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 La Secretaría de Inteligencia
del Estado (SIDE) sancionó a tres de sus altos funcionarios que
condujeron la investigación del atentado a la AMIA durante la gestión
de Hugo Anzorreguy por haber borrado los datos de la agenda del principal
acusado en el juicio por la conexión local, el reducidor de autos
Carlos Telleldín. Sin embargo, ese sumario interno descartó
las dos principales acusaciones que pesan sobre los agentes que intervinieron
en el caso: que la SIDE haya pagado 400 mil pesos a Telleldín a
cambio de su confesión incriminatoria de los policías bonaerenses
y que toda la investigación de la central de inteligencia sobre
el atentado fue un armado para tapar que sus espías tenían
en la mira a los terroristas y éstos actuaron sin obstáculos.
Dos de los sancionados son el ex jefe de Contrainteligencia Jorge Lucas
Casado y el ex jefe de la denominada Sala Patria Patricio Pfenning.
Apenas asumió la actual conducción de la central decidió
realizar un sumario interno para investigar todo lo realizado por sus
agentes en la causa AMIA. La mayoría de esas irregularidades fueron
denunciadas el año pasado por Claudio Lifschitz, ex prosecretario
del juez Juan José Galeano, y por la agrupación de familiares
críticos Memoria Activa, y son investigadas penalmente por el juez
Claudio Bonadío. Las sanciones se resolvieron como conclusión
del trabajo que estuvo a cargo del abogado Santiago Vila y un grupo de
expertos de la división Asuntos Internos, y fue remitido al Tribunal
Oral Federal 3 que está llevando a cabo el juicio oral por la conexión
local del atentado. Los jueces Gerardo Larrambebere, Miguel Pons y Guillermo
Gordo recibieron los siete cuerpos de investigación y 18 sobres
con documentos, con un expreso pedido de la SIDE para mantener el contenido
en secreto, por lo cual las partes involucradas en el juicio no podrán
acceder a ese material. Para analizar esa documentación dispusieron
suspender las audiencias del juicio de la semana próxima, mientras
que ayer continuaron escuchando a sobrevivientes del ataque que el 18
de julio de 1994 dejó 85 muertos.
De los interrogatorios realizados en el sumario interno ordenado por el
jefe de la SIDE Carlos Becerra no habría surgido el pago de 400
mil pesos a Telleldín a cambio de una confesión en la que
involucró a policías bonaerenses en 1996, según confirmó
a Página/12 una fuente del caso. Por otra parte, según Télam,
la SIDE promoverá una denuncia penal contra Lifschitz por divulgar
informes reservados y por haberse llevado documentos reservados de la
central de inteligencia.
Sobre la pérdida de 66 casetes de escuchas telefónicas con
conversaciones desde y hacia la casa de Telleldín en Villa Ballester,
los agentes aseguraron que en ese entonces había una disposición
que ordenaba el “reciclado” de todas las cintas y adjuntaron
esta circular al sumario enviado al Tribunal. Pero para lo que no hubo
respuesta y sí sanciones es por el borrado de agendas electrónicas
de Telleldín, a una de las cuales, incluso, se le sacó la
pila.
Los sancionados ocuparon altos cargos en las áreas de Contrainteligencia
y Sala Patria, pero sólo trascendieron los nombres de Casado y
Pfenning. El primero ya no reviste entre los espías pero fue hombre
de máxima confianza de Anzorreguy y estuvo a cargo de la investigación
sobre el atentado a la AMIA. La Sala Patria se formó después
del ataque. Pfenning fue delegado en Israel y a su regreso lo colocaron
en las pesquisas de la AMIA, como nexo con la Mossad, el servicio secreto
israelí.
Ambos están citados como testigos y se espera una respuesta del
secretario Becerra a un pedido del Tribunal para que se los exima del
secreto profesional, como al resto de los 11 agentes convocados. Uno de
los acusados como “partícipe necesario” del atentado,
el ex comisario Juan José Ribelli, acusó al agente Alejandro
Brousson de haber negociado el pago de 400 mil dólares al reducidor
de autos Carlos Telleldín a cambio de la confesión que lo
involucró. Brousson participó de la detención deTelleldín
después del atentado, junto a Jaime Stiusso, otro de los espías
citados.
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La seguridad de la
AMIA
Los testigos que declararon ayer en el juicio oral coincidieron
en que las condiciones de seguridad de la AMIA no eran escasas.
De los relatos surgió que a la mutual judía ingresaban
muebles, trabajos de herrería y de yeso y todo era revisado
en forma minuciosa. Las bolsas de yeso y los caños destinados
a las refacciones que se estaban realizando en el edificio eran
revisados con un detector de metales. Los sobrevivientes evocaron
sus recuerdos durante la audiencia, y rememoraron lo que hicieron
tras salir de los escombros. José Millán, quien poco
antes de la explosión instaló un termotanque en Pasteur
633, dio lugar a versiones sobre un escape de gas como origen de
la voladura. José Longo, un albañil italiano de 74
años, iba por primera vez a la AMIA para tratar de conseguir
trabajo, convocado por el intendente Aaron Edry. “Bajé
al sótano con un arquitecto y ahí fue la explosión;
me sacaron afuera por un agujero. Miré asombrado, y preguntando,
preguntando, me fui a mi casa”. Tras la explosión el
anciano se quedó en el sótano. “Me quedé
ahí como un tonto, solo; el arquitecto desapareció,
se fue solo, y después una persona me llamó por mi
nombre”. Para la fiscalía este testimonio demuestra
que es imposible que los explosivos hayan estado en el sótano,
como sugiere parte de la defensa. Hoy declaran Edry y el arquitecto
Weizman.
