Por Victoria Ginzberg

Jean Ives Claudet escapó de Chile después del golpe militar del 11 de setiembre de 1973. Luego de una estadía en Francia se estableció en Argentina, donde el 1º de noviembre de 1975 fue víctima de las garras del Cóndor. Ese día fue secuestrado en el Hotel Liberty de Buenos Aires. Dagmar Hagelin fue baleada por la espalda el 27 de enero de 1977 en El Palomar y fue llevada casi sin vida a la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Los secuestradores de ambos jóvenes están libres pero tribunales de Francia y Suecia pidieron que sean encarcelados. Desde París, el juez Roger Le Loire ordenó la detención del coronel retirado José Osvaldo “Balita” Riveiro y en Estocolmo el juez Claes Djurberg decidió reclamar el arresto del ex marino Alfredo Astiz.
La solicitud de detención de Riveiro fue emitida en Francia el 29 de octubre pasado y llegó a Buenos Aires el 12 de noviembre. El fiscal Carlos Stornelli ya se pronunció a favor de la captura y ahora tiene que resolver el nuevo juez federal Sergio Torres.
En diciembre de 1974, Riveiro fue destinado al batallón de Inteligencia 601 en calidad de oficial del Estado Mayor. A fines de diciembre pasó a cumplir funciones en el Batallón de Inteligencia 144 de Mendoza. Estos datos surgen de su declaración ante la jueza María Servini de Cubría, quien lo interrogó en la causa en la que se investiga el asesinato del general chileno Carlos Prats en Buenos Aires. Como oficial de inteligencia, Riveiro habría sido el contacto del agente chileno Enrique Lautaro Arancibia Clavel, hombre de la policía secreta pinochetista en Argentina y condenado el año pasado por su participación en el crimen de Prats.
Al fallar contra Arancibia, el Tribunal Oral Federal número 6 consideró que el agente era miembro de la asociación ilícita que formaba la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA) y de la que participaban el dictador Augusto Pinochet, Manuel Contreras Sepúlveda, Pedro Octavio Espinoza Bravo, Raúl y Jorge Iturriaga Neumann y José Zara Holger. Los jefes de la policía secreta de Chile –incluidos el dictador y Arancibia– también están acusados en París por la desaparición de Claudet.
Entre los memos que Arancibia intercambió con sus jefes en Chile al menos desde el año 1975, en pleno funcionamiento de la Operación Cóndor, hay menciones específicas al químico franco chileno desaparecido en Buenos Aires. “Mantuve una reunión con Rawson en la que me informó lo siguiente: último procedimiento cayó un correo de la JCR aparentemente de apellido Claudet. Consideramos que es bastante importante”, dice una comunicación fechada el 17 de noviembre de 1975. Otra, de quince días después, señala que “con Rawson mantengo contacto por lo menos dos veces por semana”. Rawson no sería otro que “Balita” Riveiro. En los mismos memos Arancibia figura como Luis Felipe Alemparte.
Después de su paso por Mendoza, Riveiro fue destinado a Bahía Blanca y luego tuvo una misión afuera del país: lideró la misión de argentinos que, con acuerdo del gobierno norteamericano de Ronald Reagan, asesoraron y entrenaron a quienes combatían al gobierno sandinista de Nicaragua. En mayo de 1999 Página/12 reveló que “Balita” estaba contratado por el Ministerio de Defensa de Jorge Domínguez en el Instituto de Ayuda Financiera para Pagos de Retiros y Pensiones Militares.
“El juez Torres debería detener a Riveiro y luego Francia tendría un plazo de cuarenta días para presentar la extradición”, aseguró a este diario la abogada francesa Sophie Thonon. La representante de la familia Claudet viajará a Buenos Aires para entrevistarse con Torres junto con los abogados Horacio Méndez Carreras y Rodolfo Yanzón.
Mientras Le Loire trata en París de encarcelar a Riveiro y la plana mayor de la DINA –solicitudes de arresto fueron enviadas a Chile el 25 de octubre–, Suecia intentará extraditar a Astiz, que ya fue reclamado por Italia y condenado en ausencia en Francia. Ayer, en una audiencia a puerta cerrada, el juez Djurberg aceptó el planteo del fiscal y decidió ordenar el arresto de Astiz por el asesinato de Dagmar Hagelin. En los próximos días se emitirá la orden de captura. El padre de la víctima, Ragnar Hagelin, expresó desde Estocolmo que se sentía “muy contento por este paso gigante hacia adelante de Suecia que por primera vez en su historia tomó una decisión semejante”.
Astiz estuvo preso este año desde el 1º de julio al 14 de agosto. La jueza María Servini de Cubría lo puso tras las rejas por pedido de la Justicia italiana que lo investiga por los asesinatos de Juan y Susana Pegoraro y Angela María Aietta. En ese momento, Francia también reiteró su solicitud de extradición contra el represor. Pero el gobierno argentino defendió el principio de territorialidad y rechazó las solicitudes europeas, aunque presentó la denuncia para que Astiz sea investigado en el país por los hechos de los que se lo acusaban en Roma.
En Argentina, Astiz fue acusado por el caso Hagelin pero en 1986, la Cámara Federal dio el delito por prescripto aunque consideró acreditada la responsabilidad del secuestrador. El expediente fue cerrado luego por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final pero en 1995, después de la confesión de Adolfo Scilingo, el abogado y diputado electo Luis Zamora pidió la reapertura de la causa. En diciembre del año pasado, el representante de la familia Hagelin en Argentina solicitó en un recurso extraordinario a la Corte Suprema la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y la continuidad de la investigación.

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