Por Claudio Scaletta

Argentina es un país con un ingreso por persona que ronda los 8000 mil dólares anuales. Según el Indec, las necesidades mínimas de un habitante para vivir en cualquier centro urbano del país son de 2640 dólares por año. Esto significa que Argentina genera más riqueza que la necesaria para abastecer a su población de los recursos esenciales. Sin embargo, en su territorio hay 14 millones de personas por debajo de la línea de pobreza. El problema de Argentina, entonces, es principalmente de distribución del ingreso. Esta realidad animó al Frente Nacional contra la Pobreza a convocar a una consulta popular para el 13, 14 y 15 de diciembre con el objeto de apoyar la implementación de un seguro de empleo y formación de 380 pesos para todos los jefes de hogar desocupados, una asignación universal por hijo de 60 pesos y una asignación universal de 150 pesos para personas en edad jubilatoria que no cuentan con cobertura previsional. La propuesta económica que respalda la viabilidad de la propuesta fue presentada ayer en el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos.
Claudio Lozano, integrante del equipo de economistas del Frente y director del Idep-CTA, consideró que el problema de Argentina no es la “opción falaz entre recesión o crecimiento. Argentina ya creció en la década pasada y acumuló desequilibrios en materia de vulnerabilidad, endeudamiento externo, desindustrialización, pauperización social y expansión del desempleo”. Por ello, Lozano señaló cuatro razones para situar el problema de la redistribución del ingreso en el centro del debate económico social:
1. Porque aumentar el ingreso de la población excluida del consumo es garantizar un horizonte de crecimiento de la demanda efectiva.
2. Porque en un país donde el 56 por ciento de la población menor de 18 años vive por debajo de la línea de pobreza, no es posible avanzar hacia mayores niveles de productividad y competitividad. Antes bien, “la productividad de largo plazo es lesionada por la caída de los niveles de vida, máxime en un esquema internacional donde el aumento de la productividad depende de la capacidad de recrear fuerza de trabajo con creciente niveles de capacitación”.
3. Porque, al implicar un cambio cualitativo en el esquema fiscal, se convierte en “la clave de la organización de una estrategia económica diferente” que “supone alterar el comportamiento del sector público” al “plantar una ecuación fiscal distinta y de carácter progresivo”. Y si este Estado no tiene recursos para estas medidas se debe a que “es parte del régimen de redistribución regresiva que caracteriza a la Argentina actual”.
4. Porque supone “eliminar la posibilidad de apropiarse fácilmente de rentas mediante comportamientos empresarios especulativos centrados en la sobreexplotación de la fuerza laboral y en la apropiación de rentas monopólicas y naturales”. En contrapartida “privilegia la posibilidad de que el sector empresario crezca en base a estrategias de innovación productiva y rentas tecnológicas”.
Por ello, Lozano destacó que antes de crecer hay que plantearse para quien se crece. Una alternativa que demanda un “shock redistributivo” centrado en dos contenidos fundamentales: a) la intervención sobre el mercado de trabajo y b) el abandono de las políticas sociales “que discriminan al interior de los pobres”.
“El mercado de trabajo actual, con más de 2 millones de personas en situación de desempleo abierto, funciona sin piso, es decir, en Argentina se trabaja por lo que se pague”. Y en tanto no exista piso, “no sólo no hay salario mínimo sino que tampoco hay condiciones para regular el empleo clandestino o la sobrejornada laboral impaga”, explicó Lozano. Por ello, la introducción del Seguro de Empleo y Formación de 380 pesos equivale a la fijación de un piso. Por otra parte, el economista de la CTA señaló que en las políticas sociales se siguen las propuestas de los organismos internacionales “dirigidas a focalizar la asistencia sobre los más pobre de los pobres”, política que se traduce en “un proceso donde la tarea de la política social es identificar al más postergado”. Tal proceso no es sólo ineficaz, sino que abre las puertas al clientelismo. Para el director del Idep, antes que “focalizar sobre los pobres”, se debe “apretar sobre la capacidad contributiva de los más ricos” y con ello financiar las “estrategias de política social de carácter universal”.
En este marco, las propuestas son: una asignación universal por hijo de hasta 18 años de 60 pesos –entre cuyos beneficiarios deben contarse también los desocupados y los trabajadores “en negro”– y una asignación de 150 pesos para toda persona mayor a 65 años sin cobertura previsional, situación en la que se encuentran alrededor de 900 mil personas.
Al momento de considerar el origen de los recursos necesarios para financiar los tres instrumentos propuestos, cuya magnitud involucra apenas el 4 por ciento del PIB (ver aparte), Lozano identificó cuatro fuentes de recursos:
Por vía del impacto en términos de incremento del consumo, del nivel de actividad económica y de recaudación tributaria asociada al cambio cualitativo en el funcionamiento de la economía.
Por reasignación de los planes sociales vigentes, “que suponen 6000 millones de un gasto totalmente anarquizado”.
Por la reestatización de la seguridad social. “El sistema de AFJP, además de provocar un agujero de aproximadamente 4300 millones de dólares, plantea la posibilidad de que a futuro haya 7 millones de argentinos que no puedan jubilarse.
Por una reforma tributaria que apunte a los tributos vinculados con “la captura de rentas, Ganancias, con Patrimonio, y con consumo superior. A su vez, deben restituirse las contribuciones patronales, sobre todo sobre aquellos sectores que no están sujetos a competencia internacional y a los grandes contribuyentes en cada una de esas áreas”.
“Lo que planteamos supone un mecanismo que altera el funcionamiento de la economía y que nos permite garantizar que ningún hogar siga en situación de pobreza, que es el objetivo que anima y mueve nuestra propuesta”, concluyó Lozano.

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