Por Laura Vales

De golpe, todos los días aparece un nuevo problema. A un cura que participa en los piquetes le entran a la Iglesia y le rompen la cabeza de un fierrazo. Después un grupo de desocupados que reclama en la plaza de San Justo recibe la inesperada visita de un juez; el magistrado intenta convencerlos de denunciar a otro sector piquetero. Cuando el tema se aclara, se llevan detenido al hijo de uno de los dirigentes de los cortes de ruta; el adolescente es acusado de tener un cigarrillo de marihuana en un recital de rock. Y ayer, otra sorpresa; la policía bonaerense hace un allanamiento en un barrio en busca de una banda de ladrones, pero de paso voltea las casas de nueve desocupados; todos habían participado del último corte de rutas. Les bajan la puerta a patadas, rompen muebles y ventanas, se los llevan detenidos por averiguación de antecedentes, finalmente los sueltan.
Para los desocupados de La Matanza en esta sucesión de episodios no hay casualidad. El lunes habían llamado a una conferencia de prensa para denunciar que estaban sufriendo intimidaciones, pero ayer directamente vincularon las detenciones a una campaña para quitarle a la gente las ganas de reclamar.
“Se llevaron a compañeros que están con nosotros en los cortes de ruta, a los que les destruyeron sus cosas y les hicieron pasar un momento terrible”, dijo el titular de los desocupados de la Corriente Clasista y Combativa Juan Carlos Alderete. “Para nosotros esto es parte de una persecución”.
En el operativo policial de ayer hubo 35 detenidos. El reclamo de los piqueteros se refiere a nueve de esos 35; ocho ya recuperaron la libertad mientras que uno quedó preso.
La razzia, según todo lo indica, tuvo sustento legal ya que fue habilitada por dos jueces de garantías a pedido de dos fiscales que investigan delitos concretos. Lo que sospechan los dirigentes de los desocupados es que alguien pudo incluir entre los sospechosos a personas que no tenían nada que ver con el caso con el fin de amedrentarlos.
Las detenciones ocurrieron a las 6 y media de la mañana en el barrio María Elena, el asentamiento donde vive Alderete y que en La Matanza todos identifican como la zona más fuerte de las CCC. Según contó el abogado José Rocha, antes de entrar los efectivos cercaron el barrio para ingresar después con un gran despliegue de carros de asalto, patrulleros, personal uniformado y otros de civil.
“Voltearon puertas y ventanas a patadas; por lo menos uno de los que fueron detenidos manifestó que había sido golpeado y contó que le hicieron firmar papeles mientras le pegaban en las costillas”, describió Rocha. Los nueve desocupados desconocen si existió una orden de allanamiento porque nadie se las mostró ni les dejó copia. Los trasladaron a la comisaría 19 de La Matanza y por la tarde, a medida que se constataba que no tenían antecedentes, fueron recuperando la libertad. Uno de ellos quedó detenido por tener debajo de la cama “un arma de uso civil”.
El titular de la Federación de Tierra y Vivienda Luis D`Elía denunció que detrás de la seguidilla de malos tratos que están viviendo los desocupados de La Matanza se mueven los servicios de inteligencia.
“Para nosotros es una serie de hechos al mejor estilo de la dictadura militar y no nos caben dudas que los servicios están actuando con el fin de amedrentarnos”, remarcó D`Elía, quien también responsabilizó por la seguridad de su gente al Ministerio del Interior.
En el Ministerio de Seguridad bonaerense rechazaron las acusaciones de persecución política y remarcaron que el operativo fue ordenado por la Justicia con todas las garantías legales. También informaron que en los casos que originaron los allanamientos se investiga un intento de robo sufrido por un policía de la Federal, durante el cual fue baleado en el cuello, y una segunda denuncia por asociación ilícita. “No hay ninguna clase de persecución”, señaló el vocero del Ministerio. “Nadie ha impulsado ninguna represalia contra quienes expresan su descontento ante la situación social. Todo respondió a la orden de la Justicia, quedaron detenidos aquellas personas contra las que hay pruebas y los que no ya recuperaron la libertad”.

LOS JUBILADOS SIGUEN SIN ATENCION MEDICA
Atrincherados por el PAMI

El interventor del PAMI, Raúl Pistorio, admitió ayer que la deuda que acumula la obra social de los jubilados es de 1800 millones de pesos, de los cuales unos 650 millones son exigibles a la fecha aunque aclaró que por ahora no hay recursos para afrontar su pago. Por la tarde, Pistorio recibió a un grupo de legisladores, concejales, jubilados y empleados del PAMI que tomaron pacíficamente la sede central del Instituto para reclamarle al Ministerio de Economía que envíe los fondos ya aprobados por el Congreso. Los diputados que participaron de esa reunión estaban al cierre de esta edición apoltronados en sus bancas esperando “que el gobierno comience a cumplir con el pago de los 160 millones de pesos que votó el Congreso nacional para pagar las deudas antes de fin de año”.
El PAMI no está prestando sus servicios con normalidad y esa situación ya tuvo consecuencias trágicas. La muerte de Sergio Martínez Yofre, un chico de 11 años con problemas neurológicos al que la obra social no estaba atendiendo desde hacía tiempo –y que murió con un cuadro hepático y de deshidratación– puso blanco sobre negro una situación que vienen sufriendo desde hace tiempo los jubilados por el pésimo funcionamiento del PAMI. Pistorio lamentó ayer la muerte del chico, pero intentó defenderse al argumentar que “el chico era beneficiario a través de una pensión graciable que recibía su padre y en su momento se ve que el señor dejó de percibirla”. Aclaró también que el chico fue atendido luego en la Casa Cuna, aunque evidentemente no pudieron salvarlo.
Pistorio aseguró que “estamos previendo alguna forma de reingeniería de la deuda, de modo de hacer previsible los pagos a partir del año próximo y garantizar la normal prestación de los servicios”, pero lo cierto es que admitió que por el momento la plata no está. Habló, eso sí, de su “esperanza” de que se incremente la recaudación global de impuestos a partir de una moratoria, “también como consecuencia de una mayor producción, y del combate a la evasión por parte de la AFIP”.
Acerca de las previsiones para el 2002, Pistorio explicó que “nos vamos a basar en la recaudación real percibida por el PAMI en el 2001, del orden de los 2150 millones de pesos”.
Pistorio recibió ayer en la sede del PAMI a un grupo de diputados, concejales y empleados que tomaron pacíficamente el edificio. Entre ellos estaban Alfredo Villalba, del Frente para el Cambio, María América González, del Frepaso, Cristina Guevara, de la UCR y del ARI Héctor Polino y Alfredo Bravo. Pistorio les dijo, palabras más, palabras menos, que tenían razón en sus reclamos respecto del funcionamiento de la obra social, pero que el dinero no estaría disponible. Al cierre de esta edición, Villalba y otros compañeros de bloque que comparten la preocupación por la situación de la obra social se quedaron en el recinto a la espera de que el Poder Ejecutivo gire 160 millones de pesos aprobados por el Congreso que el Palacio de Hacienda aún no giró al Instituto, que mantiene en una cornisa a 3,5 millones de afiliados con escasas atenciones de emergencia y médicos de cabecera que, sólo en casos de buena voluntad, aceptan escribir las recetas de los medicamentos. “Ellos dicen que quieren cumplir con el déficit cero, pero este dinero es de los jubilados y pensionados, no pagan porque quieren liquidar el PAMI y desregular el sistema de Salud, entregando un negocio multimillonario a empresas privadas”, sostuvo el diputado Villalba.

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