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JUICIO
ORAL Y PUBLICO AL AUTOR DEL SANTIAGUEÑAZO
Perseguido por investigar
Por
Irina Hauser
“Ninguno de
los políticos corruptos que el pueblo condenó con el Santiagueñazo
está preso. El único que está por ser procesado es
quien escribió para contar esta historia, con una profunda vocación
de verdad.” Raúl Dargoltz, quien habla, no imaginaba que el
afán de persecución y censura enquistado en su provincia,
Santiago del Estero, lo perseguiría sin pausa a todas partes. El
10 de diciembre será juzgado por calumnias e injurias en Buenos
Aires, por el relato que hizo como historiador de una de las manifestaciones
colectivas más intensas que tuvo la Argentina. Más de cien
intelectuales de América Latina, Europa y Norteamérica dirigieron
una carta abierta al presidente Fernando de la Rúa en la que exigen
“el sobreseimiento de este juicio político que conculca las
libertades de cátedra e investigación, de imprenta y expresión”.
Dargoltz, 56 años, pide perdón por interrumpir la conversación.
Tiene que ir a dar clase a la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales
de la Universidad de Santiago del Estero, donde enseña –entre
otras materias– Historia Social Regional. Está convencido,
suele explicar, que el Santiagueñazo ocurrió “en un
contexto de destrucción de economías regionales, seguido
a los pocos días por los sucesos de Chiapas, no fue un hecho aislado
como decían Carlos Menem y Domingo Cavallo”.
Su acusador es Miguel Brevetta Rodríguez, ex secretario de Comunicación
y Medios del gobierno provincial de Carlos Mujica. Era uno de los hombres
más influyentes y de confianza de aquel mandatario, cuya gestión
duró hasta fines de octubre de 1993.
En el premiado libro El santiagueñazo. Gestación y Crónica
de una pueblada argentina, Dargoltz –también investigador
del Conicet– relata la rebelión del 16 de diciembre de aquel
año, un estallido social contra el ajuste. Cuenta cómo se
incendiaron, quemaron y saquearon los edificios de los tres poderes públicos:
la Casa de Gobierno, el Palacio Legislativo y los Tribunales, además
de las casas de funcionarios y políticos que el pueblo acusaba
de corruptos, entre ellos el actual gobernador Carlos Juárez.
Parte de la crónica describe el saqueo a la vivienda de Brevetta
Rodríguez: la gente llevándose cajones de champán
y hasta un adminículo sexual. Ese fue uno de los puntos que al
parecer más enojó al acusador. Además de que el autor
lo compara con Rasputín, en su rol junto a Mujica.
Como dramaturgo, Dargoltz llevó su relato del Santiagueñazo
al teatro. Buena parte de sus obras teatrales retratan la historia del
caudillismo y el clientelismo imperantes en Santiago del Estero. En La
historia sagrada jamás contada, por ejemplo, vincula relatos bíblicos
con la provincia. El segundo diluvio universal, que se verá esta
semana en el Teatro Nacional Cervantes, incluye críticas a la corrupción
en tierra santiagueña.
Académicos, profesores, escritores e investigadores del mundo calificaron
al enjuiciamiento a historiador argentino como un “juicio político”
que “conculca las libertades de cátedra e investigación
que definen la autonomía de las instituciones universitarias y
de sus profesores e investigadores” y que amenaza “las libertades
de imprenta y expresión que definen la existencia misma de la democracia”.
En esos términos alertaron al Presidente y al ministro de Justicia
Jorge De la Rúa.
“Me siento fortificado por esta respuesta”, dijo Dargoltz. Su
caso puede leerse, sostiene, como una amenaza para quienes “escriben
historia reciente” y que en Argentina ya tiene antecedentes como
el fallo de la Corte Suprema que condenó al periodista Eduardo
Kimel por injurias, por sacar a la luz en su libro La masacre de San Patricio
la historia del asesinato de los curas palotinos por comandos de la dictadura
militar.
LA
DETENCION DEL REPRESOR CAVALLO
Un premio a José Vales
El periodista argentino
José Vales fue distinguido en los Estados Unidos por el Consorcio
Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) por la investigación
publicada en agosto de 2000 en el diario mexicano Reforma, en la que desenmascaró
al represor Ricardo Miguel Cavallo.
El ex miembro del grupo de tareas de la Escuela de Mecánica de
la Armada fue arrestado en Cancún e intenta demorar su extradición
a Madrid, pero el recurso de amparo que presentó con ese fin, podría
resolverse a mediados de diciembre. Un juez mexicano y el gobierno de
ese país ya se expidieron a favor de que Cavallo sea juzgado en
España.
El premio otorgado a Vales es el primero que esa organización,
creada en setiembre de 1997, da a una investigación periodística
de habla hispana. El trabajo de Vales ya fue galardonado con el premio
Ortega y Gasset del diario El País, de Madrid, en marzo de 2001.
Antes de la publicación de la nota de “Reforma” el represor
se desempeñaba en México como titular del Registro Nacional
de Vehículos. Luego de que su pasado saliera a la luz, intentó
negar su identidad pero fue detenido en el aeropuerto de Cancún,
mientras intentaba huir hacia Argentina.
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