el Ministerio de Desarrollo Social hay dos secretarías llamadas Desarrollo Social y Política Social. Además existe una Subsecretaría de Promoción Social. Según los informes del Gobierno, las dos secretarías y la subsecretaría se ocupan básicamente de lo mismo. Eso no es todo. El Presidente creó también el Ministerio de Seguridad Social en el que iba a funcionar la Agencia Social. Ahí está prevista la conformación de dos subsecretarías: una de Gestión Social y la otra de Acción Social. Todo esto teniendo en cuenta que el 70 por ciento del gasto social es distribuido por las provincias, no por la Nación. Superposiciones y derroches como éstos se ven en distintas áreas, llegando en algunos casos a situaciones insólitas. No se trata de despedir estatales, que en proporción son menos que en Chile o en Brasil. La cuestión es usar las fuerzas con alguna lógica.
Los estudios sobre las increíbles torpezas de la administración fueron hechos por la Secretaría de Modernización del Estado, que hasta la semana pasada conducía Marcos Makón. El funcionario renunció tras enterarse por los diarios de la creación de nuevos ministerios por parte del Presidente. El ejemplo del gasto social es sólo uno entre tantos. Pese a la cantidad de secretarías y subsecretarías que portan el nombre Social, la realidad es que casi toda la distribución de subsidios y la ejecución de planes está descentralizada. La Nación sólo entrega el equivalente de 300 millones de pesos por año a los necesitados. Sin embargo, tiene 900 empleados y 2 mil contratados, una cifra inexplicable.
Para redondear la irracionalidad hay que agregar que los ministerios de Trabajo, Educación e Interior también manejan planes sociales. Se da el caso insólito de que Desarrollo Social le da a una familia un plan alimentario, Trabajo un plan Trabajar, Educación una beca y la Anses una asignación familiar por hijo en edad de estudiar.
En el área seguridad hay otra situación que no tiene asidero. En la ciudad de Corrientes, por ejemplo, están las siguientes fuerzas:
 Hay un escuadrón de la Gendarmería.
La Agrupación Corrientes, también de la Gendarmería.
La Prefectura de Zona Alto Paraná.
La Prefectura del Puerto de Corrientes.
La Policía Aeronáutica Nacional.
La Delegación Corrientes de la Policía Federal.
La Policía Provincial de Corrientes.
Pero lo más insólito es que a dos kilómetros queda Resistencia, Chaco, donde se repite la mayoría de los destacamentos y fuerzas. Para colmo, la conexión entre esas unidades es casi cero: buena parte se encuentra a una o dos cuadras de distancia y ni siquiera tienen el teléfono el uno del otro. Ese esquema de seguridad se repite en decenas de ciudades y en las fronterizas hay que sumarles que también está Migraciones y la Aduana. Es obvio que el control de aeropuertos, puertos o rutas, o la entrega de los documentos lo pueden hacer las policías provinciales, no las fuerzas nacionales.
El PAMI, que depende del Ministerio de Salud, es el organismo que se ocupa de asistir a los ancianos. Sin embargo, también hay una Secretaría de la Tercera Edad, que estaba en Desarrollo Social y ahora pasó a Seguridad Social, y que fue creada por Carlos Menem para que se instalara allí Víctor Alderete.
Hay 58 organismos descentralizados que emplean a 322 directores. Se eliminaron sólo 12 de esos directorios y hay que recordar que cada director gana unos 6 mil pesos. En algunos de esos organismos, como el INTI y el Senasa, hay directores que representan a las entidades privadas, pero igualmente el sueldo lo paga el Estado. En el Ministerio de Educación se transfirieron todas las escuelas a las provincias. Sin embargo, la cantidad de empleados se mantuvo, pese a que el Ministerio ahora sólo se dedica a diseñar políticas educativas.
Todas estas irracionalidades eran las que estaba estudiando Makón y para las que ya había empezado a presentar planes. Lo que hay detrás, en verdad, es un gasto que termina en el clientelismo político: se diseñan cargos para que los ocupe un acomodado y haga caja para el referente partidario que lo ubicó allí. Esto es lo contrario de un Estado fuerte y eficiente que pueda actuar sobre la realidad social argentina.
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