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Por Claudio Scaletta
 A mediados de noviembre, el
Gobierno aplicó un nuevo ajuste extraordinario sobre el Presupuesto
2001: podó partidas por un total de 1700 millones de pesos. Para
ello recurrió a una simple decisión administrativa de la
Jefatura de Gabinete. Entre las áreas más afectados se encuentran
los ministerios de Salud y Educación. La decisión que desfinancia
entidades, programas y subprogramas vitales para el funcionamiento del
Estado motivó la presentación de un proyecto de ley para
evitar que el Poder Ejecutivo violente las facultades del Legislativo
vinculadas al monto y destino de las partidas presupuestarias.
Página/12 tuvo acceso a las 1061 planillas que figuran en el anexo
de la decisión administrativa 228/2001 que lleva la firma del jefe
de Gabinete, Chrystian Colombo. En ellas, se llegan a sumar recortes por
1700 millones de pesos. Y aunque las podas de partidas promedian el 10
por ciento, los porcentajes se disparan cuando se trata de las áreas
de Educación y Salud.
En el Ministerio de Educación, donde se producen los recortes más
significativos, se limitaron en un 32 por ciento los fondos del programa
de Formación Docente (55 millones) y 37 por ciento es Acciones
en Escuelas Prioritarias (14 millones). En el caso de las universidades
nacionales, la poda alcanzó 126 millones, de los cuales 21 corresponden
a la Universidad de Buenos Aires.
En el Ministerio de Salud, el Programa de Lucha contra el Sida y Enfermedades
de Transmisión Sexual se recortó en 10 millones. Esto, a
pesar que los casos de sida sigan en aumento –en el país hay
122 mil portadores y 21 mil enfermos– y la epidemia este lejos de
ser controlada. La tijera también pasó por el Programa de
Atención de la Madre y el Niño, que perdió recursos
por más de 6 millones. Y estos son sólo algunos ejemplos.
En la órbita del Ministerio de Economía se recortó
el Programa de Atención de Inundaciones, aunque sólo en
un 10 por ciento. La poda fue más intensa en el Programa Social
Agropecuario, 4,5 millones equivalentes a 61,6 por ciento del presupuesto
anual. En la Secretaría de la Pyme, en tanto, se recortó
el 28 por ciento, 5,6 millones. La restricción más fuerte,
de casi el 60 por ciento, se produjo en la Secretaría de Agricultura,
donde el programa de Formulación de Políticas del Sector
Primario, que involucra a entidades como el INTA y el Senasa, el recorte
fue de 98,2 millones.
En Justicia y Derechos Humanos, las “actividades centrales”,
que tenían un presupuesto de casi 16 millones, se redujeron en
9,8 millones, el 61,5 por ciento.
En el ámbito de Presidencia se recortó en más del
10 por ciento –5 millones de pesos– el programa de Desarrollo
y Acción Cultural, el que incluía partidas, entre otras
entidades, para el Instituto del Teatro, la Biblioteca Nacional y el Teatro
Cervantes.
Según pudo confirmar este diario, el grueso del recorte de 1700
millones ya se produjo. La resolución firmada por Colombo, antes
que limitar el giro de partidas de aquí a fin de año, legitimó
los recortes que ya se produjeron de facto. Como puede concluirse de los
ejemplos expuestos, el grueso de las reducciones no se produjeron precisamente
en el “gasto de la política”.
Según evaluaron un grupo de diputados de Argentinos por una República
de Iguales (ARI), encabezados por el socialista democrático Jorge
Rivas, la magnitud de los recortes en partidas sensibles para el funcionamiento
del Estado, excedería las facultades del ejecutivo en materia de
ejecución presupuestaria al alterar el espíritu del legislador.
Máxime cuando se trata de recortes “cuya exclusiva finalidad
es la de cumplir el pago de los servicios de la deuda externa”, según
se detalla en un proyecto de ley que será presentado en la Cámara
baja. El objetivo del proyecto es,precisamente, limitar las posibilidades
del Poder Ejecutivo en materia de alteración del Presupuesto.
El artículo 19 de la Ley de Presupuesto permite al jefe de Gabinete
hacer modificaciones en las partidas presupuestarias sin atenerse al contenido
del artículo 37 de la Ley de Administración Financiera,
el que sostiene que las modificaciones en el monto total del Presupuesto
corresponden al Congreso Nacional. El proyecto de ley impulsado por los
legisladores del ARI busca vincular estos dos artículos para que
el manejo de los fondos públicos tenga un control legislativo más
efectivo.
Adicionalmente, el proyecto limita al 10 por ciento el margen de variación
que sobre las partidas puede ejercer la Jefatura de Gabinete.
INFORME
SOBRE EL IMPACTO DEL AJUSTE EN PROVINCIAS
El déficit cero es insaciable
Los estados provinciales deberán
ajustar 2272 millones de pesos, pero no para lograr el déficit
cero, sino para mantener en 2002 un déficit de 1780 millones. Además,
el efecto total neto del ajuste, lo que se ahorran en pago de intereses
de deuda versus el ajuste del 13 por ciento, supone una merma de recursos
de 1053 millones que afecta a 19 de los 24 distritos (ayer firmaron el
acuerdo las tres provincias que faltaban). A su vez, la eliminación
del déficit en 2002 representaría una contracción
de las erogaciones provinciales en ese año en un 12,3 por ciento,
lo que equivale a un ajuste de 4052 millones de pesos. Es decir que el
logro del déficit cero implica más que duplicar las metas
de reducción del gasto acordadas con el FMI para el año
en curso (-1780).
Estos resultados surgen de un trabajo del Instituto de Estudios y Formación
de la Central de Trabajadores Argentinos que evalúa los resultados
del reciente acuerdo Nación-provincias y que lleva la firma del
economista Claudio Lozano.
El trabajo destaca que no alcanza con medir el impacto del último
acuerdo sobre los recursos provinciales, sino que es necesario observar
la capacidad fiscal global: “Si bien Formosa, Jujuy, Misiones y Entre
Ríos salen bien paradas por el efecto positivo que sobre sus recursos
tiene el último acuerdo”, es decir en términos de perdida
de fondos sobre la recaudación tributaria incluido el ahorro por
menor tasa de interés, “al inducirlas al déficit cero
se las coloca en el centro del ajuste y de la crisis”. En otras palabras,
deben reducir su gasto primario en 17,9; 18,4; 13,7 y 16,1 por ciento
respectivamente.
“A su vez, dos distritos claves como Córdoba y la provincia
de Buenos Aires se ubican en la zona crítica”, ya que deben
ajustar 12,6 por ciento la primera y 18,3 la segunda, Mientras “Santa
Fe, si bien está debajo del promedio, debe realizar un ajuste del
10 por ciento”. En este análisis son sólo dos los distritos
que, aunque ven fuertemente reducidos sus superávit, no deberán
producir ajustes. Se trata de San Luis y la Ciudad de Buenos Aires.
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